“Mi esposa es testigo de que lloré de la emoción cuando me dijeron que habían matado a Cano”.Presidente Juan Manuel Santos al saber la muerte de Alfonso Cano, comandante de las FARC-EP
“El Gobierno Santos: discurso suavizado, pero violaciones de derechos humanos igual de atroces”.Piedad Córdoba en Madrid el 1º de diciembre de 2011-12-05
El formidable juicio
político de Piedad Córdoba en Madrid contra el Estado Terrorista Colombiano
La siguiente
lectura nos sitúa frente a un extenso proceso político de la senadora Piedad
Córdoba contra el estado colombiano. Tenía que ser ella quien lo hiciera, una
mujer con una valentía ilimitada. Posiblemente los voceros del terrorismo de
estado colombiano odian más a esa mujer que cualquier comandante
guerrillero, por su seguridad, por su moral, por su convicción capaz de dejar
al desnudo la mentira más infame.
Porque se atreve
a cuestionar a ese estado, las acciones sangrientas, los montajes judiciales.
Se atreve a cuestionar los motivos reales de la Marcha del Odio, que se prepara
para hoy
martes en Bogotá, convocada por el mismo estado terrorista contra la
insurgencia y con alcance extendido hacia el propio pueblo colombiano.
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| Jaime Gómez. |
Ella se ha
atrevido a cuestionar la medicina forense porque la ha tomado en flagrancia
cuando fuera asesinado su asesor político, Jaime Gómez, por manos de esos
operadores al servicio de los falsos positivos.
En Madrid también
se atrevió a ponerse de pie y defender a la compañera española, Remedios García y a Leyla
Ordóñez, víctimas de la guerra jurídica del estado colombiano, ambas acusadas
de ser colaboradoras de la guerrilla cuando en realidad son colaboradoras, como
Piedad, de un proceso que lleve por fin a la solución política en Colombia. Ese
mismo proceso que los verdaderos terroristas niegan y lo hacen a fuerza de
muerte y persecución.
Con Piedad no
pueden ni siquiera los periodistas asalariados por la inteligencia militar, o los
operadores del DAS de “las chuzadas”. Por ello se sienten totalmente
descontrolados, Santos, Uribe y Cia, realmente es casi tragicómico que esos dos
personajes se reduzcan tanto en tamaño y se vuelvan unos minúsculos
políticos por que sus cerebros no están al nivel de Piedad. Gritan y amenazan
sabiendo que tienen la fuerza bruta detrás de sus espaldas.
La integridad de
Piedad no tiene límites, embiste con la fuerza de la razón y pega duro cuando
no tienen modo de dar vuelta sus criterios.
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| El Reichstag, sede del parla- mento alemán envuelto en llamas en 1933. |
Esta increíble
mujer me recuerda a
Giorgio Dimitrov, el dirigente comunista búlgaro cuando fue
acusado por Hitler de haber incendiado al Reichstag, parlamento alemán
en 1933. También entonces pensaron que el luchador sería una presa fácil y
debieron morderse los codos por carecer de pruebas, como hoy les ocurre frente
a Piedad.
Dimitrov se
encargó de su propia defensa y le dio una lección, no solamente a los fascistas
alemanes, sino a todos los militaristas del mundo que pensaron que ese búlgaro
podría ser el pretexto para extender los planes de guerra que costó la vida a
55 millones de seres humanos durante la segunda guerra mundial. La fuerza y la
razón quedaron a la vista y la mentira fue desarticulada como
correspondía.
La misma valentía
que tiene Piedad Córdoba, una auténtica “combatiente” sin fusil, una guerrera
que aplastó a Santos y a Uribe sin mayores esfuerzos en su intervención del 1º
de diciembre, en Madrid.
Mujeres como
Piedad son las que nos permiten estar seguros que más temprano que tarde la paz
con justicia social será también una realidad en la tierra colombiana. ¡Cómo
para que no la odien los genocidas!
Dick
Emanuelsson
Tegucigalpa
Tegucigalpa
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Defensores de la paz y de los derechos humanos son perseguidos en España con montajes judiciales
Piedad Córdoba acompañó en Madrid a Remedios García y Leyla Ordóñez, víctimas de la guerra jurídica
Patricia Rivas,
Rebelión
La Plataforma de Solidaridad con Remedios García convocó
el pasado 1 de diciembre un acto público de denuncia y desagravio por la
injusta persecución judicial que padece esta mediadora por la paz desde hace
más de tres años.
La ex senadora y representante de Colombianos y
Colombianas por la Paz, Piedad Córdoba Ruiz; el abogado defensor de Remedios,
Enrique Santiago Romero, y el periodista José Manuel Martín Medem fueron los
encargados de levantar la voz y recordar a la opinión pública que quien fue
linchada repetidas veces en los medios de comunicación masivos como
“terrorista” y utilizada incluso en una campaña propagandística contra el
Gobierno de Venezuela, con el silencio cómplice del Gobierno español, es en
realidad una víctima de una estrategia de guerra jurídica y propagandística
contra los defensores de derechos humanos y quienes trabajan en favor de un
proceso de paz que termine con el conflicto armado interno que desangra a
Colombia desde hace más de medio siglo.
La guerra en Colombia, impulsada por el establishment
económico y político del país con la cobertura de la “lucha contra el
terrorismo” se deriva de la lucha por el control de la tierra y de los recursos
naturales estratégicos que codician las transnacionales. Por eso, más allá de
los choques armados entre la fuerza pública y la insurgencia, la guerra se
extiende en forma de desplazamiento forzado de millones de campesinos y
miembros de comunidades originarias, empujados por el terrorismo de Estado
promovido desde elementos estatales y narco-paramilitares, en una estrategia
que cuenta con cobertura y apoyo por parte de Estados Unidos a través del Plan
Colombia y el Plan Patriota. Una pequeña muestra de las cotas de impunidad y
depravación que ha alcanzado el Estado colombiano en la aplicación de esa
estrategia son los miles de asesinatos de civiles a manos de la Fuerza Pública
(llamados “falsos positivos”), en las que personas de las zonas pobres son
captados con engaños por miembros de la fuerza pública, asesinados y
presentados posteriormente como guerrilleros “dados de baja” en combate. Hay
más de dos mil casos documentados.
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| Guerrilleros del Bloque Sur de las FARC-EP. |
En Colombia a los miembros de la fuerza pública en manos
de la insurgencia se les llama “secuestrados”, en lugar de presos de guerra,
que es lo que son en aplicación del Derecho Internacional Humanitario que
regula los mínimos de la guerra. En cambio, a los 800 miembros de la
insurgencia presos de guerra en las cárceles colombianas se les llama
“terroristas”, pero no se habla de ellos ni los medios de comunicación se
acuerdan nunca del sufrimiento de sus familiares. Tampoco cuentan que son
sistemáticamente torturados, psicológica y corporalmente, y que se les deja
morir en silencio, sin las mínimas condiciones sanitarias y de asistencia
médica.
Pero además de los soldados, policías y guerrilleros
presos, la guerra y su lógica de exterminio y criminalización, se traduce en
más de siete mil quinientos presos políticos, de los que solamente unos
ochocientos son miembros de la insurgencia. La inmensa mayoría son civiles,
encerradas en las cárceles del Estado colombiano bajo acusación de “rebelión” y
“terrorismo”, sencillamente por su condición de líderes campesinos, sindicales,
estudiantiles, indígenas o afro-descendientes; por ser incómodos y denunciar el
terrorismo de Estado en cualquiera de sus formas. La herramienta utilizada es
un montaje judicial, con falsos testigos y pruebas fabricadas ad hoc.
El Gobierno colombiano ha exportado esta estrategia a
Europa, y gracias a la colaboración de la fiscalía y las autoridades españolas,
hay dos ciudadanas en España sometidas a un linchamiento mediático y a un
calvario judicial, a las que se ha puesto en la picota, destrozando su buen
nombre: Remedios García, desde julio de 2008 y Leyla Ordóñez, desde febrero de
2011.
“Piedad Córdoba: “Participaré en todos los espacios de
reconocimiento a Remedios: todo lo que le sucede proviene de haber tratado de
ponerle remedio a la guerra”
Me complace mucho reencontrarme con Remedios, quien ha
tenido que padecer cualquier cantidad de sucesos, todos provenientes del simple
y claro hecho de haber apoyado a un país que busca la paz desde hace mucho
tiempo y que, sobre todo, el hecho de haber sido una figura de procurar aliviar
la vida tan difícil y la postración de derechos humanos que vive el país, se ha
visto sometida a este torbellino de cosas que parecen no tener fin, incluso a
pesar de que en el país se han tomado decisiones por parte de la Corte Suprema
que la deberían tener ya fuera de todo tipo de investigación.
