söndag 25 mars 2012

¡ASESINADO! Uno de los 30 presos políticos asesinados en julio 2001 es llevado en
bolsa negra al furgón de Medicina Forense desde la cárcel La Modelo en Bogota.
FOTO: Dick E.



Testimonio de la hija de Arcesio Lemus, prisionero
político asesinado por el Estado colombiano

Los presos políticos son torturados y condenados a muerte de facto, por negación de asistencia médica



Por Rpasur-RECALCO

AQUÍ NO ESTAMOS TODOS, AQUÍ FALTAN NUESTROS PRESOS", testimonio de la hija de Arcesio Lemus, prisionero político asesinado durante su encarcelamiento por negación de asistencia médica por parte del establecimiento colombiano como forma de castigo y tortura habitual del maltrato institucional que esta población reclusa recibe. Las infrahumanas condiciones de encarcelamiento a las que son sometidos los prisioneros, hacen de las cárceles de Colombia verdaderos recintos de tortura y vejación, con resultado frecuente de fallecimiento, en particular aplicación de la pena de muerte por parte del Estado contra la disidencia prisionera. Se estiman entre 8000 y 9500 los presos y presas polític@s en Colombia, según se denunció en el foro 'Colombia entre Rejas': la tortura es denunciada como sistemática. En el Foro "Colombia entre Rejas" los familiares de las y los prisioneros políticos lo dijeron alto y claro: "No hay duda, no hay espera; hay que actuar presionando desde el principio"

VIDEO TESTIMONIO:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N9t7Z2tv3oA




"En los últimos quince años, hemos vivido con mi familia una historia de destierros y encierros. Mi padre, Arcesio Lemus, desde muy niño, tuvo que soportar las inclemencias de la violencia partidista en Colombia. Y, al contrario de volverle un ser rencoroso, lo llenó de amor por las causas populares. Así se hizo líder campesino, líder de trabajadores informales, líder comunitario, y un referente del trabajo revolucionario en el norte del Tolima. Ese tipo de cosas no las perdona el Estado. Así que en la década de los 90 mi padre tuvo que desterrarse de Líbano, Tolima, para salvaguardar su vida y la de nuestra familia.

Pero la cosa se puso peor. Mi madre fue víctima de un montaje judicial, que la tuvo dos años tras las rejas. Yo, tal vez, tuve la mejor parte, porque solamente fui conducida a una correccional de menores cuando tenía 15 años, pero tuve la suerte de que mi rendimiento académico se convirtió en el argumento para que me devolvieran a la libertad, bajo custodia de personas de noble corazón que tuvieron a bien brindarnos su apoyo en ese difícil momento.

Fueron dos años de presión para que mi papá se entregara, que no le dejaron más opción que la clandestinidad y, en identidad con sus ideales, por la insurgencia. Desde entonces se incorporó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde se desempeñaba como salubrista del Frente Bolcheviques del Líbano. ¡Vaya paradoja! Mi papá salvó decenas de vidas, trajo otras tantas al mundo, cuidó de la salud de insurgentes, pero también de campesinos y de todo aquel que lo necesitara en la zona. Y, sin embargo, mi papá murió por una negligencia médica.

En noviembre de 2005 mi papá fue detenido por el Ejército. Desde entonces, empezó el calvario del encierro. Su espíritu revolucionario se tornó más intenso. Como siempre, era el primero en levantarse y el último en acostarse. Promovía grupos de estudio, brigadas de limpieza, jornadas de actividad física, y un sinnúmero de actividades que lograron posicionarlo como un referente en cada uno de los patios de las cárceles donde estuvo prisionero. Eso tampoco lo perdona el Estado.

Son innumerables las solicitudes de trabajo, de talleres, de actividades para desarrollar al interior de la cárcel y nunca fueron atendidas. Lo único que logró fue su traslado de un patio a otro y de la Cárcel de Picaleña, que permitía a nuestra familia estar un poco más cerca, a la cárcel de La Dorada (Caldas). Allí mi padre comenzó a enfermar. A la edad de 65 años empezó a tener intensos dolores de cabeza y mareos. Una vez más, los directivos penitenciarios de Doña Juana en La Dorada (Caldas), se llenaron de solicitudes de mi padre, en donde les exigía su derecho elemental a la salud. Nunca fueron atendidas por el INPEC.

Mi padre empezó a sufrir desmayos que tampoco fueron atendidos por el INPEC. Sus compañeros de cautiverio hicieron huelgas y motines, hasta que lograron que lo sacaran a "la unidad de sanidad" (como llaman en las cárceles), donde lo aislaron. Tan pronto supimos la familia empezamos a llamar a solicitar información sobre su estado de salud, y nos decían que mi papá tenía depresión.

¿Depresión? Un hombre que fue ejemplo de dignidad y para quien su tarea principal era la libertad, no la suya, sino la del pueblo, no tenía tiempo para deprimirse. Empezamos a gestionar visitas de organismos de derechos humanos, el ingreso de los abogados del Comité de Solidaridad, y de la abogada que llevaba el caso de mi papá, a apelar por lo menos al más mínimo sentido de humanidad de los guardias, pero nada funcionó. Un día cualquiera, mi papá fue remitido, en grave estado de salud, nuevamente a la cárcel de Picaleña, pero no lo hacían para permitir el acercamiento familiar, como lo veníamos solicitando dos años antes. Tampoco lo hacían por su estado de salud. Simplemente lo enviaron en revisión ordinaria, como para deshacerse del problema.

En la cárcel de Picaleña, al encontrarlo en tan delicado estado de salud, fue remitido al Hospital Federico Lleras Acosta, donde recibió una atención deshumanizada y humillante, como suelen recibir la mayoría de presos colombianos que se enferman. Sin atender la delicada situación de mi papá, fue devuelto a la cárcel, con la prescripción de observación permanente en la unidad de sanidad. Al día siguiente, logramos una visita de diez minutos para ver a mi padre, y lo encontramos con un golpe terrible en la cabeza, bañado en sangre y en una situación peor. "Fue que se cayó", fue lo que nos dijeron en el INPEC.

De manera desesperada empezamos a rogar que lo llevaran de nuevo a un centro médico. Mi padre ya no podía hablar tan siquiera, llevaba casi quince días vomitando, no controlaba esfínteres, había perdido peso de manera alarmante y, por si fuera poco, se agregaba un trauma craneoencefálico que nunca se supo cómo sucedió dentro de la cárcel. Nada de eso fue suficiente para que los directivos del INPEC atendieran su salud. Dos días después, con toda la presión hecha pero cuando prácticamente no quedaba nada que hacer, mi papá fue remitido de nuevo a una institución hospitalaria en estado de coma. Allí le encontraron un tumor en su cerebro. Estuvo 22 días en cuidados intensivos, hasta que el 29 de junio del año 2010, mi papá falleció.

