El Estado colombiano reconocerá su responsabilidad en el magnicidio del senador Manuel Cepeda Vargas y pedirá disculpas a nombre del Estado en un acto público que tendrá lugar este martes 9 de agosto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.
Este acto de reconocimiento de responsabilidad se realiza en cumplimiento de la sentencia emitida el 26 de mayo de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que condenó a Colombia por la ejecución extrajudicial del Senador Manuel Cepeda.
La Corte IDH concluyó que la ejecución del Senador Cepeda por parte de agentes del Estado y grupos paramilitares, se insertó en un contexto de violencia sistemática y exterminio de miles de miembros, líderes y simpatizantes de la organización política Unión Patriótica (UP) desde el momento mismo de su surgimiento en el año 1985.
El 9 de agosto de 1994, el Senador Cepeda fue asesinado cuando se dirigía al Congreso de la República, en la ciudad de Bogotá. Cepeda había denunciado públicamente la existencia del “Plan Golpe de Gracia” coordinado desde las altas esferas del Ejército para asesinarlo a él y a otros líderes de la UP. Tras la muerte del Senador, sus familiares María e Iván Cepeda Castro y Claudia Girón, fueron amenazados y debieron abandonar el país por razones de seguridad.
El acto de reconocimiento de responsabilidad es una medida que adopta la Corte Interamericana en casos de especial gravedad y tiene como propósito contribuir a preservar la memoria de las víctimas y el reconocimiento de su dignidad; así como aportar a la construcción de una lectura de la historia del país que reconozca los yerros del pasado y propenda a evitar la repetición de graves violaciones a los derechos humanos.
En este caso, el lugar donde se llevará a cabo el acto fue determinado por la propia Corte Interamericana al señalar expresamente que el mismo debía realizarse en el Congreso de la República, con la presencia de miembros de las dos cámaras y de las más altas autoridades estatales.
El asesinato del senador Cepeda se mantiene en un alto grado de impunidad después de 17 años de ocurrido. A pesar de que se probó que en el mismo participaron agentes del Estado y paramilitares, ninguno de los autores intelectuales ha sido condenado. El acto público no exime a Colombia de su obligación de llevar a cabo la investigación y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales, que a su vez constituiría la señal más clara por parte del Estado de no tolerancia de las violaciones a los derechos humanos.
La democracia requiere que aquellas personas que piensan diferente, incluso expresando sus opiniones a través de grupos políticos minoritarios cuya posición resulta incómoda para el Estado u otros sectores de la sociedad, puedan asociarse y participar políticamente sin ser estigmatizados, hostigados o asesinados. Ello es clave para garantizar la inclusión política y las libertades fundamentales.
Asimismo, el respeto de los derechos humanos requiere de especial prudencia por parte de los servidores públicos a fin de no realizar acciones o emitir señalamientos que exacerben la intolerancia o fomenten la violencia por parte de funcionarios públicos u otros sectores hacia la oposición política. En este sentido, la Corte consideró que las declaraciones vertidas por funcionarios públicos en las que vinculaban a la UP y el PCC con las FARC, pusieron a la víctima en una posición de mayor vulnerabilidad, aumentando el riesgo en que ya se encontraba.
El acto de reconocimiento ofrece al gobierno actual una oportunidad valiosa para demostrar que el respeto por los valores democráticos y los derechos humanos de todos, incluso de aquellos que participan desde posiciones minoritarias, fortalece la democracia y consolida las bases para la vigencia del Estado de Derecho y la paz.
Viviana Krsticevic, Directora de CEJIL, señaló que “aspiramos a que el acto público de reconocimiento de responsabilidad contribuya a que existan mayores garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, la opinión crítica, la defensa de los derechos humanos y que estos valores sean piedras angulares en la construcción presente y futura de la democracia en Colombia. En ese sentido, anhelamos que la decisión de la Corte Interamericana en el caso del Senador Cepeda sea leída como la expresión reiterada del alto Tribunal de rechazo al uso de la violencia como método para silenciar expresiones incómodas o minoritarias”.
Por su parte, Rafael Barrios, Presidente del CCAJAR, señaló en relación con el acto público que: “medidas como ésta contribuirán al esclarecimiento histórico de la comisión de crímenes de Estado en Colombia. Esta es una oportunidad clave para que las autoridades emitan un mensaje claro sobre la prohibición de declaraciones que estigmaticen y pongan en riesgo a políticos o periodistas y un llamado para que crímenes similares no vuelvan a ocurrir”.
En representación de la víctima y sus familiares, el caso ha sido litigado por CEJIL, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Fundación Manuel Cepeda Vargas.
Contacto de CEJIL en Washington DCMilli Legrain mlegrain@cejil.org Tel (1) 202 319 3000 begin_of_the_skype_highlighting (1) 202 319 3000 end_of_the_skype_highlighting
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