En segundo lugar, me parece muy interesante que sea en la
Junta de Vecinos donde se pueda hacer esto, donde haya interés por lo que pasa
en un país como Colombia y por hacer reconocimiento a una mujer que, sin lugar
a duda, ha tratado de ponerle remedio a la guerra y el conflicto que vive el
país, aportando un granito de arena.
Yo siempre pienso que los momentos de mayor dificultad
están relacionados con la posibilidad real de que se arreglen cosas. Porque
esta no es una pelea de ángeles y arcángeles. Esta es una pelea del
establishment económico del país y del mundo por lograr hacerse con un país,
sus recursos y sus gentes, y no ile importan las cifras de miseria, de pobreza,
de exclusión, o una democracia tan frágil como la que se da en Colombia.
Precisamente ese afán, ese interés, se ve reflejado en la nula voluntad
política que tienen los estamentos de poder en el país de que realmente se
pueda avanzar.
Cómo se solazan con la muerte
A pesar de todas las críticas y de todas las voces
agoreras de mala suerte, pienso que hemos avanzado muchísimo, al menos en
visibilizar la precariedad democrática que hay en el país, en mirar de todas
maneras cómo se degrada cada vez más la situación de derechos humanos en el
país, cómo se prefiguran unas leyes y se configuran unos escenarios que en la
práctica realmente ni se pueden aplicar, ni son ciertos. Y una de las cosas que
inclusive más me llama la atención y de las cuales creo que es importante
procurar hablar en todos los espacios es cómo se solazan con la muerte. Como
decía el Presidente de la República, el doctor Santos, cuando le da la noticia
al país, cualquiera estaría pensando que encontraron otro pozo petrolero, así
sea para robárselo, o que encontraron la vacuna contra el cáncer, por la forma
en que se presentaron los noticieros. Y ver uno la sonrisa del Presidente de la
nación diciendo: “Mi esposa es testigo de que lloré de la emoción cuando me
dijeron que habían matado a Cano”.
Yo creo que eso no amerita la preocupación de nadie ni la
discusión, pero sí amerita que yo haya dicho que asesinaron al comandante Cano,
que lo rechazamos, que nos parece indignante que hayan asesinado a 4 soldados
de la patria. 4 personas que por lo general son campesinos o personas de
cualquier barrio popular de cualquier ciudad de Colombia, que al Gobierno no le
importan absolutamente nada, porque lo que es importante ahí es cómo seguir
sosteniendo en el país que la salida militar es la que es importante y no el
diálogo, ni el debate, ni la discusión, ni la repolitización de la sociedad, ni
el instrumento de la política para avanzar en los temas que requiere el país.
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| Miguel López, uno de los miles de habitantes en el barrio Usme, al sur de Bogotá que se enterro vivo, reclamando desesperadamente ayuda para los 250.000 seres humanos en la miseria del sur de Bogota. FOTO: DICK EMANUELSSON. |
Colombia en
cifras: 20 millones de pobres
Yo quisiera traer a colación las últimas cifras. Porque
creo que lo que hay que mostrar no es “Colombia es pasión”, sino Colombia en
cifras. Colombia en cifras son 8 millones de indigentes; 20 millones de pobres;
1,5 % de personas que tienen el 51% del territorio productivo del país; 4
millones de hectáreas reconvertidas al cultivo de palma de aceite, o a cultivo
de caña o de agrocombustibles. O que el 6% del PIB del país se dedica a la
guerra, y que solamente el 0,4% se dedica a educación. O decir que un
estudiante de educación superior al país le cuesta 3 millones de pesos, cuando
un guerrillero en la cárcel le cuesta 14 millones de pesos al Estado, o que le
cuesta 13 millones de pesos un soldado en la guerra.
Lo que más me impresiona y me da la sensación de que
incluso se está tratando de reconocer de antemano que están fracasando, y no es
que están fracasando porque a mí me parezca bueno que maten o que no maten,
sino porque cuando el Director de Planeación reconoce que somos un país muy
desigual, que realmente los indicadores de pobreza son alarmantes, que el país
no está ganando la lucha contra la pobreza. Que somos el segundo país más
desigual de América después de Haití o el tercero después del Congo y Haití en
el mundo... Uno se pone a pensar: pero si saben eso, y acaban de votar un
Proyecto de Presupuesto, un Plan de Desarrollo de 4 años, donde los porcentajes
más altos se dedican precisamente a la guerra. Y yo creo que todo eso es
precisamente para decir: a pesar de que no somos capaces de construir la
miseria, la desigualdad, la exclusión, pues vamos a seguir con la guerra. Es
decir, de lo poquito que quede, de todas maneras necesitamos que ustedes se
despojen para poder continuar en una guerra.
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| Noviembre de 2000: Miles de presos politicos y presos guerrilleros se declararon en desobediencia por las miserables condiciones infrahumanas en la Cércel La Modelo. FOTO: DICK Emanuelsson. |
Pedimos una tregua
de la insurgencia y del Gobierno
Cuando realmente, si existiera la voluntad política,
podríamos tranquila y llanamente avanzar en declarar una tregua, que es lo que
venimos proponiendo: que se declare una tregua tanto de parte de la insurgencia
como del Gobierno, o generar escenarios donde se pueda conversar. Pero mientras
que el Presidente va a Inglaterra y dice que tiene la llave, y llega al país y
con la llave se dedica a dispararle a todo el mundo y a generar lo que se ha
venido generando. De una absoluta pobreza en la argumentación y de una absoluta
precariedad, sobre todo en la posibilidad de que los mismos medios de
comunicación le permitan a la gente opinar.
El próximo 6 de diciembre hay una marcha, y no es
solamente contra las FARC. La marcha es contra todos los que no estamos de
acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Contra los que nos levantamos y
somos capaces de decir: hay que escuchar a las FARC, hay que escuchar al ELN.
Así como a nadie le preguntaron que había que escuchar a los paramilitares, los
escucharon, los colegiaron y sin embargo no se ha acabado el paramilitarismo.
Sin embargo, a pesar de todas esas circunstancias, que son muy difíciles,
reverdecen otras cosas, como el movimiento estudiantil.
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| Julio de 2001; Los prisioneros en dos pavillones bajo control de ELN y las FARC, fueron victimas por los paramilitares que, armados co fusiles de alto calibre, tenían luz verde del estado y INPEC de asesinar a los guerrilleros presos en la Carcel La Modelo. Treinta guerrilleros fueron asesinados salvajemente por la decisión del estado terrorista. Foto: Dick Emanuelsson |
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| Un preso político asesinado es llevado en bolsa negra a la camioneta de la Medicina Forense. Foto: Dick E. |
Movilización
estudiantil
El movimiento estudiantil no está donde está porque de la
noche a la mañana a unos estudiantes les pareció que era importante salir a
marchar. Es que se vienen organizando de tiempo atrás. Es que hace tres o
cuatro años apareció la FEU y la FEU comienza a llamar a los estudiantes del
país. Es que hace 4 meses hicimos un congreso de la FEU y asistieron 5 mil
estudiantes. Nosotros participamos apoyando a los estudiantes con toda la
logística para que lo pudieran convocar. De ese evento salieron cosas tan
importantes como la unidad de las universidades públicas y privadas frente a la
necesidad de hacerle oposición a una reforma de la educación que se aviene al
Tratado de Libre Comercio que acabaron de firmar en Estados Unidos y que tiene
que ratificar el Congreso de Colombia. Y donde lo que se da es la apertura
total y se legaliza la presencia de muchas Universidades de los Estados Unidos,
fundamentalmente, que han comprado universidades en el país, que requieren unas
exigencias de orden jurídico que les permitan realmente recibir recursos del
Estado. Es que ni siquiera es llevar plata para invertir en las universidades,
sino recibir recursos del Estado para supuestamente ellos prestar la educación
en el país. Una educación que debería ser, simplemente, un derecho, que es
fundamental además, pero que hoy se somete a la oferta y la demanda del
mercado.
