ANNCOL

tisdag 14 juni 2011

Defensores Colombianos de Derechos Humanos Siguen Sufriendo Amenazas, Ataques, Acoso y Escuchas Ilegales Bajo el Gobierno de Santos en Colombia

Pese a bienvenidas promesas en la mejora de los derechos humanos por parte de la administración de Santos, que asumió el cargo en agosto del 2010, defensores de derechos humanos en Colombia continúan sufriendo amenazas, ataques, acoso, entradas forzadas a sus casa y oficinas, y escuchas ilegales. Dos incidentes recientes que involucran a líderes de defensores de los derechos humanos ilustran cuán peligrosa es la situación.

El 10 de mayo, Kimberly Ann Stanton, ciudadana de Estados Unidos y esposa del abogado de derechos humanos, Rafael Barrios del Consejo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y ex subdirectora de la Washington Office on Latin America (WOLA) recibió en su teléfono móvil una grabación de una conversación privada que tuvo con Barrios, mientras se encontraban en el auto proveído para la protección del Sr. Barrios por el programa de protección del gobierno colombiano. El mensaje de voz fue precedido por numerosas llamadas a su teléfono desde un teléfono móvil en Turbo, Antioquia. Una vez recibida la queja, la oficina del Fiscal General encontró un micrófono después de examinar el automóvil.

El 7 de abril, CCAJAR había devuelto algunas de las medidas de protección provistas por el gobierno, aquellas administradas por la agencia de inteligencia DAS, ya que de acuerdo con el Sr. Barrios “habíamos descubierto que el programa de protección para CCAJAR estaba siendo usado en contra nuestra”. Sin embargo, CCAJAR mantuvo el plan de protección provisto por el Ministerio de Justicia, incluyendo el automóvil que el Sr Barrios estaba utilizando para su protección, donde fue encontrado el micrófono.

Este evento tiene lugar en un contexto muy tenso debido al trabajo que CCAJAR lleva a cabo en la actualidad. Por un lado, los abogados de CCAJAR representan víctimas ante las cortes nacionales en el caso contra agentes del DAS por vigilar ilegalmente a civiles, incluyendo a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. Por otra parte, CCAJAR también representa a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por altos oficiales militares. Hace apenas unas semanas, se emitió una sentencia condenando al General Arias Cabrales a 35 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas, todas representadas por CCAJAR, en el caso del Palacio de Justicia.

Esa misma semana, individuos forzaron la entrada de la casa de Danilo Rueda, destacado defensor de los derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), su computadora fue manipulada y dos USBs fueron robados. Los USBS contenían información sensible relacionada al caso Operación Génesis, una operación conjunta de militares y paramilitares realizada en el Chocó en 1996-7 y cuyas víctimas de descendencia africana son representadas por CIJP en una demanda contra el retirado General Rito Alejo del Rio.

El Sr. Rueda y otros miembros del equipo de CIJP son víctimas del caso de escuchas ilegales del DAS. Este robo es el más reciente en una preocupante serie de incidentes de seguridad.

En abril, el personal de CIJP viajaba por Bogotá en autos blindados provistos por el programa de protección del gobierno cuando fueron seguidos por unos individuos sospechosos. El auto que llevaba a cuatro hombres siguió al Sr. Rueda hasta su hogar y se detuvo frente al apartamento del Sr. Rueda, donde uno de los hombres tocó el timbre. Al no haber respuesta se marcharon. El 1 de abril, Gisela Cañas, una abogada de CIJP, recibió un mensaje de texto con la siguiente amenaza de muerte: “Escucha Gisela perra sangrienta…sabemos dónde te encuentras y te vamos a matar por estar defendiendo cosas tontas. Tienes 48 horas para salir del país.”

Justicia y Paz, una organización religiosa, provee acompañamiento legal y físico a comunidades de descendencia afrocolombiana, indígenas, campesinos, y desplazados y víctimas en varias regiones de conflicto de Colombia, incluyendo el Chocó, Valle del Cauca, Sucre y Putumayo. La entrada forzada a la casa del Sr. Rueda y más recientemente a la oficina de Justicia y Paz en Curvaradó indican que tanto el Sr. Rueda como el personal corren peligro.

Nos unimos a estos defensores de derechos humanos y sus organizaciones en el llamado al gobierno colombiano a: prontamente investigar y castigar estas amenazas, robos, entradas y escuchas ilegales; a mejorar las medidas de protección tal como lo solicitaron los grupos afectados; y a poner un final de una vez y por todas a las escuchas ilegales. La administración de Santos no sólo debe promover el lenguaje de los derechos humanos sino tomar medidas efectivas para garantizar el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, lo cual es esencial para garantizar la libertad de expresión y una sociedad democrática. Junto con el gobierno estadounidense, le damos la bienvenida al mejorado discurso de derechos humanos adoptado por el Presidente Santos, pero el gobierno de Estados Unidos debe insistir en que la investigación y castigo de estos casos, el fortalecimiento de programas de protección, y la descontinuación de las acciones de inteligencia ilegales sean efectivos y produzcan resultados concretos.