Quiero compartir esta historia con ustedes para demostrar el tamaño de la ignominia que viven los presos colombianos, y especialmente, los presos políticos, contra quienes pareciera existir una política de Estado, que somete sus derechos, su dignidad y su vida a todo tipo de atropellos, como una suerte de sanción política extra-judicial, pero también lo quiero hacer para plantear una reflexión mucho más allá de la casuística, aprovechando la instalación de esta Comisión de Observación Internacional.

En las cárceles colombianas, y en general en el sistema penitenciario colombiano, no existe la más mínima noción de salud, y menos aún, una política sanitaria. No sólo entendida la salud como la ausencia de enfermedad o la atención a las enfermedades de los presos cuando éstas ocurren, sino entendida como las condiciones básicas de calidad de vida para los internos. Las cárceles son sitios insalubres, caldos de cultivo de enfermedades infecto-contagiosas; no cuentan con condiciones de saneamiento básico; no existe un seguimiento a los regímenes nutricionales; el hacinamiento es crítico; los problemas de salud mental, de enfermos crónicos, de salud pública que padecen muchos internos no son tratados de manera adecuada en las condiciones particulares que ello exige. Al contrario, son sometidos ellos y los otros, que gozan por lo menos de ausencia de enfermedad, a convivir en espacios comunes que agudizan y tensionan la situación sanitaria aún más.

Pero hay una cuestión que me genera particular inquietud: el INPEC paga a CAPREPOC, la EPS que atiende la salud de los internos, aproximadamente 27 mil pesos mensuales por cada preso. Es decir, alrededor de dos mil seiscientos millones de pesos, mes a mes, y casi 32 mil millones de pesos al año. ¿En qué se invierte ese dinero, si las condiciones de sanidad de las cárceles son absolutamente precarias? ¿Cuánto dinero de ese se invierte en atender la salud de los internos, si pasan años para que sea aceptada una solicitud de revisión médica, de exámenes, de tratamiento por parte de los internos? ¿A dónde va a parar ese dinero si en las cárceles no existe la más mínima medida de promoción y prevención de la salud y, menos aún, políticas sanitarias?

Ruego a la Comisión de Observación que esta situación sea tenida en cuenta con particular prioridad y énfasis. El derecho a la salud es fundamental por su conexidad con la vida y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado colombiano y el INPEC como directos responsables de la integridad de las personas recluidas en las cárceles colombianas.

Ruego a la Comisión de Observación presionar a la institucionalidad internacional de la salud en el mundo, para que sus ojos sean volcados sobre esta grave situación en las cárceles colombianas.

Pero, especialmente, ruego a la Comisión de Observación hacer seguimiento y monitoreo a la situación de salud de los y las presas políticas, pues, como advertí párrafos atrás, parece existir una política extra-judicial de sanción que aprovecha afecciones de salud para mancillar su dignidad y su vida.

A los y las familiares, con quienes comparto la angustia, la solidaridad, el amor y el compromiso por nuestros prisioneros y prisioneras, no me queda más que decirles que debemos estar atentos a cualquier asomo de enfermedad en ellos. No hay duda, no hay espera. Hay que actuar presionando desde el principio. Pero también invitarlos a organizarnos. Estamos en condiciones de construir una red de trabajo más fuertes para acompañarlos, apoyarlos, y seguir luchando por los derechos de nuestros familiares prisioneros y prisioneras políticas en Colombia. Porque aquí no estamos todos. Aquí faltan nuestros presos."


lördag 24 mars 2012

555 presos políticos colombianos en su quinto día de huelga de hambre




555 presos políticos colombianos en su quinto día de huelga de hambre



-La Fundación Lazos de Dignidad comunica a la opinión nacional e internacional que:

1. El 22 de marzo de 2012, los prisioneros políticos en la Penitenciaria de Palo Gordo Girón – Santander, mediante comunicado público informaron que daban por terminada las actividades de protesta de huelga de hambre, al tiempo que reiteraron la denuncia por las violaciones a los derechos humanos a las que son sometidos. (leer texto comunicado enhttp://www.traspasalosmuros.net/node/741).

2. Hoy 23 de marzo, a las 11:29 p.m., el prisionero político LEONARDO CHAUX, recluido en el patio 1B en la Penitenciaria de la Dorada - Caldas, cumple 63 en horas en huelga de hambre sin que se conozca su estado de salud.

3. Del mismo modo, las prisioneras políticas SANDRA PATRICIA TORRES, ELENA PATRICIA MUÑOZ Y CAMILA, en la Reclusión de Mujeres El Pedregal de Medellín, mantienen en huelga de hambre, cumpliendo 41 horas sin ingerir alimentos y padeciendo el aislamiento por parte del INPEC como forma de castigo por ejercer su derecho a la protesta pacifica.

4. El prisionero y las prisioneras políticas en mención se encuentra ejerciendo su derecho a la protesta pacifica en el marco de la JORNADA NACIONAL DE HUELGA DE HAMBRE iniciada por 555 prisioneros desde el 20 de marzo en diferentes reclusiones del país, en exigencia de la aprobación de la visita humanitaria de la Comisión Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos y de las y los Prisioneros Políticos en Colombia, anunciada por las Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz.

DENUNCIAMOS

El aislamiento y la incomunicación a la que están siendo sometidas las prisioneras políticas son acciones violatorias a sus derechos fundamentales , ejecutadas en retaliación del legitimo derecho a la protesta pacifica consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política y cobijado por la sentencia T -571 de 2008 de la Corte Constitucional colombiana.

Preocupa a nuestra fundación el estado de salud y la seguridad del prisionero y las prisioneras en huelga de hambre, por lo que responsabilizamos al estado colombiano de cualquier violación a los derechos a la vida y a la integridad personal que se cometan contara ellos.

PETICIONES

1. Reiteramos a la dirección de la Reclusión de Mujeres EL Pedregal la solicitud de devolver a las prisioneras políticas SANDRA PATRICIA TORRES, ELENA PATRICIA MUÑOZ Y CAMILA a sus respectivos patios, permitirles comunicarse con el exterior y ofrecerles la atención medica debida.

2. Solicitamos a la Penitenciaria de la Dorada Caldas, informar sobre el estado de salud del prisionero político LEONARDO CHAUX y permitirle comunicación inmediata con el mundo exterior.

3. Reiteramos la solicitud al Gobierno Nacional de resolver la justa petición de las y los prisioneros políticas que han desarrollado la JORNADA NACIONAL DE HUELGA DE HAMBRE y conceder la VISITA HUMANITARIA de la Comisión Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos y de las y los Prisioneros Políticos en Colombia.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que mantengan su solidaridad con el y las prisioneras que aun continúan en HUELGA DE HAMBRE, a fin de prevenir vulneraciones a sus derechos fundamentales.