Esa discusión que moviliza a los estudiantes, pero que
viene de tiempo atrás, conecta con los padres de familia, con los sindicatos,
que han empezado a reflexionar. Porque la verdad es que todo el mundo en los
sindicatos no está dispuesto a irse de ministro ni de vicepresidente, ni de
embajador, porque mientras una persona se coloca, el país queda en unas
circunstancias sumamente delicadas.
Ahora viene una reforma laboral que legaliza la
tercerización del empleo y que además acaba con el contrato de trabajo, y se
supone que tiene que tener un gladiador en la Unión Europea para poderle meter
a la gente que eso es lo que requiere el país, cuando eso no es cierto. Y esos
requerimientos son de los tratados de libre comercio.
Conflicto
minero
Hechos como el levantamiento que ha habido en los últimos
días en el Meta, en Pacífico Rubiales en Puerto Gaitán, donde el 80% de la
exploración del país la hace esta empresa, y por ahí derecho se ha quedado
también con la explotación, con unas condiciones laborales de los trabajadores
y las trabajadoras de ese sector petrolero impresionantes. Puerto Gaitán no
tiene agua, no tiene luz; como no lo tiene la Alta Guajira, que tiene a la
Drummond, de donde se saca el carbón; como no lo tienen muchas de las regiones
que hoy han sido arrasadas para la siembra de palma africana y como no lo
tienen muchas de las regiones que hoy, ante el anuncio de la “locomotora” que
hizo el Presidente. La expectativa de la explotación minera a cielo abierto no
solamente ha fortalecido el paramilitarismo, sino que también ha desplazado a
los campesinos y campesinas. Pero también hay que agregar que se ha modificado
una legislación minera, una modificación que hicieron las multinacionales de la
mano de algunos apátridas. Y hoy, ¿qué está haciendo el Gobierno? Persiguiendo
a los pequeños mineros, metiéndolos a la cárcel. En Caucasia hoy hay un
levantamiento de toda la región minera de Antioquia, de esa zona del Bajo Cauca
antioqueño, porque a los que están metiendo a la cárcel ya hoy con el nuevo
Código Minero es a los mineros artesanales, que llevan años y años en todas
esas regiones, porque “hay que procurar la seguridad”.
Yo los invito a que escuchen la última intervención del
Presidente, diciendo cuáles eran las condiciones de seguridad para los
inversionistas. Es muy importante, es uno de los hechos más significativos de
los últimos días: se aumenta el pie de fuerza y ese pie de fuerza está ubicado
coincidencialmente donde están las zonas mineras: noroccidente y Sur de
Bolívar, Marmato en Caldas, Jiguamiandó y Curvaradó en el Chocó y Antioquia,
toda la zona que está rodeada de oro en Buenaventura, es decir, todas las
regiones de mucho interés.
Quieren acallar
la movilización con amenazas
Tal vez lo que la gente no sabe y es desalentador es ver
cómo el paramilitarismo está, inclusive, yo diría peor que en los años 90, peor
que en la época de Pablo Escobar. Algo inaudito. Pero en medio de toda esa cosa
–decía yo- reverdecen muchas esperanzas. Florece ese movimiento obrero en
Puerto Gaitán, donde han obligado a la empresa a sentarse y hablar con los
trabajadores. A pesar de que en Segovia un trabajador del Gobierno anterior
prácticamente se robó la propiedad de la mina, que era de los trabajadores,
miembros del Partido Comunista, la escritura se la habían dejado a ellos. Se
quedaron con la mina, pero la gente no se ha amilanado, la gente se está
organizando. En Colombia hay una movilización, que se pretende acallar hoy con las
amenazas de que todos los que no estamos de acuerdo con eso somos terroristas,
o pertenecemos a la insurgencia. Y yo creo que la gente ha empezado a hacer
caso omiso de ese discurso, porque la gente está llegando a las movilizaciones;
está participando, está fortaleciendo un movimiento desde la sociedad civil
para buscar la paz.
Creo que la enseñanza que ha sido para nosotros el
oprobio o la infamia pública a la que se ha sometido a Remedios es lo que nos
ha fortalecido a muchos a pensar que en muchas oportunidades, por muchas
razones, quienes han llevado la bandera en lo alto, quienes han avanzado
terminan o yéndose del país o siendo asesinados, que es lo más común en
Colombia. O termina desprestigiado y aislado, porque la pelea es muy dura y muy
desigual.
A mí me parece tan vergonzoso que el Gobierno pueda decir
que utilizaron veintitantos helicópteros, no sé cuántos aviones, no sé cuántas
bombas de 500 y 800
libras para asesinar a una sola persona, a Alfonso Cano,
que así a ellos no se lo parezca, era un colombiano que estaba buscando la paz.
Y esa desproporción en el uso de la fuerza no les parece anormal.
Yo creo que a pesar de este suceso tan doloroso de la
última semana del asesinato de los 4 policías, donde creo que lo ético es que
se investigue en una comisión quién los asesinó realmente. Porque el único
soldado que quedó vivo, lo primero que sale a decir es: “Yo pude seguir vivo
porque me escondí y me pude separar del tiroteo que había entre el Ejército y
las FARC”. Entonces, como él mismo dice, los pudo haber matado o un tiro de los
unos o de los otros. Ya las noticias que se presentan después son otras.
Obviamente, no sólo para confundir, sino para mantenerse en el argumento de que
la salida no es la política ni la negociación, sino la guerra.
Yo creo que hay que tener muchísima paciencia, para ser
capaces de continuar. Por eso es muy importante que europeos y europeas por la
paz, que nos invitan acá, como nos invita Mundubat, realmente sigamos haciendo
este trabajo para poder contar lo que está pasando. Porque a pesar de que hoy
estamos en la era de la información, como dice Manuel Castells, a nosotros nos
toca estar en la era del burro y de la mula, boca a boca, con volanticos y con
cosas, porque son mucho más poderosos los medios de desinformación, que además
defienden intereses muy claros de los medios de los dueños de los medios de
producción, que no quieren dejar abierta la posibilidad de que se acabe la
guerra en el país.
Prisioneros de
guerra
Hemos pedido esa comisión de investigación y hemos pedido
una comisión de verificación sobre las condiciones de los prisioneros de
guerra, que es un imperativo ético de quienes estamos trabajando por la paz. Es
una necesidad además de que se visualice que este no es un intercambio tuerto
como dicen algunos, sino que aquí hay dos partes contendientes. Y si el mismo
Gobierno reconoce que hay un conflicto, ese conflicto amerita y obliga a que se
apliquen los protocolos y el derecho de guerra donde, efectivamente, hay unas
limitaciones, hay unas prohibiciones que son los mínimos éticos que tiene la
guerra. Hablar de humanizar la guerra, como decía el mismo comandante Manuel
Marulanda en su momento, es eludir la capacidad de poder terminar la guerra.
Ojalá la pudiéramos terminar y no tuviéramos que llegar a eso, pero todo el
mundo no razona ni racionaliza de la misma manera, ni los intereses van a dejar
que esto ocurra de tan fácil manera.
Mientras tanto, nosotros a partir del mes de enero, nos
vamos a ir preparando para eso. A pesar de que ya se tenía convocada una
reunión, porque se tenía noticia de que llegaba la carta con alguna de las
mujeres que firmaron la carta, que, de todas maneras, van a llegar a Bogotá el
próximo 4 de diciembre, nosotras vamos a plantear la creación de la comisión.
Vamos a plantear la creación de otra comisión que revise los procesos por los
cuales han sido condenados 7.500 presos políticos, de opinión, entre los que
está los mismos combatientes guerrilleros, y que han sido condenados
prácticamente sin fórmula de juicio.
Fui destituida
y no me he podido defender
Yo pongo un ejemplo muy concreto, para no ir ni siquiera
a los que están alzados en armas: yo misma. Yo fui destituida y no tengo
derechos políticos en este momento, hasta dentro de 17 años, porque va a
cumplirse ya un año desde que fui destituida. Y lo que la gente no sabe es que
yo no me pude defender, porque el Procurador no dejó que agotara los recursos.
Y cuando se iba a llegar a un recurso me montaba otro proceso, y mientras
tanto, otro proceso. Hoy me abrió una investigación –sabiendo que ya no me
puede investigar más- dizque porque yo tengo un apartamento en Barcelona y
tengo cédula venezolana… y la única que no sabe eso soy yo.
Entonces, lo que uno ve claro es el afán y el interés por
desdibujar el trabajo que muchos hacemos. Pero además de eso, de dejar sin una
defensa ética, que es la defensa que tiene que hacer la sociedad, de quienes
procuramos un orden político, social y económico totalmente diferente. Y sobre
todo, en la manera como ellos dan las noticias, pero fundamentalmente, en que
no puedan existir los recursos.