Para mas información contacte a:

Gimena Sánchez-Garzoli, Washington Office on Latin America, (202) 546-7070, cell (202) 489-1702, gsanchez@wola.org

Lisa Haugaard, Latin America Working Group, lisah@lawg.org

Viviana Krsticevic, Center for Justice and International Law, vkrsticevic@cejil.org

Abigail Poe, Center for International Policy, abigail@ciponline.org

Trasladan arbitrariamente a prisioneros políticos sindicados

Foto: Dick E.

por Fundación Lazos de Dignidad

La Fundación Lazos de Dignidad denuncia ante la comunidad nacional e internacional las arbitrariedades y excesos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) contra los prisioneros políticos en Colombia, en esta oportunidad dirigida hacia los prisioneros políticos Leydy Sarmiento y Jeisson Murillo Pachón.

La Fundación Lazos de Dignidad denuncia ante la comunidad nacional e internacional las arbitrariedades y excesos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) contra los prisioneros políticos en Colombia, en esta oportunidad dirigida hacia los prisioneros políticos Leydy Sarmiento y Jeisson Murillo Pachón de acuerdo a los siguientes hechos:

1. El jueves 2 de junio de 2011, como consecuencia de los pronunciamientos públicos del ministro del Interior y Justicia Germán Vargas Lleras, en los que afirmó “que existía un paro carcelario”, ese ministerio, por medio del Inpec, resolvió de manera arbitraria y violatoria trasladar desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá y Cómbita en Boyacá a los prisioneros políticos Leydy Sarmiento y Jeisson Murillo Pachón a las cárceles de Cúcuta y Valledupar respectivamente.

2. Cabe resaltar que los prisioneros políticos Leydy Sarmiento y Jeisson Murillo Pachón se encuentran en calidad de sindicados. Sus procesos se encuentran en la ciudad de Bogotá, con audiencias en próximos días, situación esta que despoja al Inpec de su facultad discrecional de los traslados.

3. La prisionera política Leydy Sarmiento fue trasladad a la cárcel ERON de la ciudad de Cúcuta, donde es mantenida en un calabozo de aislamiento, siendo incomunicada por espacio de cinco días, alejándola de su núcleo familiar e impidiendo la continuidad de su tratamiento de salud el cual estaba siendo suministrado en la cárcel del Buen Pastor de la ciudad de Bogotá.

4. El prisionero político Jeisson Murillo Pachón, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar “La Tramacáa”, alejándolo de su familia, de su proceso penal y de la posibilidad de continuar con sus estudios superiores, sin contar que la cárcel de destino no cumple con la condiciones mínimas de reclusión y sanidad, tal como lo ha reconocido el mismo ministro del Interior.

Rechazamos

Los traslados de los prisioneros políticos Leydy Sarmiento y Jeisson Murillo Pachón como forma de castigo y retaliación del Inpec por las constantes denuncias y solicitud de exigibilidad de sus derechos.

El tratamiento indigno a los han sido sometidos los prisioneros políticos Leydy Sarmiento y Jeisson Murillo Pachón en sus nuevos sitios de reclusión.

La ruptura de la unidad familiar de los prisioneros políticos Leydy Sarmiento y Jeisson Murillo Pachón, producida con los traslados arbitrarios.

Exigimos

Al ministro del Interior y de Justicia cesar de inmediato los señalamientos y las represalias contra los prisioneros políticos Leydy Sarmiento y Jeisson Murillo Pachón y consecuentemente rectifique la información dada a los medios de comunicación.

Al Inpec, que de manera inmediata cese con la arbitrariedad y violación de derechos y proceda de inmediato a retornar a la ciudad de Bogotá a los prisioneros políticos Leydy Sarmiento y Jeisson Murillo Pachón.

Llamado a la solidaridad

Solicitamos a las organizaciones solidarias nacionales e internacionales emitir sus pronunciamientos de rechazo a las agresiones adelantadas por el Inpec y el estado colombiano, de las que están siendo víctimas los prisioneros políticos en Colombia, en especial Leydy Sarmiento y Jeisson Murillo Pachón.

La lucha social no es un delito… ¡es un paso hacia la libertad!

¡Presos políticos a la calle!

El diálogo es la ruta: Un decálogo de razones para encontrarse por la paz de Colombia

Por César Jerez, Agencia Prensa Rural

De enero a mayo de este año murieron 167 miembros de la fuerza pública, 108 de ellos militares y 59 policías. En el 2010, 460 militares y policías murieron en combates con las guerrillas en Colombia. . .

1. Una mujer negra, desplazada, reiteradamente victimizada, aborda un autobús, quiere llegar a su casa de barrio popular de Medellín, después de una larga jornada de reclamos de tierra y de justicia. Un sicario, su sicario, se sube también al transporte y se sienta justo detrás de ella, no la conoce y no le importa, le han pagado para matar. El vehículo inicia su atropellada marcha, las balas no se escuchan mientras se descargan, la gente no entiende, alguien grita – la mataron-, nadie entiende nada. La brisa fresca de la ciudad se mete por la ventana rota por el plomo , mientras que la vida se le escapa a Ana Fabricia por los agujeros de la muerte.