Colombia, Marzo 23 de 2012.

La lucha social no es un delito, es un paso hacia la libertad!!!
Prisionerxs Políticxs a la Calle!!!

www.traspasalosmuros.net 




fredag 23 mars 2012

La confrontación armada en Colombia se intensifica

Cuando la guerrilla golpea a las FF.MM. y algunas unidades de sus
500.000 hombres, armados hasta los dientes, hablan los medios oficiales que la
guerrilla "asesina". Pero cuando las mismas FF.MM., después de dos meses de
trabajo de inteligencia, toman la decisión de bombardear a un campamento guerrillero
a las 00:30 de la madrugada cuando los guerrilleros estan dormidos, matando a 33
guerrilleros, pues se saluda y se celebra en los medios y los clubes de los oficiales
de alto rango en Bogota y el señor Juan Manuel Santos se muestra sonriendo.
¡Vaya hipocresía! Pero así es el militarismo histórico de la oligarquía colombiana.





¿Parálisis en las Fuerzas Militares de Colombia?

Por Joaquín Pérez *

Joaquín Pérez
Semana tras semana columnistas y debatólogos se 'queman las pestañas" tratando de sembrar la idea de que las fuerzas militares no operan porque están desmoralizadas sin fuero militar a expensas de las ONGs de la guerrilla.
Faltan a la verdad estos parlantes de la ultraderecha colombiana.
Golpes tácticos a la insurgencia de cuando en cuando velozmente elevados a la misma potencia, mostrados como estratégicos, nos indican que la confrontación esta viva.
Que los resultados no son los presupuestados es un asunto totalmente diferente a decir que están 'desmotivados' 'desmoralizados porque no tienen un fuero militar con licencia para matar impunemente.
En el periodo de Uribe Santos como MinDefensa y ahora como presidente actúa a tono, con algunas peculiaridades, sutiles si se quiere pero siempre en contra de los intereses populares.
Los bombardeos previamente precedidos de inteligencia tecnológica, de infiltrados y de cuanta marrulla algún resultado dan.
Ojo, táctico más no estratégico.
No hay que olvidar que la guerrilla colombiana no nació ayer, su acumulado histórico y dialéctico es grande.


Guerrilleros hoy pero víctimas ayer por un estado terrorista que los empujó a
empuñar las armas en defensa a la misma vida. FOTO: DICK EMANUELSSON

Su vuelta a la guerra de guerrillas es un dolor de cabeza para el señor Pinzón.
Podemos afirmar, el que de papaya lo joden bombardeándolo con toneladas de explosivos.
Como se podrán dar cuenta el Ejército sigue haciendo su labor encomendada por los poderosos de Colombia: velar por sus intereses.
Desmoralizados, pura carreta mediática.
* Preso Político y de Conciencia

torsdag 22 mars 2012

El espionaje del DAS-G3 en España

LAS TAREAS DEL DAS-G3 en el continente europeo, según el mismo organismo de inteligencia criminal.



Colombia, esa llaga de América que no cierra…

Por Dick Emanuelsson e Ingrid Storgen

Video: ASI FUE EL ESPIONAJE DEL DAS&URIBE EN ESPAÑA.
Entrevista a Enrique Santiago: https://vimeo.com/39034215

2ª parte de la entrevista al abogado español, ENRIQUE SANTIAGO que habla sobre el espionaje de la policía política secreta de la presidencia colombiana en España, los montajes a Remedios García Albert y Leyla Ordóñez, una colombiana exiliada hace diez años en Madrid. Relata que España, bajo la administración neofranquista Rajoy esta convirtiéndose en una salvavidas de ex funcionarios Uribistas implicado en el espionaje a la oposición colombiana y la corrupción mafiosa.

1) Entrevista (VIDEO) a ENRIQUE SANTIAGO, abogado español, asesor de la “Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios”
VIDEO (18 min.): https://vimeo.com/38712887
2) Escribe el preso político JOAQUÍN PÉREZ BECERRA desde las mazmorras de la cárcel La Picota: “La cárcel no es un instrumento de la justicia, es en realidad instrumento del poder”
http://anncolprov.blogspot.com/2012/03/escribe-el-preso-politico-joaquin-perez.html
3) Texto completo de la entrevista en RCN Radio a CARLOS A. LOZANO GUILLÉN, director de VOZ y de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, en la mañana del lunes 19 de marzo del presente año. http://anncolprov.blogspot.com/2012/03/carlos-lozano-guillen-hay-peligro-de.html
4) Carta Pública del abogado ATHEMAY STERLING: “Angelino agrede la Democracia al negar existencia de presos Políticos” http://anncolprov.blogspot.com/2012/03/carta-publica-del-abogado-athemay.html

MADRID / 2012-03-22 / Hablar del problema colombiano es retrotraerse, forzadamente, a muchas décadas atrás y fuimos observando que, con el correr del tiempo, jamás hubo administraciones capaces de resolverlo con apenas la mínima voluntad política que el caso exige.
Persecución a luchadores, desplazados, masacrados, prisioneros políticos y sociales, son algunos de los temas que tanto preocupan y que en vez de ir resolviéndose, se van exacerbando.
Uno de los artífices de esa exacerbación, sin lugar a dudas, ha sido el gobierno del ex presidente Uribe, hombre vinculado al narcoparamilitarismo, quien además de perseguir denodadamente al pueblo que se opone a tanto escarnio, no tuvo mejor ocurrencia que la de crear una Red de Informantes –Sapos- bajo el rótulo “Cien mil amigos de Colombia en el mundo”.

Así fue parte del terror estatal en contra el periodista
Hollman Morris por parte del DAS-G3.

La persecución en contra el reportero sueco Dick Emanuelsson. 



EN ESA INICIATIVA COMENZÓ LA PERSECUCIÓN de colombianos en el exterior, así como de militantes nacionales de derechos humanos que se mostraran preocupados por la problemática que afecta al pueblo hermano. Las embajadas colombianas son el refugio y sostén del aparato represor en el extranjero y muchos han sido los compañeros sindicados como guerrilleros o vínculos de las organizaciones armadas. Hombres y mujeres sobre las cuales habría de caer todo el rigor “ejemplificador” de lo que no “debería” hacerse. Dicho de otra manera, el pretexto radica en ahogar los lazos de solidaridad internacionalista.

Uribe y su aparato del terror, conocido como el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad y su aparato ilegal de “G3”, comenzó una feroz persecución contra compañeros también en España que fueron acusados de ser apoyos de las FARC. Tal el caso de Remedios García Albert y Leyla Ordóñez.
Remedios García no tuvo relación con el conflicto colombiano hasta el año 2000, cuando se organizó una gira conjunta del gobierno de Pastrana y una comisión de las Farc, acompañados por empresarios, industriales y otros actores colombianos.