En otro país, la Corte Constitucional, y no me voy contra
ella, ya hubiera definido mi tutela. Llevo ya casi un año y tampoco sé si el
pronunciamiento va a ser a favor del Derecho, porque yo no estoy exigiendo nada
más. El Consejo de Estado últimamente tomó la decisión de no estudiar la
suspensión provisional, que fue lo que yo solicité. Bueno, perfecto, hay una
demanda que está en curso. Pero lo pongo como ejemplo no para mostrarles a
ustedes que yo soy una heroína o una mártir. No. Si a mí me pudo haber pasado
eso, que se supone entre comillas que hago parte de un Partido, que hoy está
totalmente entregado a la Unidad Nacional, menos yo, pues ¿qué no le podrá
pasar a una pobre persona que muchas veces no sabe ni por qué la detuvieron? Y
que asegura que no estuvo ahí pero aparece un señor que asegura que sí estuvo
ahí. Además, hay una cosa que nosotros hemos visto en los procesos. Porque yo
activé mi tarjeta profesional y estoy dedicada a defender muchísima gente que
está presa, porque eso sí no me lo pueden quitar, por ahora. Y uno se da cuenta
de cómo han logrado montar una estrategia tan perversa que hasta uno mismo
termina por creerse sus mentiras.
Montajes
judiciales
Cuando fuimos a asesorar a los muchachos que detuvieron
después del Congreso de la FEU en el Caquetá, que detuvieron a un grupo como de
cinco o seis, la presentación que hace la inteligencia es tan sofisticada, en
medios magnéticos y toda esa cosa, que yo llegué a pensar que eso era verdad. Y
además yo aparecía también ahí. Yo misma decía: ¿pero yo qué estoy haciendo
ahí? Y los muchachos se pusieron a llorar, diciendo que eso no era verdad. E
incluso las mismas familias terminan diciendo: “Acepte, mi hijo que le pongan
rebelión, acepte mi hijo”. Y los muchachos decían: ¿Pero por qué vamos a
aceptar eso, si no es verdad?
Es tan sofisticado lo que han venido haciendo, que es una
forma de tortura psicológica, no solamente para quien está implicado, sino
también para el resto, y han logrado que muchos abogados no los defiendan y no
acepten llevar ningún tipo de procesos de estos. Y a todo ese tipo de cosas hay
que ponerles fin. Pero no retrocediendo, sino manteniéndose.
No nos pueden
arrodillar
Yo recurro mucho a una figura española, que es Pasionaria.
Yo creo que su ejemplo de vida, el “No pasarán” sigue siendo absolutamente
vital en este momento. Porque no pueden pasar; porque no pueden seguir. Porque
no nos pueden arrodillar. Porque no pueden lograr que renunciemos a lo que
enarbolamos, que es la defensa de la libertad, la búsqueda del mínimo ético,
que es poder vivir con tranquilidad.
Por eso, yo quería decirle a Remedios que en todos los
actos que haya, en todos los espacios de reconocimiento por lo que ha hecho por
mi país, si yo estoy aquí lo haré, y si no, desde la distancia. Porque lo
necesitamos. Porque estamos convencidos de que la muerte no puede vencer sobre
la vida, y que las circunstancias tan difíciles no pueden ganar ante la
esperanza de vivir en un país en paz.
Colombia es un país maravilloso, con todas sus gentes. Y
batallar en esas circunstancias es muy difícil. Pero más difícil es no hacer
nada. Más difícil es tranquilizarse a ver morir las esperanzas, a ver morir a
tanta gente, y a negarse la posibilidad de haber tenido –lo digo con toda
tranquilidad- a una persona que estaba luchando con tanta certeza y con tanta
responsabilidad, como se había comprometido Alfonso Cano en sacar todo esto
adelante. Qué tan bueno hubiera sido poder estar discutiendo un futuro próximo
con ellos, con todos los que creemos que nuestro país tiene que salir adelante,
inclusive con quienes nos odian a muerte, con los que creen que el derecho es
solamente de ellos y no de todos nosotros y de todas nosotras.
Yo estoy segura de que vamos a salir adelante, Remedios,
totalmente segura. Aunque nos duela mucho. Pero tengo la absoluta esperanza de
que vienen otras cartas; que vienen muy buenas noticias y que esas noticias son
la esperanza de que Colombia pueda vivir en paz. Mil gracias.
Enrique
Santiago: “Todas las acusaciones contra
Remedios y Leyla Ordóñez se sustentaban en pruebas supuestamente encontradas en
los ordenadores mágicos de Raúl Reyes, invalidadas por la Corte Suprema
colombiana”
Es obligación ofrecer una explicación aunque sea somera
de la situación en la que se encuentra ahora mismo la compañera Remedios. Creo
que también es bueno hablar de la situación en la que se encuentra ahora mismo
la otra compañera colombiana que se encuentra también con un procedimiento
abierto ante la Audiencia Nacional, la compañera Leyla Ordóñez, ambas por
hechos muy parecidos, todos derivados de esta caja mágica que son los
ordenadores de Raul Reyes.
El termómetro para medir la poca consistencia que estos
procedimientos judiciales tienen ahora mismo es el mediático: ha desaparecido
absolutamente de los medios de comunicación las noticias relativas a este
procedimiento y los escándalos sistemáticos que la prensa viene organizando,
especialmente entre julio de 2008, el momento de la detención de Remedios, y el
último escándalo, coincidiendo con la detención de Leyla en este año 2011.
Después de eso han ocurrido cosas sumamente importantes,
que la inmensa mayoría de las personas, incluso aquellas que han venido
siguiendo la situación procesal de Remedios y de Leyla ignoran. La primera y
más importante es que la Audiencia Nacional ha levantado el procesamiento y ha
retirado absolutamente todos los cargos que había respecto a Remedios en el
procedimiento que se sigue por la supuesta vinculación entre las FARC, ETA y el
Gobierno de Venezuela.
Operación
difamación
Fue el 1 de marzo de 2010 cuando, antes de que lo
conociera Remedios o su defensa procesal los medios de comunicación, en primera
página otra vez, dieron la noticia de que se procesaba nuevamente a Remedios en
otro procedimiento judicial, esta vez nada más y nada menos que por ser ella el
vínculo entre la organización ETA, las FARC y el Gobierno de Venezuela, en el
Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que dirige un
juez que fue Director General de Justicia en el Gobierno de la Comunidad
Valenciana presidido por el Sr Eduardo Zaplana, cuando la Generalitat
Valenciana en el año 2000 recibió con honores políticos a Raúl Reyes.
El procesamiento de Remedios fue primero conocido por los
medios de comunicación y sólo después, por la propia Remedios y su defensa. Es
más, un mes después de haber saltado a los medios de comunicación toda la
información sobre el procesamiento de Remedios, ella todavía no había sido
notificada en ese procedimiento; un mes después no había podido declarar y no
había podido defenderse. A fecha de hoy todos los cargos han sido retirados, el
procesamiento ha sido levantado porque ninguno de los más de 12 testigos que
supuestamente presentaron las autoridades colombianas –unos, antiguos miembros
de las FARC, según decían; y otros, taxistas venezolanos que, según declaraban,
iban a los campamentos de las FARC a recoger a Remedios en taxi y luego la
devolvían a gasolineras donde supuestamente Remedios entregaba pasaportes
delante de generales del Ejército venezolano a todo tipo de miembros de ETA que
aparecían por allá- después de que todas estas declaraciones resultaran
absolutamente insostenibles (ciudadanos que se presentaban como venezolanos y
que en las declaraciones judiciales reconocían que eran colombianos), lo cierto
es que se levantó este procesamiento y ello no fue noticia, no se publicó en
los medios de comunicación. Practicamente se desconoce no solamente que
Remedios no tiene ninguna acusación en ese procedimiento, sino tampoco los
propios funcionarios venezolanos que fueron acusados.
¿Lo que fue un favor político solicitado por el Gobierno
de España ahora es un crimen?