2. Quince hombres sentados, intercambian noticias y recuerdos familiares mientras comen, están armados, uniformados, son policías. La vereda donde están se llama El Mango, en las montañas de Argelia, Cauca. El puesto policial está ubicado entre las viviendas civiles del caserío, no está adecuado para recibir un ataque, ellos lo saben. Los guerrilleros que se acercan también. Están tensos y mojados por el sudor de la marcha y el peso de las municiones y los fusiles de asalto. Tienen una misión, un objetivo para emparejar las cifras de la guerra. Una granada que ahuyenta el silencio representa la última cena de cuatro de los policías, otros 10 quedan heridos. Se inicia uno de los más recientes combates de esta guerra cotidiana. La lluvia y el cielo ennegrecido indica a los policías que nadie vendrá desde el aire en su ayuda. El pueblito atemorizado se refugia debajo de las camas. La suerte está echada, hasta el final de las balas.

3. El Río Tamar es un bello río de montaña, nace en la serranía de San Lucas, sus aguas fuertes, corrientosas, llenan de vida a los campesinos que aún quedan en esta zona del nordeste antioqueño. La guerra y la desatención oficial han ido acorralando y sacando de su tierra a esta gente. Por los caminos los colonos no van solos, son 20 los muertos a manos del ejército por estos lares desde el primer mandato de Uribe. Por estos días hasta acá llegó el miedo de nuevo y se instaló en las cabezas y los estómagos de los pobladores. La fuerte presencia guerrillera en la parte alta, la llegada de un ejército “invisible” y los constantes sobrevuelos auguran guerra. La primera bomba cayó sobre Caño Dorada a eso de las 11 de la noche del último día de Mayo, su potencia estremeció todas las veredas, todas las fincas y todas las casas campesinas. Era tan grande la bomba y su estruendo que el ruido posterior de los helicópteros y sus ametralladoras descargándose sobre la selva parecía un ronquido insignificante. La segunda dosis de bombas cayó del cielo el tres de Junio a la misma hora. Desde entonces, cada vez que se escucha el ruido lejano de los aviones en medio de la noche, desde Puerto Nuevo Ité hasta Ojos Claros, sus habitantes callan y levantan la mirada esperando el momento, entonces el silencio del miedo se hace mucho más grande que el ruido de las aguas del Tamar, estrellándose contra sus rocas.

4. Un Juzgado Promiscuo de Montelíbano (Córdoba) acogió el acervo probatorio presentado por la Fiscalía y sentenció a 31 años y seis meses de prisión a un oficial, a un suboficial y a cinco soldados profesionales del ejército colombiano, por el asesinato de tres campesinos en el también municipio cordobés de Puerto Libertador. El 20 de junio de 2008 en el corregimiento Juan José, tropas del batallón Rafael Uribe Uribe reportaron la muerte de Héctor Espinosa Moreno, Hernán Espinosa Rodríguez y Edison Alzate Pulgarín, durante un supuesto combate con el frente 18 de las Farc, e informaron sobre la incautación de tres revólveres, dos granadas de fragmentación y uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares. Un sobreviviente al ataque declaró ante un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH, que los militares mediante engaños los llevaron al lugar de los hechos, donde les dispararon y luego vistieron los cuerpos con trajes camuflados. Los militares fueron halladas responsables del delito de homicidio en persona protegida, pero no están en la cárcel, se encuentran detenidos en guarniciones militares.

5. Según los datos más recientes del Ministerio de Defensa, de enero a mayo de este año murieron 167 miembros de la fuerza pública, 108 de ellos militares y 59 policías. El mismo presidente colombiano Juan Manuel Santos reveló, en diciembre de 2010, que unos 460 militares y policías habían muerto ese año en combates con las guerrillas. En los enfrentamientos del año pasado también resultaron heridos más de 2.000 miembros de las fuerzas de seguridad, agregaba Santos, que lamentó el elevado número de víctimas, paradójicamente, durante un acto de reconocimiento en Bogotá a militares mutilados en la guerra.

6. Las estadísticas de bajas guerrilleras son bastante contradictorias, pero un recorrido de fuentes las cifran en centenares anualmente. Los enfrentamientos militares contra el ELN y las FARC, entre el 2002 y 2009, por iniciativa de la fuerza pública fueron de 11.354, durante el

periodo de la política de Seguridad Democrática de Uribe que negaba el conflicto armado, esto equivale a 4.5 acciones bélicas por día durante siete años. La nueva táctica militar basada en tecnología de inteligencia, soborno de contrincantes, presiones indebidas sobre sus entornos familiares, pago de recompensas y finalmente bombardeos inteligentes ha logrado dar a de baja a por lo menos 100 comandantes de alto y medio rango de las FARC en los últimos años del conflicto armado.

7. Se estima que en nuestro país hay 4 millones y medio de desplazados, el 10% de su población total. Los desplazamientos masivos se dieron muchas veces después de una masacre de personas inermes e inocentes. También se estima que a estas personas, en su mayoría campesinos, negros e indígenas se las ha despojado de unos 7 millones de hectáreas de tierra, lo que representaría tal vez el proceso de despojo, de concentración de tierra de forma violenta y de contrarreforma agraria más grande del mundo.

8. Durante el 2010 en gastos de defensa, es decir, en guerra, se invirtió el 14,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Se destinaron para tal efecto unos 21,12 billones de pesos (unos 11.057 millones de dólares). Colombia además recibe en promedio 1´680.555 dólares diarios de “ayuda” militar por parte de los Estados Unidos. Colombia tiene 438.000 militares activos actualmente, cuenta también con 120.000 reservistas, para un total de 558.000 efectivos. Colombia ocupa el puesto 12 en la lista de ejércitos más grandes a nivel mundial. Además el país cuenta con 162.000 policías y 7.100 funcionarios del DAS, la policía política. Decenas de miles de colombianos trabajan en el pujante negocio de la seguridad privada. Se estima que con el gasto anual en guerra se podría cubrir todo el gasto público en salud, darle vivienda propia a 360 mil familias y becar a 6 millones de niños en la escuela pública.