Remedios García Albert.

ESA GIRA SE EXTENDIÓ POR VARIOS PAÍSES de Europa. Remedios era responsable técnica de la ONG OSPAAL (Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina) cuando se organizó un seminario en la Universidad de Alcalá de Nares. Tuvieron reuniones con las delegaciones y ella siguió trabajando por la búsqueda de la paz con otras organizaciones en asuntos relacionados con el conflicto, así como con anterioridad lo había hecho en asuntos relacionados con los conflictos palestino, sahariano, y en la década del ’80 en los conflictos en Centroamérica.
Siguió manteniendo una relación con las partes y luego de la Operación militar en Sucumbíos, donde se produjo la muerte del Comandante Raúl Reyes, un mes después de los sucesos, Remedios recibió una solicitud de detención en la que se la señalaba por integración de las organizaciones “terroristas”. Fue detenida por la policía española, le incautaron todo tipo de información sobre el conflicto, pero 24 horas después de estos hechos se convencieron que Remedios fue víctima de un montaje, ya que no existían pruebas como para poder inculparla.
Ante esta realidad la fianza que debía ser abonada, según la fiscalía, de 20 mil euros, fue rebajada a 12 mil. Un año después, Remedios, fue nuevamente acusada por otro juez y en una causa donde se trató de relacionar vínculos entre el gobierno venezolano, las FARC y la ETA, en Venezuela. La detención se ejecuta culpando a Remedios de ser el nexo entre esos tres actores.
El abogado español, Enrique Santiago.

EL NUEVO PROCESAMIENTO REAVIVÓ el proceso de criminalización y difamación en la triangulación FARC, ETA, Venezuela. Si bien la fiscalía presentó pseudos testigos, luego quedó descubierto que éstos no gozaban de la mínima credibilidad y el propio juez se vio obligado a levantar las acusaciones.
Testigos que se presentaron como venezolanos, acusando a Remedios de ser el nexo mencionado, terminaron diciendo “fue un error, somos colombianos”
Otro testigo declaró ser taxista venezolano y haber sido llamado para realizar un servicio en el que recogió a miembros de ETA y de FARC, cuando salían de un campamento guerrillero (¡SIC!). Pero este hombre también confesó ser colombiano y no venezolano.
También cayó la máscara de un tercero que aseguraba ser quien impartía cursos en programas de encriptación informática. Todas las acusaciones debieron ser levantadas, pero Remedios terminó siendo acusada de mantener correspondencia con Raúl Reyes, según los ordenadores encontrados en el lugar del bombardeo, en Ecuador.

EL EX CONGRESISTA COMUNISTA Wilson Borja exigió que todos los materiales del ordenador de Reyes, fueran nulos, ya que no se respetó la cadena de custodia de los materiales, tal como correspondía. La Corte de Bogota así lo interpretó, igual como la Corte Suprema de Justicia. Todas las causas se fundamentan en esos ordenadores, por lo cual se pidió a la autoridad colombiana que informe sobre la autenticidad de los mismos, pero la respuesta jamás llegó. La autoridad española realizó solicitud de asistencia pero tampoco llegó.
Todo dejó claro que, hasta el momento, no existen pruebas de los vínculos que le atribuyeron a la mujer. Los ordenadores son cuestionables y la propia justicia así lo designó, ya que estaban manipulados con información no veraz, al igual que los señalamientos contra la ex presa Liliany Obando que acaba de salir de la cárcel después tres años de haber sido acusado sin juicio.


LOS USB, LOS DISCOS EXTERNOS y demás implementos, todos “sobrevivientes” de la descarga de 50 bombas de media tonelada cada una, extrañamente, resultaron ilesos y eso que según técnicos informáticos, cualquier dispositivo resulta seriamente dañado a temperaturas de más de 100 grados. No fue este el caso, ninguno resultó afectado por el efecto del calor, la metralla, la onda expansiva.
Tampoco hubo cadena de custodia, típico montaje judicial como el realizado contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, o Liliany Obando. Las autoridades colombianas aprovechan toda operación militar contra las FARC para presentar cualquier material que posteriormente admita a personas dentro del marco de supuestos vínculos con la guerrilla.
Estamos seguros que habrá otros, ya que parece que aparecieron nuevos elementos “ilesos” aparecidos luego de la operación contra el Mono Jojoy, pero las organizaciones internacionales están echando por tierra dichos elementos. De hecho, sabido es, que se trata de criminalizar a todos los círculos de solidaridad con el pueblo colombiano.
En un caso similar a los anteriores, Leyla Ordóñez, refugiada política desde hace 10 años, fue detenida en 2011 y fue otro caso emblemático. Atribuyeron a la luchadora, la organización de una operación terrorista y se deduce que siendo activista reconocida en su lucha contra el TLC y activista contra el Plan genocida, será también vinculada a la guerrilla.
La ex directora del DAS, Maria Pilar de Hurtado, hace el juramiento ante su patrón, el ex presidente
Álvaro Uribe Vélez que es el máximo jefe de los criminales del DAS que no actuaron como rueda suelta
sino bajo las ordenes de su jefe, tanto en Colombia xomo en el continente europeo.

EN ESPAÑA, FRANCIA, BÉLGICA, Alemania, Países Nórdicos, se infiltraron organizaciones solidarias con Colombia. Sus miembros fueron víctimas de seguimientos, utilizando para ello a informantes pagos que lograron penetrar el centro de las organizaciones.
Todo en el marco de operaciones psicológicas como fue en su momento la persecución contra este reportero y corresponsal en América Latina (Dick Emanuelsson) y Hollman Morris, es que se ejecutaron operaciones de des acreditación contra ambos, por ser profesionales abocados al periodismo serio. Y denunciantes de la realidad tal como se desarrolla.
El abogado español, Enrique Santiago, es muy puntual al dar datos sobre la oficina de agentes del DAS y la Red de Informantes, existentes en Bélgica así como en España. Gracias a ello fue posible realizar todo tipo de manipulaciones contra los organismos de DD.HH. y colombianos y colombianas exiliados.


MONTAJES de videos y fotos, como en el fotomontaje del ex
periodista de Telesur, Freddy Muñoz, colocando su cabeza en el cuerpo
de un fornido guerrillero y presentarlo como "experto en explosivos
del Frente 41 de las FARC", es parte de la guerra psiocológica para
"neutralizar" la oposición política tanto en Colombia como en
el exterior.
LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Colombiano, agrega, cometieron infinidad de ilícitos en Europa y lo hicieron con un cinismo inaudito. Fueron recibidas por gobiernos de derecha y de izquierda y mediante su ubicación dentro de los márgenes del terrorismo, crearon el sustrato necesario para ejecutar la guerra sucia que tiene dos partes, reforzada durante el gobierno de Uribe y actualmente en el de su sucesor, Juan Manuel Santos.
Así fue como muchos militares sobre los que pesaban duras acusaciones, fueron enviados a España, quedando alejados del conflicto a la vez que se les brindó la posibilidad de recibir adiestramiento, quedando sustraídos de su problema y de la justicia. Por otra parte esto sirve como para profundizar la persecución contra los miembros de organizaciones de DD.HH en Europa.