No voy a hablar de la situación de los presuntos miembros
de ETA acusados en ese procedimiento, la inmensa mayoría de los cuales se
encuentran en Venezuela desde hace más de 20 años a petición del Gobierno
español al Gobierno venezolano. Fue un favor político que realizó el Gobierno
venezolano al Gobierno español a petición del entonces presidente del Gobierno,
el señor Felipe González. Luego el juez se pregunta qué hacen estos miembros de
ETA viviendo en Venezuela, que por qué tienen nacionalidad venezolana, que por
qué están casados con ciudadanas venezolanas. La contestación es bien sencilla:
llevan 20 años viviendo en Venezuela y el Gobierno venezolano además ha
garantizado al Gobierno español como parte de ese acuerdo político, que estos
señores, presuntos miembros de ETA –porque la inmensa mayoría no han sido nunca
juzgados- no podrían regresar a España.
Lo que es un favor político del Gobierno venezolano, en
principio, del Gobierno de Carlos Andrés Pérez, que luego mantiene el Gobierno
del presidente Hugo Chávez, esto es elevado nada más y nada menos que a la
categoría de crimen o complicidad, para el presunto sostenimiento, financiación
y entrenamiento de ETA. Con el silencio absolutamente cómplice del Gobierno
español, que en ningún momento ha tenido la entereza o la honradez de decir que
la explicación por la cual estos señores están en Venezuela es porque nosotros
lo pedimos y nosotros los enviamos, al igual que se lo hemos pedido al Gobierno
de Argelia, al Gobierno de Cabo Verde, al Gobierno de México, al Gobierno de
Uruguay o al Gobierno de Cuba. Y además debemos agradecer que estos presuntos
miembros de ETA no hayan vuelto de Venezuela, porque eso significa que el
Gobierno venezolano está cumpliendo el compromiso político que nosotros les
pedimos. En ningún momento el Gobierno español ha levantado la voz para dar
estas explicaciones que serían de mínima honradez, no ya por ser cabales,
ajustadas a la realidad, sino por mínima honradez. El Gobierno español ha
mirado para otro lado mientras se organizaba un auténtico escándalo mediático
que ha supuesto incluso la criminalización del Gobierno de Venezuela, que era
la cabeza que se buscaba con este procedimiento, ante la comunidad
internacional y justificar las acusaciones de connivencia con el terrorismo, de
financiación del terrorismo, por parte del Gobierno de los Estados Unidos y
adláteres.
Y ni más ni menos que la pieza clave con la que la
justicia española mantuvo un tiempo tal falacia, una construcción que en la
practica resultaba propagandística, era la compañera Remedios, a la que
posteriormente, como digo, le fueron retiradas las acusaciones. Una vez retiradas,
¿cuál es la situación de Remedios?
Pendiente de
poder defenderse desde julio de 2008
La compañera Remedios sigue teniendo una acusación que
deriva del primer procedimiento que se le abrió cuando fue detenida en julio de
2008. En principio se le acusa por colaboración, no por integración, con
organización terrorista, concretamente por su colaboración con las FARC. Esa
presunta colaboración se supone que la ha realizado Remedios mediante
actividades de proselitismo, reclutamiento, adoctrinamiento y financiación o
ayuda a todas estas cuestiones.
A fecha de hoy Remedios no ha vuelto a ser citada a
declarar en la Audiencia Nacional en todo este procedimiento, desde julio del
año 2008. Todas y cada una de las pruebas que se han presentado contra ella han
sido no muy difícilmente contrarrestadas y desmentidas, y el núcleo de las
pruebas que la fiscalía española a través de la fiscalía colombiana presentaba
contra Remedios era el contenido de los famosos ordenadores de Raúl Reyes que
en el pasado mes de mayo de 2011 la Corte Suprema declaró nulos de pleno
Derecho por ser pruebas obtenidas –como veníamos diciendo aquí, en Colombia y
en cualquier lugar del mundo donde se han intentado utilizar por los
tribunales- con violación de innumerables normas de Derecho nacional interno
colombiano e internacional. Concretamente, la Corte Suprema colombiana las
anula por la primera de las alegaciones que presenta en este caso la defensa
del representante a la Cámara Wilson Borja. Ese ha sido el procedimiento en el
que se han anulado porque ha sido el primer procedimiento sustentado en las
supuestas pruebas de los ordenadores que ha llegado a la Corte Suprema de
Justicia colombiana.
Las únicas
pruebas presentadas contra Remedios ya han sido invalidadas
Es decir, por primera vez, y a pesar de las presuntas
mentiras reiteradamente mantenidas por los oficiales de policía colombianos que
han declarado en el procedimiento en España –que han mantenido en todo momento
que esas pruebas tenían plena validez ante los tribunales colombianos, cuando
en ese momento ya esas pruebas habían sido anuladas por tribunales inferiores,
que no las habían tenido en cuenta, y fueron los recursos de la fiscalía
colombiana los que motivaron que llegara a la Corte suprema- la Corte Suprema
las anuló por la primera causal alegada, que fue por haberse obtenido en contra
de lo establecido en los Convenios Bilaterales y multilaterales de cooperacion
jurídica, en violación de la soberanía territorial de Ecuador y haber sido
obtenidas por agentes del Estado no investidos de autoridad judicial,
concretamente por las fuerzas armadas colombianas, que intervenían sin ningún
tipo de cobertura judicial para actuar en otro país distinto del suyo.
Y digo que es la primera causal, es la primera alegación
la que admite la Corte, porque obviamente había muchas más. Si esa hubiera sido
desestimada, la Corte tendría que haber examinado otras y, probablemente, esta
primera causal es la que crea menos problemas políticos al Gobierno colombiano.
Porque las otras eran ya de una índole mucho más seria, quizás no tanto en las
relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia, pero sí respecto a la
actuación y la falta absoluta de respeto que las autoridades colombianas tienen
respecto a los derechos humanos. Porque el resto de causales hacían referencia
a la perpetración de crímenes de lesa humanidad en la obtención de las
presuntas pruebas.
Es decir, como está certificado por forenses ecuatorianos
y por forenses franceses traídos por las autoridades ecuatorianas, todos los
supuestos miembros de las FARC que quedaron en el campamento de Raúl Reyes
después del bombardeo y de la operación militar en la que se obtuvieron esos
ordenadores, todos aparecieron con tiros en la cabeza o acribillados por la
espalda. Es decir, ejecutados, todos y cada uno de ellos.
O que el propio cuerpo de Raúl Reyes estuviera destrozado
por un uso excesivo de la fuerza, que también es un crimen de lesa humanidad:
esta persona había sido bombardeada sistemáticamente.
Computadores
mágicos
 |
| Joaquin Gómez, Simón Trinidad y Raul Reyes de las FARC con la canciller sueca Anna Lindh y el comisonado por la paz del gobierno de Andrés Pastrana, Camilo Gómez, estuvieron un mes en Europa intentando entenderse y entender otros procesos políticos del viejo continente. ¿Es el camino o es la guerra? |
O luego alegaciones ya de tipo mucho más doméstico, que
no dejan de llamar la atención. ¿Cómo habiéndose acreditado por las Fuerzas
Armadas Colombianas las toneladas de bombas arrojadas sobre ese campamento y
sobre esos materiales informáticos, cómo es posible que ordenadores laptop de
uso doméstico que en los certificados de instrucciones dicen que no resisten
más de cien grados de temperatura, cómo es posible que ni uno solo de esos 15
ordenadores, 80 pen-drive, y veintitantos discos duros, ni uno solo, estuviera
dañado por efecto del calor después de haber soportado toneladas de bombas que
cayeron sobre ellos? No es que no hubiera ninguno roto físicamente, sino que ni
siquiera se hubieran dañado. Es decir, que la temperatura supuestamente no
superó los cien grados, después de toneladas de bombas que cayeron sobre estos
instrumentos.
La Corte Suprema colombiana lo que ha hecho es acoger la
primera de las causales alegadas porque probablemente es la que causa menos
escándalo político. Una vez que anulamos estas pruebas por esta causal, nos
evitamos tener que entrar en las siguientes. Nos evitamos tener que entrar en
el análisis de si ha habido crímenes de lesa humanidad, o nos evitamos tener
que entrar en el análisis de las muchas falacias vertidas, que no son
sostenibles desde el punto de vista jurídico pero ni siquiera desde la lógica,
como es este misterio de la naturaleza y la técnica de ordenadores que aguantan
miles de grados.
