tisdag 3 april 2012

Tras la entrega unilateral de los presos de guerra por las FARC, en las cárceles colombianas los presos políticos siguen sufriendo tortura


Tras la entrega unilateral de los presos de guerra por las FARC, en las cárceles colombianas los presos políticos siguen sufriendo tortura




Con la liberación de los diez oficiales de las Fuerzas Militares Colombianas capturados en combate con la guerrilla de las FARC-EP, se culmina un proceso en donde esta guerrilla ha entregado unilateralmente casi 500 prisioneros de guerra desde el 2001.
La entrega a las Cruz Roja Internacional se hizo en el municipio de Mapiripan. Fue un hecho simbólico por que ahí se cometió una de las peores masacres para-estatales en la guerra en Colombia.

Una de cerca 50 víctimas de la masacre de Mapiripan. Ejecutor: Soldados Para-Estatales

Fue el año 1997 cuando contingentes de los paramilitares se trasladaron desde la región bananera de Urabá, en el norte del país, hasta el sur-oriente. Pasaron más de 100 paramilitares, armados con fusiles de alto calibre, por el aeropuerto de San José de Guaviare, controlado tanto por las FF.MM. colombianas como por militares estadounidenses, siguiendo su ruta por el Río Guaviare pasando, sin problemas, por varios retenes fluviales de la Armada colombiana y una base antinarcóticos de USA, para llegar al municipio de Mapiripan en donde hicieron una de las peores masacres en el matadero local.

¿COMO ES POSIBLE que más de cien hombres armados hasta los dientes contratan dos
aeronaves y vuelan desde el norte hasta el suroriente colombiano sin ser descubierto?
La respuesta es sencilla; Las AUC era "la Sexta División de las FF.MM. colombianas",
como resumía Human Rights Watch en uno de sus reportes anuales. Fue el estado que
construyó el monstruo, como dice el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Los autores
intelectules siguen intacto en el poder; Oligarquía y Aparato Militar.

La alianza entre el ejército, la armada, la aviación con los matones paramilitares del entonces jefe de las AUC, Carlos Castaño, fue obvia. Es más, unidades del ejército colombiano fueron enviadas por un coronel y entraron en combates con tropas de la guerrilla para impedir que ellas llegasen a Mapiripan para prevenir la masacre y ayudar a la población. Es por eso, sin duda, que la elección de Mapiripan para la entrega de estos diez oficiales es altamente simbólica .
Según la misma guerrilla, las liberaciones unilaterales hoy se han hecho para favorecer una salida pacífica del conflicto social y armado que sufre el país desde más de medio siglo. La respuesta del estado colombiano ha sido como siempre una sola: más guerra y más muertos.
El canal continental Telesur presentó las primeras imágenes de la entrega por parte de la guerrilla a los representantes de Colombianas y Colombianos por la Paz. En el aeropuerto de Villavicencio, capital del departamento del Meta, quedaron también los familiares de los prisioneros militares que en algunos casos han esperado más de 14 años para reunificarse con sus seres queridos.
Contrasta el estado de salud de los uniformados del estado con los presos políticos y prisioneros de guerra en poder del estado que en las cárceles hacinadas sufren todo tipo de problemas, que incluyen torturas, tortura de negación de asistencia médica que ha conllevado muertes, amenazas y vulneración de su integridad y del DIH al situarlos en pabellones con paramilitares, lo que los expone a un riesgo adicional de muerte.
Los facilitadores para la liberación de los últimos prisioneros de guerra, encabezados por la ex senadora Piedad Córdoba han solicitado en vano al gobierno de Juan Manuel Santos el permiso para visitar once cárceles en donde se encuentran más de mil prisioneros de guerra de las FARC-EP y el ELN. Pero la posición y la voluntad de buscar una salida política al conflicto social y armado son nulas. Para el estado colombiano no existe un conflicto político en Colombia y por ende así sigue la guerra derramando la sangre del pueblo colombiano. No son los hijos de Santos o Uribe que van al campo de batalla sino los hijos obreros y campesinos que son sacrificados en la guerra de la oligarquía colombiana.