EL ESTABLECIMIENTO DE ESAS OFICINAS colombianas, en el viejo continente, resulta por demás inadmisible. Ellos lograron saber quien es cada colombiano. En España, por ejemplo, la autoridad policial española no queda exenta de complicidad, mucho menos sabiendo que a los que persiguen son exiliados.
German Villalba, sub director del DAS, que está ahora mismo procesado por la justicia en el escándalo de la “Chuzada”, hacía los seguimientos y campañas de intoxicación contra los dirigentes políticos. El seguimiento comenzaba ni bien pisaban Madrid y se aprovechaba su estancia para intoxicar lo que realizaban estas personas.





Salud Hernández Mora.
También se encuentra implicada la periodista española Salud Hernández Mora, reportera para el diario de la extrema derecha española El Mundo y columnista en el diario de la familia presidencial Santista El Tiempo. Es vinculada al para-militarismo y aprovecha sus relaciones en los medios para acusar a todo colombiano en el exterior en solidaridad con su pueblo.


A TRAVÉS DE LA INFILTRACIÓN de agentes ex profesos que llegaban de Colombia, se actuó desde la oficina de la Red de Sapos&DAS en España contra los colombianos residentes en España.
Otra de las actividades sucias es la elaboración de datos desde los lugares donde lograban infiltrarse. Incluso alcanzaron la posibilidad de interceptar comunicaciones de correos electrónicos y teléfonos, hecho por demás llamativo, ya que en todos los casos la autoridad colombiana tarda mucho en responder cuando se la interroga sobre esos espionajes.
Nadie puede desconocer que hubo colaboración de la fiscalía española para el DAS, convirtiéndose en el principal brazo ejecutor de las operaciones que se solicitan desde Colombia, papel por demás lamentable es el de ese país.
La fiscalía española se opuso a que se investiguen los espionajes altamente comprobados, no sólo contra refugiados colombianos sino también contra españoles.

LA POLICIA ES OTRA DE LAS estructuras que dejan mucho que desear, ya que no aportó datos a la jueza que se declaro competente contra todos estos hechos, ni realizó investigaciones sobre lo que hacía el DAS. De todos modos, no podemos extrañarnos ya que estos modus operando son típicos del sistema capitalista que se muestra riguroso, implacable, con los débiles y permisivo, por demás, con los poderosos.
Gran parte de Europa está contaminada con personajes nefastos. Salud Hernández Mora fue desenmascarada como escritora fantasma del jefe paramilitar Carlos Castaño y Ernesto Yamhure, Primer Secretario de la embajada colombiana en Estocolmo, también fue amigo personal y asesor político de Castaño y brindó el mismo apoyo que su socia. Y estamos hablando nada más, ni nada menos, que de un tétrico personaje, causante de extremas violaciones a los DD.HH. en Colombia.

LA PROPIA ORGANIZACIÓN DE LAS Naciones Unidas fue quien aceptó que el 80% de las agresiones a esos derechos son cometidas por el aparato militar, sin embargo nadie va contra ellos, en éste, ni en el anterior gobierno colombiano. Y no sólo eso, lo más trágico es que España colabore con ese aparato, convirtiéndose en los grandes valedores de Uribe y de Santos, en detrimento de las personas refugiadas.
Nadie estaría errado si declara que España se convirtió en una sucursal de Miami, tal como demostró al recibir como exiliados a hombres que no lo son, como supuestamente Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz del gobierno de Uribe.
Como si fuera poca vergüenza, Uribe, comparece en los medios para recibir premios otorgados por el gobierno de Madrid.
Está contaminada España, además, tras la llegada el 16 de febrero de de Obdulio Gaviria, mano derecha de Uribe y sindicado de ser el autor intelectual del grupo “DAS-G3”, invitado, como dijo Gaviria a este reportero (D.E.) por el Partido Popular, partido del gobierno, “a su congreso”.

tisdag 20 mars 2012

Prisioneros/as políticos/as se declaran en Jornada Nacional de Huelga de Hambre


COMUNICADO PÚBLICO:

Prisioneros/as políticos/as se declaran enJornada Nacional de Huelga de Hambre



La Fundación Lazos de Dignidad COMUNICA a la Comunidad Nacional e Internacional que Colectivos de Prisioneras y Prisioneros Políticos en 11 reclusiones colombianas nos han informado que a partir del día 20 de marzo de 2012 iniciaran JORNADA NACIONAL DE HUELGA DE HAMBRE para exigir al gobierno colombiano aprobar el ingreso de la Comisión Internacional de Observación de la Situación de Derechos Humanos y de las Prisioneras y Prisioneros Políticos en Colombia.

HECHOS

1.       El día de hoy, marzo 19 de 2012, recibimos comunicados mediante los cuales los Colectivos de Prisioneras y Prisioneros Políticos en la Penitenciaria de Alta Seguridad “La Tramacúa” de Valledupar (Cesar), Penitenciaria de Alta Seguridad de Combita (Boyacá), Penitenciaria de Mediana Seguridad El Barne (Boyacá), Penitenciaria de Alta Seguridad de La Dorada (Caldas), Penitenciaria de Alta Seguridad de Palo Gordo (Santander), Cárcel Villa Inés de Apartadó (Antioquia), Cárcel de Quibdó (Chocó), Penitenciaria de Girardot (Cundinamarca), ERON Picota (Bogotá), Penitenciaria Picota (Bogotá) y Reclusión de Mujeres el Buen Pastor de Bogotá, nos informaron que a partir del día 20 de marzo de 2012 iniciaran una JORNADA NACIONAL DE HUELGA DE HAMBRE, la cual también será acompañada de por presos sociales.

2.       La JORNADA NACIONAL DE HUELGA DE HAMBRE tiene como finalidadRECHAZAR rotundamente el pronunciamiento hecho por el gobierno nacional en cabeza del Ministro de Justicia (Juan Carlos Esguerra) mediante el cual niega la existencia de prisioneros políticos, y EXIGIR al gobierno y las autoridades penitenciarias permitir la ejecución de la visita de verificación de la Comisión Internacional de Observación anunciada por las Mujeres Gestoras del Mundo por la Paz desde el pasado 26 de febrero de 2012, y la cual había sido autorizada por el ministro.

