Pese a bienvenidas promesas en la mejora de los derechos humanos por parte de la administración de Santos, que asumió el cargo en agosto del 2010, defensores de derechos humanos en Colombia continúan sufriendo amenazas, ataques, acoso, entradas forzadas a sus casa y oficinas, y escuchas ilegales. Dos incidentes recientes que involucran a líderes de defensores de los derechos humanos ilustran cuán peligrosa es la situación. El 10 de mayo, Kimberly Ann Stanton, ciudadana de Estados Unidos y esposa del abogado de derechos humanos, Rafael Barrios del Consejo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y ex subdirectora de la Washington Office on Latin America (WOLA) recibió en su teléfono móvil una grabación de una conversación privada que tuvo con Barrios, mientras se encontraban en el auto proveído para la protección del Sr. Barrios por el programa de protección del gobierno colombiano. El mensaje de voz fue precedido por numerosas llamadas a su teléfono desde un teléfono móvil en Turbo, Antioquia. Una vez recibida la queja, la oficina del Fiscal General encontró un micrófono después de examinar el automóvil. |
El 7 de abril, CCAJAR había devuelto algunas de las medidas de protección provistas por el gobierno, aquellas administradas por la agencia de inteligencia DAS, ya que de acuerdo con el Sr. Barrios “habíamos descubierto que el programa de protección para CCAJAR estaba siendo usado en contra nuestra”. Sin embargo, CCAJAR mantuvo el plan de protección provisto por el Ministerio de Justicia, incluyendo el automóvil que el Sr Barrios estaba utilizando para su protección, donde fue encontrado el micrófono.
Este evento tiene lugar en un contexto muy tenso debido al trabajo que CCAJAR lleva a cabo en la actualidad. Por un lado, los abogados de CCAJAR representan víctimas ante las cortes nacionales en el caso contra agentes del DAS por vigilar ilegalmente a civiles, incluyendo a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. Por otra parte, CCAJAR también representa a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por altos oficiales militares. Hace apenas unas semanas, se emitió una sentencia condenando al General Arias Cabrales a 35 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas, todas representadas por CCAJAR, en el caso del Palacio de Justicia.
Esa misma semana, individuos forzaron la entrada de la casa de Danilo Rueda, destacado defensor de los derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), su computadora fue manipulada y dos USBs fueron robados. Los USBS contenían información sensible relacionada al caso Operación Génesis, una operación conjunta de militares y paramilitares realizada en el Chocó en 1996-7 y cuyas víctimas de descendencia africana son representadas por CIJP en una demanda contra el retirado General Rito Alejo del Rio.
El Sr. Rueda y otros miembros del equipo de CIJP son víctimas del caso de escuchas ilegales del DAS. Este robo es el más reciente en una preocupante serie de incidentes de seguridad.
En abril, el personal de CIJP viajaba por Bogotá en autos blindados provistos por el programa de protección del gobierno cuando fueron seguidos por unos individuos sospechosos. El auto que llevaba a cuatro hombres siguió al Sr. Rueda hasta su hogar y se detuvo frente al apartamento del Sr. Rueda, donde uno de los hombres tocó el timbre. Al no haber respuesta se marcharon. El 1 de abril, Gisela Cañas, una abogada de CIJP, recibió un mensaje de texto con la siguiente amenaza de muerte: “Escucha Gisela perra sangrienta…sabemos dónde te encuentras y te vamos a matar por estar defendiendo cosas tontas. Tienes 48 horas para salir del país.”
Justicia y Paz, una organización religiosa, provee acompañamiento legal y físico a comunidades de descendencia afrocolombiana, indígenas, campesinos, y desplazados y víctimas en varias regiones de conflicto de Colombia, incluyendo el Chocó, Valle del Cauca, Sucre y Putumayo. La entrada forzada a la casa del Sr. Rueda y más recientemente a la oficina de Justicia y Paz en Curvaradó indican que tanto el Sr. Rueda como el personal corren peligro.
Nos unimos a estos defensores de derechos humanos y sus organizaciones en el llamado al gobierno colombiano a: prontamente investigar y castigar estas amenazas, robos, entradas y escuchas ilegales; a mejorar las medidas de protección tal como lo solicitaron los grupos afectados; y a poner un final de una vez y por todas a las escuchas ilegales. La administración de Santos no sólo debe promover el lenguaje de los derechos humanos sino tomar medidas efectivas para garantizar el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, lo cual es esencial para garantizar la libertad de expresión y una sociedad democrática. Junto con el gobierno estadounidense, le damos la bienvenida al mejorado discurso de derechos humanos adoptado por el Presidente Santos, pero el gobierno de Estados Unidos debe insistir en que la investigación y castigo de estos casos, el fortalecimiento de programas de protección, y la descontinuación de las acciones de inteligencia ilegales sean efectivos y produzcan resultados concretos.
Para mas información contacte a:
Gimena Sánchez-Garzoli, Washington Office on Latin America, (202) 546-7070, cell (202) 489-1702, gsanchez@wola.org