9. Nuestra guerra corresponde a un irresuelto conflicto político, social y armado que debe ya encontrar una salida. Algunos consideran que la guerra es una experiencia universal que comparten todos los países y todas las culturas. Según Sun Tzu, "La guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida y la muerte, el tao de la supervivencia y la extinción. Por lo tanto, es imperativo estudiarla profundamente". Clausewitz, uno de los mayores teóricos de este asunto, consideró que “la guerra es la continuación de la política por otros medios". Después de 60 años de confrontación está claro que la salida militar está agotada y que la guerra prolongada, también aquí, corresponde a una perversa forma de ejercer el poder político y económico por parte de una elite de beneficiarios, minoritaria en nuestro país.

10. Se acaba de lanzar en Bogotá el "Encuentro nacional de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por la tierra y la paz de Colombia" que se realizará en el mes de agosto en Barrancabermeja, una iniciativa de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC, propuesta que cuenta ya con el respaldo de importantes sectores políticos y sociales dentro y fuera del país. En las palabras de presentación del encuentro, el provincial de la Compañía de Jesús, el sacerdote Francisco de Roux, decía que observa el comienzo de un salto cualitativo en las iniciativas hacia la paz de Colombia, poniendo como ejemplo de este salto el otorgamiento, por parte de sectores importante del establecimiento, del Premio Nacional de Paz a la ACVC, el año anterior. También mencionaba como parte de este salto la eventual ley de tierras y la recientemente legislada ley de víctimas, teniendo en cuenta, decía, todas sus falencias y debilidades.

Es necesario también apreciar, por un lado, los mensajes relativamente recientes de las guerrillas, FARC y ELN, expresando su disponibilidad para el diálogo, la manifestación de las FARC de querer interpretar estas legislaciones sobre víctimas y tierras como la cuota inicial de la paz “si se hacen bien”, así como su llamado, por primera vez, a la movilización ciudadana por la paz como método fundamental para alcanzarla. Del otro lado, dimensionar como el enfrentamiento interno entre los sectores que configuraron el modelo de estado mafioso que dejó Uribe y los que optan por un convencional “estado de derecho” en Colombia es cada vez más intenso. Estos elementos, sumados a la movilización por la paz podrían ser no solo buenos augurios, sino que posibilitarían ese salto cualitativo y un nuevo acercamiento de la sociedad colombiana hacia la paz. La tesis de que la opinión pública no comparte la salida política no puede imponerse en el debate sobre la guerra y paz. Dar a conocer los beneficios de la salida política y la paz hace parte del camino hacia esta. La paz, al contrario de la guerra, es incluyente, pues los beneficiarios de la paz posible seremos todos. Dejo dicho también Sun Tzu en su obra que “no hay ningún ejemplo de un país que se haya beneficiado por un prolongado estado de guerra”. El diálogo es la ruta. Movilicemonos todos por la paz.

http://prensarural.org/spip/spip.php?article5990

Hay un mundo donde de ciertas cosas, es mejor no hablar...

...aunque aún estamos a tiempo:

Tres cartas, tres denuncias que pueden multiplicarse por varios miles. En el mundo donde de ciertas cosas parece que fuera mejor no hablar, está sucediendo este horror.

Prisioneros políticos colombianos.

Ellos son y hablan por muchos:

Bernardo Mosquera Machado.

Ever Díaz Cárdenas

Jorge Bernal Robinson

Detallan lo que están padeciendo en la que llaman la cárcel más violenta, "La Tramacuda" en Valledupar- César.

Cuentan cómo los muelen a palos, que descargan sobre ellos pipetas de gas, que no tienen agua, dicen que hay muertos o mejor dicho asesinados.

Fueron alejados del entorno familiar, "viven" entre orines y excrementos.

Piden que "las ORGANIZACIONES DE DDHH, la Cruz Roja y el Comité por los Presos Políticos DENUNCIEN esos atropellos" {sic}.

¿Hace falta solidaridad urgente también para con ellos, o simplemente es una percepción...?

Esto sucede hoy, es en Colombia, cada uno decidirá si corresponde o no hacer algo para que cese tanto espanto...

En lo que a mí respecta, ya decidí:

SOLIDARIDAD URGENTE, BASTA YA DE TANTO HORROR!!!!!!!!!!!!

Ingrid Storgen

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måndag 13 juni 2011

El Thermidor Venezolano

Por Alberto Pinzón Sánchez

Siempre he sostenido que el desarrollo de los disímiles procesos sociales que se desenvuelven tanto en Colombia como en Venezuela, están íntima y esencialmente unidos: forman parte de una sola contradicción, que gústenos o no, se enraíza en nuestra Historia secular. Por tal razón, es legítimo referirse y plantear la discusión sobre el “Thermidor” que se aproxima, en el proceso democrático vivido por el pueblo trabajador venezolano.