3.       Los Colectivos de Prisioneras y Prisioneros Políticos exhortan a Colombianos y Colombianas por la Paz, Sectores Sociales y Populares, ONG de Derechos Humanos,  Sindicatos,  Movimiento Estudiantil, entre otras expresiones sociales, para que brinden acompañamiento en este justo reclamo y abran espacios de discusión sobre el delito político en Colombia.

RESPALDAMOS LA PETICIÓN Y SOLICITAMOS GARANTÍAS

Respaldamos la justa petición de los Colectivos de Prisioneras y Prisioneros Políticos y solicitamos a las autoridades penitenciarias ofrecer las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica de las y los prisioneros, en cumplimiento al artículo 37º de la Constitución Política de Colombia y de la Sentencia T-571 de 2008 de la Corte Constitucional Colombiana.

Solicitamos al gobierno nacional resolver favorablemente la petición de las y los prisioneros y permitir la acción humanitaria de verificación de la situación de derechos humanos y de las y los prisioneros políticos en las cárceles colombianas.Adjuntamos los pronunciamiento de los distintos colectivos de prisioneros politicos que se han sumado a la jornada nacional.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD



Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional y organizaciones solidarias para que ejerzan observación al desarrollo de la JORNADA NACIONAL DE HUELGA DE HAMBRE, a fin de prevenir vulneraciones a los derechos fundamentales de los huelguistas.

Solicitamos apoyar la petición de las y los prisioneros y emitir sus pronunciamientos de respaldo dirigidos a las siguientes autoridades colombianas:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax: (+57 1) 566.20.71
E-mail: fsantos@presidencia.gov.co
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
Teléfonos (57 1) 444 2120 - 444 2122
Fax: (57 1) 596 0651
E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co
Twitter: @angelino_garzon
JUAN CARLOS ESGUERRA
Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
e-mail: ministro@minjusticia.gov.co, reclamos@mij.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820
GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA
Director Nacional del INPEC
PBX (57) 2347474 / 2347262/3382316
Calle 26 No. 27-48 - Bogotá, D.C., Colombia
E- mail: direccion@inpec.gov.co, reclamos@inpec.gov.co
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Fax: (+571) 3429723 - 2847949 Fax: (+571) 3429723
Carrera 5 #. 15-80 - Bogotá, D.C., Colombia
E-mail: cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co;webmaster@procuraduria.gov.co
WOLMAR ANTONIO PÉREZ ORTIZ
Defensor Nacional del Pueblo
Fax: (+571) 640.04.91
Calle 55 # 10-32, Bogotá.
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com; agenda@agenda.gov.co
Colombia, Marzo 19 de 2012.

måndag 19 mars 2012

Colombia: ¿Hay presos políticos y en que condiciones sobreviven?




Colombia: ¿Hay presos políticos y en que condiciones sobreviven?

Santos rechaza visitas a los presos guerrilleros como condición para que las FARC liberen diez militares capturados en combate

Por Dick Emanuelsson e Ingrid Storgen (revisión y transcripción)


1) Entrevista a ENRIQUE SANTIAGO, abogado español, asesor de la “Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios”
VIDEO (18 min.): https://vimeo.com/38712887
2) Escribe el preso político JOAQUÍN PÉREZ BECERRA desde las mazmorras de la cárcel La Picota: “La cárcel no es un instrumento de la justicia, es en realidad instrumento del poder”
3) Texto completo de la entrevista en RCN Radio a CARLOS A. LOZANO GUILLÉN, director de VOZ y de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, en la mañana del lunes 19 de marzo del presente año. http://anncolprov.blogspot.com/2012/03/carlos-lozano-guillen-hay-peligro-de.html
4) Carta Pública del abogado ATHEMAY STERLING: “Angelino agrede la Democracia al negar existencia de presos Políticos” http://anncolprov.blogspot.com/2012/03/carta-publica-del-abogado-athemay.html

“Se pretende invisibilizar el problema, no hablar de esta realidad y no hablar de las difíciles condiciones de reclusión que padecen estas personas”, dice el abogado español Enrique Santiago que acaba de visitar las cárceles de Colombia. Convoca a la comunidad internacional para que visibilice las infrahumanas condiciones en que se encuentran los presos políticos y en especial los presos guerrilleros en las cárceles colombianas.

MADRID / 2012-03-18 / La guerrilla de las FARC propuso, como condición para liberar a diez oficiales militares y policías, se otorgue a Mujeres del Mundo por Paz, permiso para realizar una visita humanitaria a los prisioneros políticos y de guerra en los centros penitenciarios de Colombia.
El régimen de Juan Manuel Santos, en su total falta de voluntad para encontrar un camino que lleve a la paz, ni siquiera reconoce que existen más de 7500 presos políticos y nuevamente baja la cortina cerrando paso a un acuerdo mínimo sobre los prisioneros y su situación.
El panorama por un avance, aunque fuera un paso pequeño, que llevara hacia una apertura de paz en Colombia, se volvió de nuevo oscuro. La guerrilla de las FARC ha presentado varias nuevas propuestas para avanzar en la negociación, anunciando la inminente liberación de todos los prisioneros de guerra en su poder.
El gobierno de Santos, haciendo un peligroso como inhumano juego perverso, salió a decir que la guerrilla debe dar “más muestras de interés por la paz”, lo que se interpretaría como un llamado a la capitulación absoluta.


EL ANUNCIO GUERRILLERO DE ENTREGAR los últimos diez prisioneros de guerra en su poder, con la única exigencia que algunos de los 1000 guerrilleros en prisiones estatales pudieran recibir la visita de la organización Mujeres del Mundo por la Paz, liderada por la ex senadora liberal Piedad Córdoba, no cayó bien en la casa presidencial de Bogotá.
– Confío en que el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos permitirá la visita a guerrilleros presos”, sostuvo primero en su cuenta en Twitter y agregó; “creemos que estamos en la capacidad de insistir en la posibilidad de las visitas a las cárceles”.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el pasado 6 de marzo, en sendas cartas dirigidas a la ex senadora Piedad Córdoba y a varios congresistas, expresó su decisión de remitir al despacho del presidente Juan Manuel Santos la solicitud  para que se autorice el ingreso de la “Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios” a diferentes penales del país.
Es más, en la comunicación el ministro se mostró “sorprendido con los últimos pronunciamientos públicos en el sentido de que tales visitas tendrían como  objetivo a los 'presos y presas políticos, de guerra y de conciencia' -que, como dije, no existen en Colombia- y de que la Comisión de Mujeres tendría la misión de 'mediar', sin que el Gobierno la hubiera autorizado para ello”.
Es decir, pretextos administrativos para dilatar e impedir la aplicación de los derechos de los presos políticos.