Los mismos policías colombianos que no han reconocido
ante la Audiencia Nacional que estas pruebas ya estaban siendo cuestionadas por
los tribunales colombianos, ellos mismos reconocen que, efectivamente, las
toneladas de bombas que cayeron provocan un equivalente a cientos de grados
centígrados. Y no eran capaces de dar ningún tipo de explicación lógica. ¿Cómo
es que ninguno, ni siquiera un maldito pen-drive había sido dañado y todos
estaban absolutamente íntegros en sus materiales? Al igual que también
reconocieron otras cosas sorprendentes.
Los ordenadores son incautados en una operación nocturna,
tardan tres días en llegar a Bogotá, con todo un fin de semana de por medio. La
operación es la noche de un viernes a un sábado, los ordenadores no llegan a la
Policía en Bogotá hasta el lunes por la mañana y el sábado por la mañana, ya en
varios periódicos de Colombia y de Ecuador, aparece en primera página el
supuesto contenido de los ordenadores. Cuando la propia policía colombiana
certifica que los ordenadores no han sido abiertos en sede policial hasta el
lunes. Es decir, 36 horas antes de que esos ordenadores sean abiertos, según el
informe pericial, ya aparece en medios de comunicación ecuatorianos y
colombianos en primera página el contenido. Algo que tampoco han sabido
explicar, no ya las autoridades colombianas, sino los propios agentes
policiales responsables de esta operación que han intervenido ante la Audiencia
Nacional.
Ignominiosa
persecución en España contra una refugiada
El asunto es que, una vez presentada ante la Audiencia
Nacional, tanto en el único procedimiento ya que se sigue contra Remedios como
en el procedimiento de extradición que inician las autoridades colombianas
contra la compañera Leyla Ordóñez que, obviamente, no fue ni tan siquiera
mantenida en prisión, porque su estatus de refugiada política en España impide
no solamente que sea sometida a un procedimiento de extradición, sino que
impide ser devuelta a Colombia: la compañera Leyla podría ser enviada a
cualquier país del mundo para ser juzgada salvo a Colombia, porque es el único
país respecto al cual está absolutamente protegida de ser devuelta por la
Convención de Ginebra, que dice taxativamente que un refugiado jamás, bajo
ningún concepto, puede ser devuelto al país del que huyó buscando protección.
La compañera Leyla queda en libertad en el momento en que
comparece ante la autoridad judicial, a pesar de que la fiscalía española
solicitaba prisión incondicional sin fianza. Todas las pruebas que se presentan
contra Leyla devienen de estos maravillosamente resistentes ordenadores y
materiales informáticos de Raúl Reyes.
Al margen ya de fundamentaciones de supuesto vínculo con
organizaciones o actividades terroristas de Leyla, que no dejan de herir el
sentido común y la honorabilidad de las personas, una de las gravísimas
acusaciones formuladas por el Gobierno colombiano era que del contenido de esos
ordenadores se desprendía que Leyla había constituido una organización
defensora de los derechos humanos para desprestigiar al Gobierno colombiano en
España, dando incluso el nombre, efectivamente, de una asociación registrada,
legal en España, que ha realizado innumerables actividades en defensa de los
derechos humanos. Y esto era argumentado como una fehaciente prueba por parte
de las autoridades colombianas de su vínculo con organizaciones terroristas,
como parte de esa llamada guerra jurídica que lleva adelante el Gobierno
colombiano respecto a los defensores de los derechos humanos.
La fiscalía
española y colombiana llevan seis meses sin responder
Cuando esta sentencia de la Corte Suprema colombiana se
emite en el mes de mayo, se presenta tanto en el procedimiento de Leyla como en
el procedimiento de Remedios en dos juzgados distintos de la Audiencia Nacional
y se piden dos cuestiones:
- En primer lugar, que el
juez español acuerde remitir esa sentencia a Colombia para que las
autoridades colombianas certifiquen que esa sentencia es auténtica. Y que
además es firme y no recurrible.
- En segundo lugar, que la
fiscalía española, en ambos procedimientos, explique si además de los
contenidos de los ordenadores de Raúl Reyes tienen alguna otra prueba que
permita, una vez anuladas las pruebas procedentes de los ordenadores,
sustentar alguna acusación contra Remedios o contra Leyla.
A fecha de hoy, seis meses después de haberse presentado,
las autoridades colombianas no han contestado esa comisión rogatoria. Ayer
mismo el juez que instruye el procedimiento de extradición de Leyla la reiteró
a Colombia, diciendo que qué ocurría: que cómo es que tardan dos semanas en
enviar órdenes de detención desde que supuestamente detectan en Colombia
elementos incriminatorios contra personas residentes en España, pero que seis
meses después de enviarse una solicitud de certificación han sido incapaces de
contestarla.
A paso de
tortuga también en la causa contra Álvaro Uribe por las chuzadas en España
 |
| Salud Hernandez Mora, falangista y fiel servidor a Uribe. La oficina del DAS-G3 fue frecuentada varias veces por la franquista española que no solamente escribió el prólogo del libro del asesino más grande que haya visto Colombia, el jefe paramilitar Carlos Castaño, sino también tuvo un constante intercambio con la máxima cabeza de los escuadrones de la muerte. En uno de esos correos, Castaño pedia que la franquista bajara un poco el tono agresivo en contra el gobierno en una de sus crónicas que Castaño había recibido para dar su opiníon. ¿Donde escribe SHM? En El Tiempo, por supuesto, el órgano de la familia Santos. ¿Es compatible de ser "Escritora de Fantasma" al Sicario No 1 en Colombia y columnista en El Tiempo? Pues parece que si. |
Una lentitud de las autoridades colombianas que se repite
en otro procedimiento judicial, que no tiene que ver ni con la compañera
Remedios ni con la compañera Leyla, que es el procedimiento que se sigue en los
Juzgados de Madrid, entre otros funcionarios y autoridades colombianas, contra
el señor Álvaro Uribe Vélez, que está imputado por la justicia española por
delitos de intervención de comunicaciones y coacciones por los sucesos del DAS
ocurridos en España. También la jueza que instruye estas actuaciones en el mes
de junio remitió una comisión rogatoria a las autoridades colombianas para que
informaran sobre si los hechos investigados en España estaban siendo
investigados en Colombia, y a fecha de hoy las autoridades colombianas tampoco
han tenido tiempo para contestar esa comisión rogatoria, al igual que otra
similar que otro juez belga ha enviado a Colombia por los sucesos de las
famosas “chuzadas”, que no sólo ocurrieron en Colombia y en España, también en
Bélgica fueron chuzados, espiados, coaccionados tanto refugiados colombianos en
Bélgica como políticos belgas, eurodiputados de distintos países que realizaban
sus actividades en el Parlamento Europeo, y a fecha de hoy las autoridades
colombianas no han tenido tiempo de contestar ninguna de esas cuatro comisiones
rogatorias –las dos de los procedimientos de Leyla y Remedios, la de las
chuzadas del DAS en España y la de las chuzadas del DAS en Bélgica- y tampoco
han tenido tiempo de autorizar una petición de la policía judicial belga que en
el mes de junio solicitó a la fiscalía colombiana desplazarse a examinar ellos
directamente los expedientes del DAS incautados por la fiscalía colombiana en
las oficinas del DAS.
 |
| El otro "Escritor de Fantasma" de Carlos Castaño, Ernesto Yamhure, tenia una fachada como primer secretario por Uribe en la embajada colombiana en Estocolmo. Hasta que fue tomado en flagrancia cuando espiaba a la colonia colombiana en el país nórdico. Fue despedido en todos los medios pero nunca enjuiciado como autor intelectual en calidad de "asesor político" de Carlos Castaño por los 150.000 asesinatos cometidos por las AUC, según la fiscalía colombiana. |
Tampoco la fiscalía española en estos meses ha tenido
tiempo de indicarnos si además de las pruebas supuestamente contenidas en esos
ordenadores de Raúl Reyes, existe alguna otra prueba que ellos tengan que
permita mantener el procedimiento y las acusaciones que se han formulado contra
Remedios o que permitan mantener vivo el procedimiento de extradición que se
sigue contra Leyla. A fecha de hoy tampoco hemos tenido contestación de la
fiscalía española, muy diligente cuando se trata de ejecutar solicitudes de
detención pedidas por Colombia respecto a ciudadanos refugiados en España.
Porque si algo es indignante es que la Fiscalía española, cuando llega una
solicitud de detención de una ciudadana cuya tarjeta de identidad en España es
una tarjeta de refugiado, curse inmediatamente una solicitud de detención; y no
solamente eso, sino que al pedir la prisión incondicional de Leyla obvie, nada
más y nada menos, que las normas contenidas en la Ley de Extradición Pasiva, en
la Ley Española de Asilo y en la Convención de Ginebra. Todas esas normas la
fiscalía española las desconocía por lo visto y se permitió mantener la
solicitud de prisión incondicional que fue, con muy buen criterio, rechazada
por el juez instructor.