Un amigo, refiriéndose a los últimos y más notorios hechos sobre la conformación de una fuerza policial conjunta colombo-venezolana de caza recompensas para capturar “guerrilleros” colombianos, quienes por una u otra razón hubiesen cruzado la invisible frontera que desde la época colonial enfrenta nuestros dos países; me escribe diciendo que “el presidente Chávez ha dado un giro de 360º grados”. Le he respondido que es la mejor caracterización del momento actual: El Presidente Chávez después de un salto mortal ha vuelto a quedar en el sitio donde comenzó su asenso al poder de Venezuela.

Varias son las diferencias (que siempre han existido) y hemos pasado por alto, dominados por una ingenuidad a todas luces inexplicable, al analizar sistemáticamente el proceso social venezolano:

Primera: Se ha creído que el “Culto oficial al Libertador”, y la empobrecida visión únicamente “civilista” de nuestro Padre Simón Bolívar, hegemonizada por “el chavismo” (por llamarlo de alguna manera) es la única y verdadera “línea correcta”. Olvidándose dolorosamente, que desde hace mucho tiempo, han existido en Colombia otras visiones o lecturas totalmente diferentes y hasta opuestas a esta: Más integradoras y completas, que a la luz del método Marxista actual y enriquecidas con las cosmovisiones, prácticas, y Resistencias milenarias de los trabajadores de nuestras Comunidades Indígenas y Afro-descendientes, han marcado diversas rutas en la difícil y larga tarea de conquistar la segunda independencia de Nuestra Patria Grande: Simón Bolívar fue por sobre todo un hombre integral que supo combinar sabiamente las teorías más avanzadas de su época con una praxis consecuente. Un genial conductor Político-Militar de la lucha anticolonial en la crisis terminal del Imperio Español.

Segunda: Se ha aceptado acríticamente, sin beneficio de inventario o mejor alegremente, que el ascenso al Poder del actual presidente venezolano Hugo Chávez, significó la apertura de un proceso revolucionario dentro de Venezuela, y más aún, que conduciría al Socialismo del futuro en nuestro continente. Velándose un poco el análisis meticuloso y exhaustivo de las clases sociales en movimiento en la época Imperialista actual recomendado por los maestros del proletariado mundial; cuando a lo sumo (hoy dolidos lo confirmamos en los hechos) se trató de la apertura de un proceso “democrático” amplio, es verdad, el cual durante algo más de una década desmontó parcialmente una clase social, la oligarquía tradicional entregada a EEUU de Carlos Andrés Pérez y Caldera, para dar paso a una clase media de tecnócratas negociantes y burócratas petroleros en asenso, acostumbrados a las coimas en petro-dólares, a quienes los trabajadores venezolanos llaman con gran sabiduría “la Boli-burguesía”, que actualmente ha ocupado definitivamente el poder del Estado venezolano sin alterar esencialmente el cuadro general de las relaciones de producción y de explotación del hombre por el hombre, y ahora es la encargada de adelantar en los hechos el “Thermidor” venezolano.

Tercera: La insurgencia colombiana en el ultimo comunicado del EMC de las FARC, aparecido en su 47 aniversario, ha dado a todas luces, el tan esperado salto cualitativo trascendental, que sin ningún menosprecio, diferencia y separar radicalmente el proyecto transformador en Colombia, del modelo tradicional “revolucionario cubano” aceptado comúnmente como único válido en Nuestra America. El modelo cubano que implica la llegada apoteósica a la capital, de una guerrilla político-militar vencedora militarmente sobre un corrompido ejército armado por los EEUU, para derrocar la alianza de clases dominante e iniciar la construcción radical de un nuevo Estado socialista con sus trasformaciones revolucionarias indiscutibles; ha sido replanteado en Colombia como una Solución Política al histórico conflicto social-armado y una movilización de masas del Pueblo Trabajador para imponérsela a la Oligarquía Trasnacional dominante, y así construir una Nueva Colombia. Es decir ha quedado claro, que el objetivo estratégico revolucionario en Colombia no es Militar única y solamente, sino esencialmente Político y ese replanteamiento estratégico ha acelerado el Thermidor venezolano y su alianza policial contrainsurgente colombo-venezolana.

Cuarta: Desprendido de lo anterior, el modelo diplomático “internacionalista” de supeditar los cambios y trasformaciones revolucionarias en otros países, a los intereses de la “patria socialista amenazada” en ese momento, hizo crisis hace mucho tiempo no solo en Europa sino en America. Los procesos trasformadores son internacionalistas, pero se desarrollan en el marco de cada Estado nacional contra su propio bloque de clases dominante, y solo está supeditado a los intereses de las masas trabajadoras de cada país. Así pues que, la utilización que se hizo inicialmente de las FARC para mostrar internacionalmente el proceso venezolano como muy antiimperialista, revolucionario o internacionalista, ya no le sirve a la “Boli-burguesía” quien ahora los deshecha y persigue, porque como Jacobinos y Sans-culottes radicales, no les son funcionales a sus intereses involutivos o Thermidorianos.

Pobre Presidente Chávez, la habilidosa Oligarquía Santanderista colombiana lo ha puesto en la disyuntiva real: “O las FARC, o Invasión” (a lo Gadafi). Una vez tomada la decisión en Caracas contra quienes mañana le darán, sin dudarlo, una mano a sus camaradas venezolanos invadidos; el presidente Chávez para acabar de sellar el pacto policial contrainsurgente conjunto; ha debido decir públicamente (03. 06. 2011) que lo único pendiente es la entrega por parte de Santos de su archienemigo el golpista Carmona residenciado en Bogotá. Mientras tanto, la oligarquía “neogranadina” que practica muy bien el viejo dicho de “con el mazo dando y a dios rogando” le exige a través de su falsimedia más y más “cabecillas guerrilleros de verdad, y no cantautores, ni periodistas suecos de segunda categoría”.