EL ARGUMENTO DE QUE NO EXISTAN PERSONAS en esa situación, viene de la posición del régimen colombiano que niega la existencia de un conflicto social y armado pese a su medio siglo de existencia. El sábado pasado, el mismo día que el régimen rechazaba la petición de las mujeres, liderada por Piedad Córdoba, fueron abatidos 13 militares  de las Fuerzas Especiales de la Contraguerrilla del Ejército en el departamento de Arauca.

El diario El Tiempo busca causas por los militares profesionales abatidos por la guerrilla.

Fue un golpe contundente por parte de las FARC que sólo es uno entre una cantidad innumerable de combates entre el ejército y la guerrilla en los últimos meses. Según el coronel que dirigía la tropa, fue un combate con fusiles y no en un campo minado o con bombas guerrilleras en donde fueron neutralizados los profesionales militares.
El golpe militar guerrillero confirma la intensidad del conflicto armado pero el régimen no da señales de voluntad para llegar a un arreglo político con la guerrilla. Esta ha resistido el reforzamiento de las fuerzas militares que han crecido, aún durante el Plan Colombia de la última década y que hoy cuenta con 500.000 militares en pie de guerra contra una guerrilla que logra recomponerse y reforzarse pese a la ayuda extranjera con que cuenta el estado, principalmente de Estados Unidos e Israel que aportaron aviones y equipamiento de inteligencia a las FF.MM. colombianas.

EN ESA GUERRA, COMO EN TODAS, muchas veces han sido capturados en combate militares y policías que el estado denomina “secuestrados o rehenes de la insurgencia”, dando muestras de la pretensión de invisibilizar el verdadero problema allí existente. Cuando la guerrilla intenta un diálogo de negociación, solicitando el permiso para que la Comisión de Mujeres pueda visitar a los presos guerrilleros en las cárceles colombianas, ése le es denegado utilizando el falso argumento de que “en Colombia no hay presos políticos”.
El reconocido abogado español, asesor de la “Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios”, Enrique Santiago, acaba de regresar de un viaje a Colombia donde visitó la cárcel de alta seguridad de la ciudad de Jamundi en el departamento del Valle. Allí pudo constatar las condiciones infrahumanas que padecen los presos políticos y los presos de guerra y los sociales.
A continuación parte de la extensa entrevista al doctor Enrique Santiago sobre el caso carcelario colombiano:

Abogado Enrique Santiago.

Dick Emanuelsson (DE): Acabas de regresar de Colombia donde estuviste con una delegación internacional. Acompañaste al congresista Iván Cepeda y entraron a la cárcel para ver la situación en que se viven, no sólo los presos políticos, sino todos. ¿Qué puedes decirnos de eso?
Enrique Santiago (ES): El cambio implementado en el sistema penitenciario colombiano durante el anterior gobierno de Uribe fundamentalmente ha consistido en recortar aún más los derechos que deberían tener los presos, tanto sean presos comunes como los más de 8000 presos políticos de los cuales apenas 1000 son prisioneros de guerra. El resto de presos  políticos  no son personas que hayan intervenido en el conflicto armado sino que son víctimas de montajes judiciales, militantes sociales, de organizaciones de mujeres, sindicales, comunales, estudiantiles.
Lo primero que hay que decir es que la firma de los acuerdos de colaboración entre la Autoridad Penitenciaria Colombiana -INPEC- y el Buró Federal Penitenciario de los Estados Unidos, ha supuesto un endurecimiento de las condiciones de reclusión y de las condiciones que tienen que soportar no sólo los reclusos sino sus familiares. Se han construido cárceles de alta seguridad, denominados ERON (establecimientos de reclusión de orden nacional), con tantos y tan graves defectos estructurales y tan altos costes, que indica que han sido obras que se utilizaron para desviar recursos públicos del estado.

Dos Santos y un Uribe, responsables por un sistema carcelario que los organismos de
derechos humanos caracteriza como sádico e infrahumano.

Llama la atención por ejemplo, la cárcel de alta seguridad que yo visité, la de Jamundí, en el Valle, que fue inaugurada hace apenas un año y medio, las propias autoridades de la cárcel hablaban de veintisiete defectos estructurales que en muchos casos no son menores. Por ejemplo, en el denominado módulo uno que es el de los sindicados y es el más grande de la prisión, las duchas se construyeron sin desagüe. Ello provocaba que la gente no se pudiera duchar, la humedad excesiva provocaba, entre otras cosas, hongos en el cuerpo. Recibimos denuncias de  que eso fue la excusa durante mucho tiempo para que aún con las altas temperaturas, a la gente no se le permitiera ducharse.
La propia directora de la cárcel nos seguía hablando de las veintisiete fallas estructurales, eso ha sido lo que evidenciaba que la política de seguridad democrática fuera utilizada también, como muchas cosas en Colombia, para que los socios, amigos y funcionarios amigos de Uribe desviaran del patrimonio público todos los recursos que pudieran o más.
Al margen de esto en Colombia hay una gravísima situación que pasa desapercibida y es que de hecho existe la prisión perpetua, porque la reforma del sistema penitenciario realizada en el período de Uribe permite el cumplimiento efectivo de penas de hasta 60 años, lo cual equivale a  una cadena perpetua, pena prohibida por la legislación internacional por ser una pena inhumana, cruel, despiadada.

Presos de la cárcel de alta seguridad en Jamundí.
DE: Es la misma queja que realizan los familiares y organismos de derechos humanos no sólo allí sino también aquí, en España, con el caso de los etarras.
ES: Claro, aquí también en el caso de ETA, en determinadas actuaciones, la condena puede llegar a ser, en delitos con múltiples resultados de muerte,  de 40 años, que es una exageración de condena, y que hasta hoy, afortunadamente, han sido casos contados los que se han aplicado esas penas tan altas y degradantes, inhumanas. De hecho una persona que se ha condenado con 20 años no va a salir nunca de la cárcel en el caso de aplicarle un cumplimiento de  60 años de condena, o  incluso mucho menos. Es una condena a muerte en vida, no una medida de resocialización.
Pero al margen de eso hay un tratamiento diferencial y de negación de derechos principalmente para los prisioneros políticos, estas prisiones obligatoriamente tienen que tener un reglamento por el cual se sancionen comportamientos contrarios a las normas de convivencia, pero en este caso no son conocidos ni por los internos ni por los abogados. Se vulnera el principio de legalidad que obliga a que cualquier norma de aplicación sea conocida por los destinatarios. Esto a su vez posibilita cualquier tipo de arbitrariedades, por ejemplo, a la hora de repartir los útiles de higiene personal o de alimentación hay un trato diferenciado entre los prisioneros de índole común y los políticos. Incluso dentro de los prisioneros comunes hay diferencia en función a la actitud de colaboración o no con la autoridad penitenciaria.
Pudimos constatar la existencia de castigos que son claramente castigos inhumanos, crueles o degradantes,  torturas, módulos de reclusión donde apenas cabe el interno sentado en cubículos estrechos donde es imposible dar un solo paso y donde permanecen en aislamiento hasta dos meses por infracciones de índole administrativo. Como en un caso que pudimos comprobar por llevar la contra a la directora de la prisión una interna fue enviada a esta situación por dos meses.

