Periodista italiana escribe carta pública a la embajadora sueca exigiendo que el estado sueco asuma su responsabilidad
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| Las operaciones ilegales de la Policía Política Secreta, DAS-G3, que operó y opera en el continente europeo para "neutralizar" la oposición política colombiana en el viejo continente, armando montajes y guerra psicológica en contra los refugiados políticos. Joaquín Pérez Becerra es una de las primeras víctimas, dice la periodista italiana Annalisa Melandri en su carta a la embajadora sueca en Roma, acusando al estado y gobierno sueco por no asumir su responsabilidad por un compatriota que se encuentran en las mazmorras colombianas. |
Estimada
Embajadora S.ra Ruth Jacoby,
Embajada
de Suecia en Italia
Roma,
10 de abril de 2012
Ref: Detención y
juicio al ciudadano sueco Joaquín Pérez Becerra
Desde casi un año,
Joaquín Pérez Becerra, periodista de origen colombiano y ciudadano sueco
desde el 2000, director de la
Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), se encuentra
detenido en Colombia, acusado injustamente de terrorismo y de ser vinculado con
la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Su detención en el aeropuerto de Caracas, sobre la
base de una “ficha roja” de la Interpol creada ad hoc detrás de un pedido del
gobierno colombiano mientras estaba sobrevolando el Atlántico, y la siguiente
deportación a Colombia, apenas 55 horas
más tarde, han ocurrido en total desprestigio de cualquier convención
internacional sobre la defensa de los refugiados políticos y en violación de la
misma Constitución venezolana. En
el detalle no se ha respetado la
convención ONU de Ginebra de 1951 (y su
protocolo de 1976) sobre el estatuto de los Refugiados en la que además de
describir la figura del “refugiado” (“quien,
como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y
debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la
protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar
a él” Art. 1) declara que “ningún Estado
Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un
refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad
peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social, o de sus opiniones políticas.” (Art. 33).
Joaquín Pérez Becerra, como seguramente las
autoridades de Su país saben, se había visto en la necesidad de pedir asilo
político a Suecia en 1993 para no ir a incrementar el número de los más de 4000 asesinados por los paramilitares y
miembros del ejército en el ámbito de lo que fue el “genocidio político” del partido Unión
Patriótica en donde él militaba. Dejó
el país después del secuestro y
homicidio de su esposa.
Suecia siempre se ha distinguido entre los
países europeos en las décadas pasadas por la hospitalidad y la defensa de los
derechos políticos y civiles de todos los ciudadanos que buscaban refugio de
las dictaduras y los regímenes violentos que imperaban en aquellos años en
América latina. La situación de Colombia
lamentablemente hoy no es muy diferente de entonces, siendo hoy como entonces, a todos los efectos una “democracia” (sic).
No voy
a enumerar todas las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Colombia que no dejan esperar nada bueno
para la democracia en ese lejano país. El hallazgo de la fosa común más grande de América latina, el
escándalo de los falsos positivos, los
hornos de los paramilitares de las
AUC, son historias recientes a
la crónica de los más grandes medios internacionales.
Joaquín Pérez Becerra hoy está arriesgando
su vida día tras día una vez más, en la cárcel La Picota de Bogotá entre
narcotraficantes y paramilitares sin ninguna medida de protección.
El juicio empecerá formalmente el 16 de abril próximo pero está
basado sobre pruebas (los documentos Word encontrados en el portátil de Reyes)
consideradas ilegalmente obtenidas por
una sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de Colombia y sobre todo
consideradas falsas por un investigador de la policía antiterrorismo colombiana
(DNJIN) Ronald Hayden Coiy Ortiz, quien
ha declarado a un tribunal que la cadena
de seguridad de las computadoras de Reyes desde su hallazgo hasta la entrega a la Interpol , había sido
interrumpida por un razonable periodo de tiempo, hecho que puede dejar presumir
que su contenido haya sido manipulado.
¿Se está cumpliendo el deseo de Uribe de acabar con los
colombianos en Suecia? Algunos de ellos entre los cuales Joaquín Pérez
Becerra, desde décadas, a través de las páginas de Anncol y la
emisora Radio Café Stereo operan en absoluto respeto de la legislación sueca
denunciando el terrorismo de Estado imperante
y lamentablemente siempre actual
en Colombia. Esto no quiere decir ser cómplices de las FARC o terroristas.
Su gobierno, y lo digo
con mucha amargura en esta ocasión lamentablemente no ha lucido por la
solidaridad y la defensa que tenía el deber de ofrecer a Su conciudadano
Joaquín Pérez Becerra.
Recuerdo la historia pasada y el respecto
que el mundo entero tenía por un grande político que probablemente ha sido asesinado
porque creía que cada persona tenía el derecho a vivir por lo menos en un lugar
de la tierra sin miedo. Es verdad que la Suecia de hoy es un país
muy diferente y que no es el mismo país de
Olof Palme, pero el respeto por
los derechos humanos desde entonces se ha vuelto un principio que
universalmente distingue los Estados democráticos de los que no lo son.
Joaquín Pérez Becerra no tenía miedo de vivir en Suecia por este
motivo. ¿Acaso se estaba equivocando?
Annalisa
Melandri – www.annalisamelandri.it
Periodista, activista por la defensa de los derechos
humanos
miembro de la Liga Mexicana por la Defensa de los
Derechos Humanos (LIMEDDH) y de la Comisión Nacional por la
Defensa de los Derechos Humanos (CNDH).
P.S. Por la
enorme indignación que ha desatado la detención de Joaquín Pérez Becerra en
amplios sectores de la sociedad civil, y por el gran debate surgido he
considerado necesario dar a esta carta carácter público.