Lo dicho: el presidente Chávez ha vuelto a quedar en su postura inicial (eso geométricamente equivale a 360º grados), pero quienes si se han movido son los demás, bien sean amigos o enemigos y en el entretanto, en los hechos, se ha dado inicio al inevitable Thermidor venezolano.

Fuente imagen: Semana.com

söndag 12 juni 2011

¡Presidente, a propósito de Julián Conrado, recuerde que somos un país neutral!

Por: Ilenia Medina – Rafael Uzcátegui *

En uno de los cuatro artículos de opinión que escribimos por la barrabasada cometida contra el periodista Joaquín Pérez Becerra, advertimos que si el Gobierno no tomaba las previsiones correspondientes, sería nuevamente “sorprendido”. Proponíamos al Presidente Hugo Chávez crear un grupo multidisciplinario que orientara sobre eventuales situaciones futuras. Considerando, en nuestra buena fe, que es una bien urdida estratagema colombo-norteamericana, no nos sorprendió demasiado, el anuncio gubernamental sobre la captura del cantautor combatiente de la FARC, Julián Conrado (Guillermo Enrique Torres Cueter). Menos sorprendió el despliegue mediático posterior, del Gobierno colombiano, ufanándose y enrostrando con profusa información, a los utópicos revolucionarios de Venezuela y el mundo, sobre el exitoso operativo conjunto de los cuerpos policiales de ambos países -con la información de inteligencia suministrada por Colombia sobre las coordenadas de Conrado en nuestro territorio- en la captura del cantautor. Hechos, y no palabras, que corroboran, desde la perspectiva oficial colombiana, que Hugo Chávez es efectivamente un hombre bien colaborador , que cumple a pie juntilla la letra del acuerdo de Cartagena en materia de seguridad suscrito con Santos, dos meses atrás. Luego de las indignadas protestas, nacionales e internacionales, que genero la entrega de Pérez Becerra, hasta Alan García, se permitió hacer un reconocimiento a Chávez.
Vale decir, que dada la situación, tales acuerdos, de carácter político, ameritarían su revisión por la Asamblea Nacional, pero es claro que una decisión como ésta no es del interés de los diputados, sean oficialistas o del bando opositor. A estos últimos les viene como anillo al dedo, el “colaboracionismo” de Chávez con el Gobierno colombiano, porque conciben como correcta la nueva política de seguridad entre ambos países y, además, de ñapa, por el repudio que esto genera en los sectores revolucionarios y progresistas. Es una concertación que horada el apoyo internacional -nada despreciable- que Chávez y el proceso venezolano habían alcanzado.

Nuestro apreciado amigo Ernesto Villegas, en un artículo en relación a Julián Conrado señaló que a diferencia del caso Pérez Becerra, el Gobierno Nacional, no tenía opciones y no tendría más remedio que entregar al cantautor combatiente. Pero no, de ninguna manera. En el estudio de la compleja y dinámica situación colombiana y en la aplicación de la normativa nacional y los tratados internacionales de los cuales somos Parte está la clave para que el Gobierno no se equivoque nuevamente. Claro, eso exige también, entre otras cosas, una valoración clara de lo que está ocurriendo; contar con un tremendo equipo con visión geoestratégica y político y experticia en el ámbito jurídico y, entre otros aspectos básicos, estar ganado para reconocer, con humildad, que con Joaquín Pérez Becerra se cometió un atropello que dejo mal parados los fundamentos de lo que se supone es una revolución.

De cualquier manera, expresado lo anterior, nos permitimos hacer un planteamiento a ser estudiado por el Estado venezolano, entendiendo que esta materia no es competencia del Ejecutivo Nacional, únicamente.

Consideramos que Venezuela se encuentra ante una situación que debe ser analizada desde la normativa del Derecho Internacional humanitario. En este caso, siendo así, no es la deportación o la extradición las figuras pertinentes que corresponde considerar para Julián Conrado. EL estatus del combatiente de la FARC se circunscribe eminentemente al campo político, caracterizado por el conflicto armado interno que desgarra a Colombia y que habiendo sido reconocido pública y notoriamente por el Presidente de ese país, acarrea consecuencias también en lo internacional que nuestro gobierno no debe desestimar. O dicho de otra manera, está obligado a considerar. Cabe recordar que el reconocimiento de Santos sobre la antigüedad del conflicto militar en su país, quedo ampliamente recogido en una ley, recientemente aprobada por el Congreso Colombiano destinada a beneficiar a las víctimas de esa guerra sin fin. No está demás tener presente, que ésta declaración, que atrajo la atención internacional, ocurrió después de la obscena entrega de Pérez Becerra a Colombia. Dentro del análisis de esta situación debe considerarse, obviamente, la jurisprudencia que crea la Corte Suprema de Justicia de Colombia cuando no reconoce la validez de los supuestos documentos encontrados en las computadoras de Raúl Reyes como pruebas penales.