La cárcel de alta seguridad en Jamundí, copiado del sistema estadounidense.

En cuanto al contacto bis a bis de los internos entre sí o con sus familiares la restricción efectiva; o el traslado de hombres y mujeres juntos cuando está terminantemente prohibido; o la reducción de tiempo de las visitas, la dificultad para acceder a estos permisos, así como es de notar el especial maltrato y humillación  para con las visitas familiares o con los hijos menores de edad.
Los niños son sometidos a todo tipo de controles en las entradas, incluso muchas veces padecen hasta maltrato físico, de forma tal que hasta los propios menores están renunciando a asistir a las visitas por la humillación a la que son sometidos.
Todo esto hay que sumarlo a los problemas que suceden a las fallas estructurales, por ejemplo las celdas sin ventanas, al carecer de cristales cuando llueve se les inundan las celdas, se llenan de alimañas, la caza de las culebras es un entretenimiento habitual con los peligros que ello entraña.
La crueldad  es norma en las prisiones donde no se aplican medidas de remisión de condena por trabajo, o donde se niega al interno la posibilidad de estudiar, conforme a programas para resocialización de las conductas. El sistema carcelario se convierte en un mero mecanismo punitivo, de castigo, que no busca sino la reducción hasta la servidumbre o la anulación de la persona del interno.

Los niños son objetos por abusos en las visitas de sus padres/madres.

DE: Se supo recientemente de la muerte de dos miembros de la guerrilla, por falta de atención médica.
ES: Responde a la negación sistemática de asistencia a la salud de los presos políticos y no solamente de ellos. Cuando llegamos a la cárcel la directora nos iba a enseñar la enfermería, pero se equivocó y nos enseñó un almacén. Parecía que ella no conocía donde estaba la enfermería.
La prisión de Jamundí tiene alrededor de 4000 presos y presas, que la directora no sepa donde está la enfermería es increíble, pero explica, por ejemplo, que cuando llegamos a la enfermería lo único que había eran tres camillas sin instrumental, ni médicos ni enfermeros. Nos reconocieron que tenían serios problemas de falta de plantilla.
Se da el caso de enfermos incurables, por ejemplo con distintos cánceres, que carecen de atención cuando en otras partes del mundo eso sería motivo para que se adopte una medida de libertad condicional. En Colombia no es así, se les niega hasta la asistencia sanitaria y cuando logran acceder a esa atención la queja recurrente es que se les niegan informes de los resultados de las pruebas médicas. Con lo cual ellos no tienen conocimiento de lo que realmente necesitan.
Todos los presos nos indicaron esa negación de informes, lo cual imposibilita además que busquen ayuda entre sus familiares.

DE: ¿En la prensa colombiana eso se refleja, se informa de estas situaciones?

ES: No, la prensa directamente invisibiliza estas cuestiones y estamos en momentos en que las FARC han venido liberando unilateralmente a la practica  totalidad de los prisioneros de guerra en su poder, como medida de intercambio humanitario sin contrapartida, lo que acredita una voluntad de paz.
No sólo han liberado a los prisioneros que tenían en su poder, militares, policías, miembros de las FF.MM ahora acaban de anunciar la liberación incondicional de todos los prisioneros y sin embargo no hay una correspondencia por parte del estado, se pretende invisibilizar este problema. Se trata de no hablar de la situación de los reclusos.
Esto pone de manifiesto que la comunidad internacional tiene que hacer un esfuerzo para conseguir hacer visible este problema en Colombia. Que se conozca la situación de los presos políticos, la situación de las cárceles y muy especialmente la situación de los prisioneros de guerra en poder del estado.
De acuerdo a la Tercera Convención de Ginebra los miembros de las FARC o el ELN apresados en combate, vestidos con sus uniforme, respondiendo a una cadena de mando,  no hay discusión jurídica posible que deben tener un trato especifico como prisioneros de guerra, diferenciado al de los presos comunes. Es más, no deberían estar siquiera en las prisiones sino en establecimientos ex profeso para prisioneros de guerra.
Pero al menos, aunque esto no se cumpla, que la comunidad internacional conozca lo que padecen estas personas por negación de sus derechos humanos básicos, No hay correspondencia por parte del estado colombiano a las medidas de la insurgencia de liberación de los prisioneros de guerra en su poder. El estado colombiano esta siendo incapaz de actuar con reciprocidad, liberando presos políticos y/o de guerra,  o al menos mejorando sus condiciones de reclusión y permitiéndoles disfrutar de algunos del los derechos básicos de cualquier persona privada de libertad por cualquier estado, como el derecho al estudio o a la atención sanitaria. Pretenden no hablar de la situación de los prisioneros políticos y de guerra en las cárceles de Colombia, invisibilizarla, obviando que Colombia es el único país del mundo con un conflicto armado interno reconocido en su legislación, que se niega a reconocer la existencia de prisioneros de guerra, hechos en el conflicto, y  en poder del  estado.


DE: Esa fue la respuesta que dio también el ministro del interior, al decir que en Colombia no hay presos políticos.
ES: En el Foro por los Presos Políticos se constituyó una comisión internacional de verificación de la situación de los presos políticos. Esta comisión está compuesta por las mujeres ilustres que han venido realizando el intercambio epistolar entre Colombianos y Colombianas por la Paz, las FARC y el ELN respecto a la finalización del conflicto, y las posibles medidas de humanización del conflicto incluida la liberación de los prisioneros de guerra en poder de la insurgencia.
El argumento que dio a estas mujeres, el Ministerio de Justicia, era que consideraban que en Colombia no había presos políticos, y menos de guerra, porque no había. Sin mayor argumentación.
Una semana después se anuncia, en supuestas declaraciones de la senadora Piedad Córdoba, una excusa vil para negar el retiro de todas las autorizaciones para realizar la visita a los prisioneros. Con esto queda visible que se vuelve a negar la realidad del conflicto que vive el país.
Como si todo este juego perverso fuera poco, hemos tenido conocimiento de la existencia de una huelga de hambre de los internos en la cárcel de La Picota, como demanda de mejores tratos en su cautiverio.
Enrique Santiago.
Por mucho que la autoridad colombiana quiera tapar la realidad, el problema existe, va a ser llevado a la comunidad internacional para que sea conciente de la negación de los derechos humanos que padecen los reclusos en las cárceles colombianas.
Se trata de exigir que las autoridades cumplan la legislación internacional, no es más ni menos que lo que les corresponde. El conflicto social y armado en Colombia existe, no se puede permitir que se lo omita y mucho menos que se lo minimice.