Como no sabemos si van a contestar o van a dejar de
contestar, si esta situación se alarga, probablemente lo que haremos será
intentar acreditar ante la justicia española que esto significa un
reconocimiento de la ausencia absoluta de elementos de acusación contra ambas
compañeras. y, por lo tanto, se justificaría el archivo del procedimiento de
extradición y en el caso de Remedios, el absoluto sobreseimiento de la causa.
Indicios
A fecha de hoy ya hay indicios que nos permiten llegar a
la conclusión de que las autoridades judiciales españolas son conscientes de
que probablemente no van a tener muchos elementos para abordar un procedimiento
de enjuiciamiento. El primero de ellos es que hace un mes solicitamos una
autorización para que Remedios pudiera viajar fuera de España y se le
devolviera el pasaporte, y la fiscalía española informó favorablemente y a la
compañera Remedios se le devolvió su pasaporte y se le autorizó a abandonar
España. Y la segunda es que hemos llegado a la conclusión de que a fecha de hoy
no tiene mucho sentido que las medidas cautelares impuestas a Remedios le
obliguen a presentarse semanalmente ante el juzgado, con lo cual también hemos
pedido que se sustituyan estas medidas por la obligación de presentación
mensual y la fiscalía española también ha tenido el buen criterio de no
oponerse, con lo cual el juez español ya ha acordado la sustitución de la
medida de presentación semanal por una medida de presentación mensual. Todo
esto son indicios, pero que llevan a pensar que es imprescindible mantener la
presión política. El escándalo mediático que a esta señora le ha destrozado su
actividad profesional y personal desde hace tres años, escándalo que fue
reiterado en marzo de 2010 con la nueva construcción fraudulenta del proceso en
el cual supuestamente esta señora era el vínculo, nada más y nada menos que
entre ETA, las FARC y el Gobierno venezolano, requeriría – si en los medios de
comunicación españoles hubiera un mínimo de decencia- no solamente dar a
conocer esta situación, por la que estos procedimientos se han caído, puesto
que parece ser, cada día de una forma más clara, que no hay pruebas que
permitan mantener estas acusaciones, una cierta rehabilitación mediática, igual
que en su día se efectuó una clarísima condena mediática respecto a Remedios. Y
también respecto a Leyla, porque en su caso, otra vulneración sistemática de la
legislación nacional e internacional realizada por los medios de comunicación
ha sido la publicación de datos, nombres, apellidos, lugares de trabajo y
fotografías de una mujer que es refugiada en España. Es algo que la ley prohíbe
absolutamente. Y eso se ha hecho sin que se sepa cómo, de dónde han salido esas
fotografías que, curiosamente, en el caso de Leyla, al igual que en el caso de
Remedios, coinciden con las fotografías de las fichas policiales. Son las que
han sido publicadas por los medios de comunicación sin solución de continuidad
y escasas horas después de que ambas fueran detenidas. Es decir, la filtración
está claro que viene de archivos oficiales: o bien de archivos policiales o
bien de archivos judiciales.
Entrar a discutir las causas del conflicto es, ni más ni
menos, que hablar de las riquezas, de la posesión de la tierra y de la
acumulación insultante en muy pocas manos frente a esos 20 millones de
colombianos que, según las Naciones Unidas, viven en la absoluta pobreza.
Exterminar a la
dirigencia política para evitar abordar las causas del conflicto
Otra vez toneladas de bombas caen sobre un hombre que iba
en compañía de muy pocas personas, con un círculo de seguridad muy reducido, y
después un operativo de más de mil hombres acordonan una zona en la que, como
ha dicho no precisamente alguien sospechoso de terrorismo, sino como manifestó
antesdeayer el arzobispo de Cali, ¿cómo es posible que Alfonso Cano no fuera
detenido por las autoridades colombianas, cuando la zona estaba cercada y había
mil militares sobre el terreno buscándolo? ¿Cómo es posible que cuando lo
encuentren sea ejecutado, sea asesinado, estando rodeado de mil militares, una
persona –en palabras del arzobispo- mayor de 60 años, herido, ciego, porque
estaba sin sus gafas, y acorralado por el ejército? ¿Cómo es posible que haya sido
acribillado a balazos y qué impedimento tuvieron las autoridades colombianas
para detenerlo y haberlo llevado delante de la Justicia? Evidentemente, las
autoridades colombianas no tenían ningún interés en someter a Alfonso Cano a
ningún procedimiento judicial ni en mantenerlo vivo, porque esto pone de
manifiesto que la dirigencia de la insurgencia colombiana es fundamentalmente
política, con criterios políticos, que defiende mecanismos políticos para
solucionar el conflicto y, obviamente, eso cuestiona la naturaleza del
conflicto y los responsables del mismo. Porque hablar sobre las causas del
conflicto en Colombia es sobrepasar el límite de lo que la oligarquía puede
permitir.
Y además también conviene destacar, para poner de
manifiesto la falta absoluta de voluntad política del Gobierno colombiano de
avanzar en un escenario de paz, cómo la estrategia de combate a la insurgencia
ya no es la estrategia de combate a las fuerzas guerrilleras o de expulsar a
las fuerzas de la insurgencia de las zonas que controlan, sino cómo se dirige
en una política selectiva de exterminio de sus dirigentes políticos. Es decir,
aquellos que desde la comandancia de las insurgencias están defendiendo la
negociación política y el fin del conflicto a través de la discusión política
sobre sus causas. Es decir, aquellos que están accediendo a la liberación
unilateral y sin esperar nada a cambio, pese al exterminio al que están siendo
sometidos los presos políticos en general y en particular los prisioneros de
guerra de la insurgencia en poder de las autoridades colombianas, están siendo
exterminados estos dirigentes políticos mediante un uso excesivo de la fuerza
que solamente puede ser calificado como ejecución extrajudicial. Y el caso de
Alfonso Cano lo pone claramente de manifiesto.
14 años sin hacer nada por la liberación de los soldados
y cuando se enteran de su inminente liberación, provocan su muerte con una
operación militar a sangre y fuego
Pero además quiero poner de manifiesto lo que claramente
han expresado las FARC. Yo tengo aquí el último comunicado de las FARC en el
que explica la ignominia con la que ha actuado el Gobierno colombiano: 14 años
sin intentar el rescate de los militares en poder de las FARC. 14 años. Y qué
casualidad, que precisamente cuando se enteran de que se iba a producir en
breve, de forma inmediata la liberación de seis de esos militares, entran a
sangre y fuego y fuerzan una situación en la que mueren. Esto acredita la
consideración que el Gobierno colombiano tiene a sus propios militares,
aquellos que van a defender los privilegios de la oligarquía colombiana. No
tienen el mínimo decoro de facilitar la liberación unilateral y sin condiciones
que habían acordado en este caso las FARC, y fuerzan que estas personas sean
exterminadas. Y, como decía Piedad, ya veremos cómo han acabado con las vidas
de estas personas. Porque lo que no encaja es que si estas personas, como se ha
dicho, estaban encadenadas y aparecieron encadenadas con un tiro en la cabeza,
cómo es que ha habido uno que no estaba encadenado y que quitándose de en medio
cuando empezó el tiroteo, se puso a salvo. Son cosas que no cuadran desde
ningún punto de vista.
El Gobierno
Santos: discurso suavizado, pero violaciones de derechos humanos igual de
atroces
Yo quiero acabar señalando la necesidad de redoblar estos
esfuerzos. Porque nos encontramos ante un Gobierno absolutamente ignominioso,
que no es cierto que haya cambiado. Como bien dicen los movimientos populares
colombianos y las organizaciones de defensa de los derechos humanos, apenas ha
habido un desarme de la palabra. El señor Santos parece ser bastante más
inteligente y, por lo tanto, también previsiblemente más peligroso que el señor
Uribe, y ha adoptado un tipo de lenguaje y forma de relacionarse con los medios
de comunicación no tan soez y grosero como el del señor Uribe, lo cual puede
prestarle algo más de credibilidad de lo que tenía Uribe, que mantenía un
discurso irracional y cegado por el odio. Sin embargo, el Gobierno del señor
Santos mantiene otro tipo de discurso, con una cobertura supuestamente más
democrática y apelando a los mismos argumentos utilizados por las autoridades
estadounidenses en esa famosa “guerra contra el terrorismo”. Las cifras de la
situación de los defensores de los derechos humanos, de los sindicalistas en Colombia
en el año y tres meses de Gobierno del presidente Santos son tan atroces o
peores que las del Gobierno del Señor Uribe. Los asesinatos de sindicalistas
siguen produciéndose con la misma frecuencia o más; las detenciones
arbitrarias, desapariciones y asesinatos de los defensores de derechos humanos
siguen produciéndose con la misma frecuencia o más.