Los gobiernos bipartidistas de ese hermano país han pretendido –absurdamente- que en las ocasiones que estos han reconocido estatus político a las fuerzas insurgentes colombianas esa beligerancia no produzca consecuencias internacionales. De no ocurrir evento alguno que afecte al vecindario es entendible que la comunidad internacional no haga pronunciamiento alguno, -de beligerancia o neutralidad- pero cuando se producen situaciones como las actuales, es evidente que cualquier Estado, sea cual sea, está obligado a examinar cuidadosamente el desafío jurídico que tiene por delante, y no despacharlo a la ligera, porque son las instituciones del Estado las que salen profundamente afectadas en su majestad. Para no hablar de repúblicas bananeras. El reconocimiento del conflicto armado interno, por el gobierno legalmente constituido de Santos, genera derechos y responsabilidades, en el orden internacional de inexcusable abordaje, particularmente, por los países vecinos que pueden verse afectados por el conflicto.

En ese orden de ideas, siendo Venezuela un territorio de paz, lo que nos hace un país neutral por excelencia, teniendo Julián Conrado un estatus de combatiente de la FARC, siendo que el Gobierno de Colombia reconoció recientemente el conflicto armado interno, siendo que el combatiente Conrado se encuentra enfermo, y fuera del conflicto, y no cometió un acto hostil contra la soberanía de Venezuela, sumado a que se encontraba desarmado, según lo declarado por las autoridades de nuestro país, siendo que penetró en nuestro territorio en busca de refugio para la protección de su vida, corresponde dirimir, entonces, en el marco de los Convenios de Ginebra I, II y III del derecho internacional humanitario y del Protocolo Adicional II (sobre los conflictos armados no internacionales), la obligación de PROTEGER a Julián Conrado en Venezuela, o entregarlo a otro país, efectivamente neutral, hasta que el finalice el conflicto armado en Colombia, según lo establece los Acuerdos de Ginebra y sus respectivos Protocolos antes mencionados. Evidentemente lo que está prohibido por las normas de protección internacional o del derecho internacional humanitario es que un Estado neutral entregue a un enfermo, con carácter de combatiente, a una de las partes beligerantes. Por lo tanto no puede el ESTADO VENEZOLANO entregar a Julián Conrado al gobierno de Colombia.

Reiteramos la importancia que el Estado venezolano, en este caso, el Tribunal Supremo de Justicia, estudie la complejidad de este asunto, en el marco del derecho internacional humanitario. No le corresponde al Presidente Hugo Chávez decidir porque es competencia de los Altos Magistrados de justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

(*) Miembros del Secretariado de PPT
08-06-2011
medinaile@yahoo.com

Presos políticos en Valledupar brutalmente agredidos

La campaña "Traspasa los Muros" comparte con la comunidad nacional e internacional y respalda la AMPLIACION DE DENUNCIA PÚBLICA No.1 emitida por la Fundacion Lazos de Dignidad, organizacion defensora de derechos humanos miembro nuestra campaña.

Foto: Dick E.

Prisioneros en Valledupar informan que los prisioneros agredidos en operativo brutal del Inpec no están muertos pero presentan graves heridas

La Fundación Lazos de Dignidad DENUNCIA ante la comunidad nacional e internacional las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas por el INPEC contra los prisioneros en la Penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar “La Tramacúa”, en cabeza del director y subdirector de ese establecimiento:

HECHOS

1. Desde ayer, junio 11 de 2011, a las 8:00 p.m., el Grupo de Reacción Inmediata (GRI), liderado por el director de la Penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar “La Tramacúa” LEOPOLDO LÓPEZ PINZON, el subdirector URIEL JARAMILLO y el comandante de vigilancia Teniente NELSON GUTIERREZ, ingresó de manera violenta a las torres 1, 2, 3, 4 y 5, con el objeto de bajar de las estructuras a los prisioneros declarados en desobediencia pacifica desde hace un mes, lanzándoles gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento y propinándole fuerte golpizas a los prisioneros.

2. En horas de la mañana de hoy, junio 12 de 2011, prisioneros informaron a nuestra fundación que en desarrollo del operativo brutal al menos 4 prisioneros podrían estar muertos, debido a las fuertes lesiones ocasionadas por parte de miembros del GRI; los 4 prisioneros recluidos en la torre 3 fueron vistos por última vez en estado de inconsciencia mientras eran evacuados del lugar en camillas improvisadas o en sabanas por funcionarios del INPEC, sin que se conociera su paradero.

3. Alrededor del medio día de hoy, prisioneros de la Torre 3 comunicaron a nuestra fundación que en el penal les habían informado que los prisioneros WILSON RODRIGUEZ ARISTIZABAL - TD 4662, LUIS ALBERTO MANCILLA POLO – TD 3839, MANUEL BERMUDEZ CUELLO TD 3031 y NILSON CESPEDES se encontraban vivos pero con graves heridas en la dependencia de sanidad del establecimiento y en el hospital López Pumarejo de la ciudad, junto con el prisionero ANCELMO RICARDO GUZMAN AVILA – TD 3858, este último quien presenta graves heridas en la cabeza.

4. Los prisioneros en las Torres 8 y 9 manifiestan que durante las 8 horas que duró el operativo escuchaban fuertes gritos provenientes de las otras torres, donde los prisioneros rogaban por sus vidas y por no ser golpeados brutalmente, sin que el INPEC cediera a sus ruegos, alcanzándose a observar desde esas torres la salida de varios cuerpos de prisioneros en estado de inconsciencia conducidos por el INPEC en camillas improvisadas o sabanas, por lo que presumieron se trataba de cuerpos sin vida.