Familiares preocupados en la cercanía de la Modelo, después que más de treinta
presos de guerra de la FARC y ELN fueron masacrados al interior de la
cárcel por paramilitares, respaldados por los agentes del INPEC.
FOTO: DICK EMANUELSSON

Son casi 100.000 presos en Colombia de los cuales 9.500 son presos políticos. En la cárcel de la Picota, construida por 2.000m presos, conviven casi 9.000.
Los medios de comunicación tanto colombianos como internacionales desconocen o ignoran la situación de las cárceles colombianas. Ni siquiera una sola línea cuando 555 presos políticos se lanzaron a una huelga de hambre la semana pasada (llegaron a ser 609 presos políticos en huelga de hambre).
Mientras tanto, los medios de Santos y sus colegas se dedican ahora doble turnos para describir la vida, desde el nacimiento hasta la fecha de hoy, la vida de diez militares profesionales.
En las cárceles colombianas sigue la vida de miles de seres humanos, resistiendo tratamientos infrahumanos. Son negados por unas autoridades que se sienten fuertes ahora, cuando recibirán “refuerzos” por parte de generales estadounidenses con experiencia en las guerras genocidas de Afganistán e Irak. Llegarán a la selva para respaldar a sus colegas colombianos. No es suficiente con siete bases militares en el territorio colombiano, ahora poco a poco se integran literalmente, y no solamente como asesores militares o pilotos sino en la misma guerra.



 La Fundación Lazos de Dignidad comparte a la comunidad nacional e internacional el siguiente pronunciamiento publico emitido por los prisioneros políticos en Colombia:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LOS PRISIONEROS POLITICOS Y DE GUERRA  A PROPOSITO DE LA LIBERACION UNILATERAL DE LOS ULTIMOS DIEZ MILITARES  RETENIDOS POR LAS FARC-EP

Abril 2 de 2012
Los prisioneros políticos  y de guerra recluidos en las cárceles del país saludamos fraternalmente a las Mujeres del Mundo por la Paz, Colombianos y Colombianas por la Paz en cabeza de la Doctora Piedad Córdoba, a la señora Marleny Orjuela de ASFAMIPAZ, a familiares  y amigos de los prisioneros de guerra policías y soldados, y demás delegados y garantes de este proceso de liberación unilateral de los uniformados retenidos en combate por las FARC-EP.
Compartimos la alegría de las familias que buscaron sin descanso tener la libertad de los suyos y que hoy, gracias a la voluntad de paz expresada por las FARC-EP a través de la liberación unilateral de los retenidos en su poder, se hace realidad. Estas familias lloran de alegría por ver a los suyos libres, sin embargo nuestras familias, las de los más de 7000 prisioneros políticos y de guerra,  lloran por vernos podrir en las cárceles por condenas  de hasta 40 y más años que se prolongan como consecuencia de la  ausencia de voluntad de paz del gobierno nacional que se manifestó abiertamente en la imposibilidad de adelantar un acuerdo humanitario. Conscientes de esta realidad comunicamos:
1.   Que contrario A lo expresado por  el Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en las cárceles del país existimos más de siete mil (7.000) prisioneros políticos y de guerra.
 Que durante la semana del 20 al 26 de marzo del año en curso 617 prisioneros políticos realizamos una jornada simultánea de protesta y visibilización de nuestra existencia, consistente en una huelga de hambre que tuvo lugar en 21 cárceles del país, de la cual tuvo conocimiento la opinión pública nacional e internacional y en cuyo desarrollo recibimos mensajes de solidaridad de un amplio sector de la población reclusa, ONGS de derechos humanos, organizaciones populares, sindicales, estudiantiles de Colombia y el mundo. Estas expresiones de solidaridad fueron un reconocimiento de la existencia de los prisioneros políticos en Colombia, como consecuencia del conflicto social y armado que vive el país, y de la existencia del delito político que además está reconocido por la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. No entendemos como los representantes del establecimiento pretenden desconocer la realidad que vive el país y la legislación nacional e internacional   que dicen defender.

3.      Es de conocimiento público que los prisioneros políticos y de guerra, y en general la población reclusa del país, que asciende a más de 130.000 personas, vivimos en condiciones infrahumanas y constantemente se nos vulneran los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la salud, la dignidad humana, etc. Como práctica sistemática somos confinados en centros de reclusión alejados de la familia y los amigos, nos aíslan en patios de castigo, nos condenan a una vida de tortura y en la práctica nos imponen cadenas perpetuas, es el caso del compañero JORGE AUGUSTO BERNAL,  miembro de las FARC-EP, hecho prisionero por el Estado hace más de 17 años, de los cuales 8 ha permanecido en calabozo, 4 de ellos en la Cárcel La Tramacúa de Valledupar, sin agua, a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, sin acceso a atención médica, y demás violaciones a una vida digna. Este es uno de muchos casos de prisioneros políticos que han sido condenados a verdaderas cadenas perpetuas con penas de 40, 60 y más años. También se presentan casos de tortura, como el del compañero DIOMEDES MENESES CARVAJALINO del  ELN, recluido en el Patio 1 de la Cárcel Modelo de Cúcuta, que se encuentra en silla de ruedas, parapléjico por torturas en el momento de la captura, y quien aun cumpliendo los requisitos para la libertad condicional, hasta el momento le ha sido ilegalmente negada.