5. Según los testimonios de los prisioneros el brutal operativo se ejecutó hasta las 4:00 am del día de hoy, sintiéndose aun los estragos de los gases y las granadas de aturdimiento, dejando aproximadamente 30 heridos que no han recibido atención medica.

Estos hechos se producen a vísperas de una visita humanitaria a desarrollarse el día de mañana por representantes del congreso de la república, gobierno nacional, entes de control y organismos no gubernamentales de derechos humanos.

Foto: Dick E.

RESPONSABILIZAMOS AL ESTADO COLOMBIANO

Por ACCION y OMISIÓN el Estado Colombiano es responsable de los graves hechos violatorios de los derechos humanos de los prisioneros en la Penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar “La Tramacúa”, debido a que insistentemente la Fundación Lazos de Dignidad ALERTÓ de manera oportuna al gobierno, a las autoridades penitenciarias y organismos de control en materia de derechos humanos sobre la amenaza de agresión existente contra los prisioneros por parte de la dirección de ese penal y de los funcionarios del cuerpo de guardia y custodia que incluso ya habían sido denunciados por los prisioneros en reuniones institucionales por la comisión de crímenes de lesa humanidad como la tortura, entre otros.

Del mismo modo, la senadora Gloria Inés Ramírez y los representantes a la cámara Hernando Hernández e Iván Cepeda, en diferentes oportunidades requirieron al alto gobierno nacional intervenir para solucionar la grave crisis que en materia de derechos humanos padecen los prisioneros en dicha penitenciaria, insistiendo en la declaratoria de Emergencia Carcelaria y Penitenciaria y la constitución de una Comisión de Negociación para resolver las peticiones de los reclusos, sin que a la fecha el gobierno nacional o las máximas autoridades penitenciarias hayan cedido a las insistentes peticiones, reconociendo de manera vaga la problemática del agua y restándole importancia a las otras situaciones que constituyen violaciones graves a los derechos humanos, como lo es la tortura física y psicológica a la que son sometidos los prisioneros.

Los graves hechos hoy denunciados comprometen en su accionar al estado colombiano, que en cabeza del director y subdirector de la Penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar “La Tramacúa” ejecutaron un brutal operativo, en el que el uso de la fuerza no solo fue desproporcional sino que se aprovecho la noche y el fin de semana para cometer crímenes de lesa humanidad –como tortura y tratos crueles- contra los prisioneros, horas y fechas que dificultan la intervención de organismos de derechos humanos y entidades de control, lo que evidencia que el brutal operativo fue premeditado, causando graves lesiones a la integridad física y psicológica de los prisioneros, arrasando completamente con las normas internacionales sobre el tratamiento a los reclusos y la prohibición de la tortura, la constitución colombiana y el código penitenciario y carcelario.

Con estos hechos queda en evidencia la conducta criminal consumada y dirigida por funcionarios del INPEC quienes no solodeben ser destituidos de sus cargos, sino investigados, juzgados y sancionados penalmente por los graves delitos cometidos contra la humanidad de los prisioneros.

EXIGIMOS

1. A Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación:

Abrir la investigación penal y proferir órdenes de captura contra todos los funcionarios del INPEC que participaron en el operativo iniciado desde las 8:00 pm el 11 de junio y finalizado a las 4:00 am el 12 de junio de 2011, mediante el cual se cometieron crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos contra los prisioneros en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar, vinculando inicialmente al director y subdirector de ese penal como autores intelectuales de los delitos.

2. A Procuraduría General de la Nación:

Ejercer el PODER PREFERENTE para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los funcionarios del INPEC que participaron en el operativo iniciado desde las 8:00 pm el 11 de junio y finalizado a las 4:00 am el 12 de junio de 2011, mediante el cual se cometieron crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos contra los prisioneros en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar, iniciando con la destitución inmediata del director y subdirector de ese penal.

3. A la Defensoría Nacional del Pueblo:

Hacer PRESENCIA INMEDIATA en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar para verificar los graves hechos denunciados por los prisioneros y emitir un pronunciamiento público sobre lo hallado.

4. Al Presidente de Colombia y al Ministro del Interior y de Justicia:

Como máximas autoridades penitenciarias Ordenar el Cierre Inmediato de la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar y reconocer públicamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por el INPEC contra los prisioneros en ese penal.

5. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia:

Emitir sus pronunciamientos de repudio a las conductas y crímenes de lesa humanidad cometidos por el INPEC contra los Prisioneros en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar y conminar al Estado Colombiano para que se investiguen y sancionen a todos los funcionarios que participaron en los hechos violatorios.

A las organizaciones y personas solidarias solicitamos enviar sus pronunciamientos de respaldo a la presente denuncia a las siguientes autoridades:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá

Fax. 5662071

Fax: (+57 1) 566.20.71

E-mail: fsantos@presidencia.gov.co

GERMÁN VARGAS LLERAS

Ministro del Interior y de Justicia

Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.

e-mail: german.vargas@mij.gov.co, ministro@minjusticia.gov.co

PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

GUSTAVO ADOLFO RICAURTE TAPIA