4.       Ante el aislamiento y castigo, y luego de procesos de ablandamiento moral, se instiga a desmovilizarnos y a renegar de nuestros principios y de nuestra organización, como ocurre actualmente con el compañero BERNARDO MOSQUERA MACHADO, prisionero en un calabozo, con problemas respiratorios y del corazón, de 67 años de edad, y ante sus problemas la única respuesta dada por el INPEC y el gobierno es una visita en la cual delegados gubernamentales lo invitan a desmovilizarse y traicionar su causa, a cambio de algunos beneficios jurídicos como su reubicación en cárceles privilegiadas donde están los amigos presos del gobierno. Estos entre muchos casos, deben ser investigados por las autoridades responsables de la protección de los derechos humanos y organizaciones de la comunidad nacional e internacional.

Exhortamos a Colombianas y Colombianos por la Paz, Mujeres del Mundo por la Paz y demás organizaciones que vienen acompañando estos procesos de humanización del conflicto hacia una salida política, a que mantengan los esfuerzos de visibilización y verificación de la problemática de los prisioneros políticos y de guerra del país, así como la búsqueda incansable de caminos para alcanzar la paz para los colombianos.
De igual manera hacemos un llamado a los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de las Américas a realizarse en Cartagena a mediados del mes de abril, a que se pronuncien sobre lo antes mencionado, y unan esfuerzos en la construcción de una salida política al conflicto que vive Colombia.
Finalmente, exigimos del Gobierno nacional que ante los hechos reales de paz realizados por la insurgencia con la liberación unilateral de los prisioneros de guerra en su poder, responda con reciprocidad abriendo las puertas a un proceso de reconciliación que permita aliviar el dolor de miles de familias, amigos y organizaciones de los presos políticos y de guerra recluidos en las cárceles colombianas y estadounidenses, empezando por quienes padecen situaciones críticas de salud, con discapacidades y enfermedades terminales.
Exigimos que el gobierno nacional abandone la actitud de intransigencia que ha tenido frente a los hechos reales de paz que hoy se han llevado a cabo por parte de la insurgencia, y cese sus artimañas mediáticas para desconocer la la existencia del conflicto político, social y armado, y por tanto la existencia de los prisioneros políticos y de guerra en las cárceles del país.
En consecuencia, exigimos del gobierno nacional que tan pronto se produzca la liberación de los uniformados en poder de las FARC-EP, se otorgue autorización inmediata y sin condiciones para la realización de la Visita de Verificación de la Comisión Internacional de Mujeres por la Paz en las cárceles colombianas, de forma que se visibilice nuestra situación de reclusión actual y el estado de nuestros derechos humanos. 
Reiteramos  nuestro compromiso con el pueblo colombiano de mantener las banderas de la construcción de la Nueva Colombia que soñó Bolívar, y la paz y justicia social.

Fraternalmente, Prisioneros Políticos y de Guerra
Cárcel  de Alta Seguridad Palogordo (Girón-Santander), Cárcel de Cómbita (Boyacá), Cárcel de Bellavista  (Medellín), Cárcel de Anayansi (Quibdó), Cárcel El Reposo Santa Helena (Uraba),  Cárcel Santa Inés (Apartadó-Antioquia), Cárcel La Picota (Bogotá), Reclusión de Mujeres El Buen Pastor (Bogotá), Reclusión de Mujeres de Jamundí (valle del Cauca), Penitenciaria El Barne (Boyacá), Cárcel de Palmira (Valle), Cárcel Modelo (Bucaramanga), Cárcel Modelo (Cúcuta), ERON Cúcuta (Norte de Santander), ERON Picota (Bogotá), Cárcel La Vega (Sincelejo), Penitenciaria de Alta Seguridad Doña Juana La Dorada (Caldas), Cárcel de Popayán (Cauca), Cárcel La Tramacúa (Valledupar), Cárcel El Pedregal  (Medellín), Cárcel Puerto Triunfo (Antioquia), Cárcel de Yopal (Casanare)


  

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                 La Lucha social no es un delito, es un paso hacia la Libertad...
        PRESXS POLÍTICXS A LA CALLE !!!
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