Urgencia de
solidaridad con miles de presos políticos, sometidos a una política de
exterminio
7.500 presos políticos en estos momentos en Colombia, y
de ellos solamente entre 800 y 1000 son sindicados de pertenencia a
organizaciones insurgentes: es decir, que estamos hablando de más de 6.500
líderes populares y defensores de derechos humanos que están acusados de
terrorismo e internados en cárceles en Colombia, en una situación en la que se
les está dejando morir, por la absoluta privación de derechos básicos de la
persona: asistencia sanitaria, alimentación, incluso en lugares con altas
temperaturas, el derecho a acceder al agua para beber, sufriendo atentados y
agresiones dentro de las prisiones, de forma que se está produciendo una
absoluta política de exterminio con estos prisioneros políticos, que sin duda
alguna ameritan que sea uno de los objetivos esenciales del movimiento de
solidaridad con Colombia en estos momentos.
José Manuel
Martín Medem: “La solidaridad con Remedios es también en defensa propia”
Yo quiero hacer un pequeño comentario nada más, poniendo
además un ejemplo de cómo la guerra jurídica hacia el exterior, organizada por
el entonces presidente Álvaro Uribe, se está extendiendo por el continente
latinoamericano. Voy a poner un ejemplo que viene de estos últimos días.
Antes contaba Piedad Córdoba de una manera muy rápida
cómo fue el caso de la intervención contra ella: también bajo una acusación de
pretendida colaboración con la guerrilla no había manera de proceder contra
ella a través de los tribunales de justicia –o de injusticia, según sus
actuaciones- y utilizaron el camino, que en Colombia es posible, contra
funcionarios públicos, a través de la figura de la Procuraduría, que lo que
hace es una intervención disciplinaria, que puede llegar incluso, como en el
caso de Piedad se aplicó, al castigo de arrebatarle su condición de
representante popular elegida a través de las urnas. Es el caso en la situación
de Piedad y es, como ella contaba, lo que tiene ante el Consejo de Estado
presentado como recurso, pero mientras tanto no puede ejercer el cargo para el
que fue elegida libremente por los ciudadanos. Ese es el caso de una persona de
mayor proyección nacional e internacional, como es Piedad Córdoba, pero también
la demostración de que no han tenido, ni siquiera en esa oportunidad, pruebas
para llevar a los tribunales esa causa y tuvieron que ir por la vía
disciplinaria.
Exportando el
modelo de guerra jurídica
El modelo de guerra jurídica del que hablaba Enrique es
un modelo que se utiliza internamente para, bajo la acusación de complicidad de
colaboración con la guerrilla, neutralizar, hostigar, perseguir, espiar y a ser
posible, procesar, condenar y encarcelar a sindicalistas, defensores de los
derechos humanos, miembros de la oposición política, representantes de
comunidades indígenas … Es decir, todos aquellos a los que la presidencia de
Uribe consideraba enemigos y cómplices de la guerrilla simplemente por dos
cosas: o bien porque denunciaban tanto al interior del país como
internacionalmente el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos
humanos, o porque tanto dentro del país como internacionalmente, manifestaban
su voluntad y llevaban a cabo sus intenciones con su trabajo diario, de
facilitar el intercambio de conocimiento, la información, el abrir espacios de
encuentro para poder hacer posible el diálogo, esa auténtica negociación para
una solución política al conflicto armado, a la guerra civil colombiana.
Ese modelo se exportó -y antes Enrique también hablaba
del procedimiento judicial que está en marcha-, se exportó a la Unión Europea y
empezando por España, a través de la actuación del Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), el organismo de inteligencia que depende de la presidencia
de la República, pero en el caso de Uribe fue utilizada como una auténtica
policía política. Fueron agentes de ese mismo organismo de inteligencia los que
en la Unión Europea, empezando por España, espiaron, acosaron, difamaron, sobre
todo a miembros del exilio colombiano y de organizaciones españolas de
solidaridad con el pueblo de Colombia u organizaciones de defensa de los
derechos humanos que desde aquí denunciaban.
Uribe consiguió
criminalizar a las víctimas y a los defensores de derechos humanos
Esa táctica de la guerra jurídica se basaba en lo que
durante las últimas presidencias ha sido una auténtica política de Estado que
era revertir la situación anterior, cuando había al menos una ligera presión
internacional sobre los gobiernos de Colombia con la acusación de que estaban
violando los derechos humanos. El doble mandato presidencial de Uribe consiguió
invertir la situación, y que fuera la acusación de terrorismo contra los insurgentes
y sus supuestos aliados, los movimientos sociales y de defensa de los derechos
humanos, la oposición política, los que internacionalmente fueran
desprestigiados para que no tuvieran aceptación las denuncias que ellos hacían
sobre la apariencia de democracia y la realidad de terrorismo de Estado, y que
la comunidad internacional se pusiera del lado del Gobierno colombiano y no del
lado de las víctimas de la represión. Esa ha sido la política que tanto daño ha
hecho y que, como en el caso de Remedios, la mantiene en ese cepo en el que
cada vez se va demostrando la falsedad de las supuestas pruebas contra ella
pero sigue en una situación en la que la han estigmatizado ante la opinión
pública, le han impedido continuar con su trabajo, le han hecho un bloqueo
profesional, personal, político y social, haciendo que su vida esté bloqueada y
pendiente de una espada de Damocles de un procesamiento dos, tres, cuatro años,
con acusaciones tan graves como la de colaboración o complicidad con banda
armada o ese de ser el centro de la conspiración perfecta entre el Gobierno
venezolano, ETA y las FARC.
El cinismo y la hipocresía es que esa violencia
institucional sea aceptada en los tribunales españoles, se mantenga la
persecución contra Remedios o contra Leyla, sabiendo como saben que en Colombia
el presidente Uribe está sometido a la investigación de la Comisión de
Acusaciones en el Parlamento; que la marea de las complicidades en la
utilización de la policía política para el acoso a la oposición ha llegado ya
hasta su secretario personal; que una de las directoras del Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) pidió asilo político en Panamá para no ser
juzgada en Colombia, por recomendación del propio Álvaro Uribe. Es decir, un ex
presidente que le recomienda a la jefa de su policía política que se asile en
otro país porque no hay condiciones para ser juzgada con garantías en su propio
país… cuando ya están procesados y, en algunos casos, condenados, media docena
de altísimos mandos de ese mismo Departamento Administrativo de Seguridad, y
donde todas las evidencias apuntan a que había una operación dirigida desde la
jefatura del Estado, de quien depende esa policía política, con proyección
interna y externa.
El caso de la
acusación de “complicidad con el terrorismo” contra “La Jornada”
Termino porque quería explicar cómo ese modelo se está
extendiendo y de qué manera tan peligrosa. Hace 7 años, en 2004, en México
–donde también Uribe consiguió uno de sus objetivos al acusar de colaboración
con la guerrilla a un profesor universitario que trabajaba en la UNAM y que fue
directamente deportado por el Gobierno mexicano violando todas las normas del
Derecho internacional y del procedimiento de extradición, llevado a Colombia y
metido en una cárcel de alta seguridad, y al que han tenido también que poner
en libertad después de tres años de un auténtico calvario: difamación pública,
hostigamiento profesional, bloqueo político, personal, social y económico… le
han destrozado la vida para luego tener que reconocer que la acusación era
falsa, el procedimiento absolutamente exagerado, el tratamiento penal sin
límite, etc. En México en 2004 hubo una polémica entre dos medios de
comunicación: la revista “Letras Libres”, que dirige Enrique Krauze –discípulo
querido de Octavio Paz e íntimo amigo de Mario Vargas Llosa- publicó un
artículo escrito por el entonces subdirector de esa revista que se titulaba
“Cómplices del terrorismo”, y que estaba dedicado con mucho cariño al periódico
“La Jornada”, uno de los más importantes de México, al que acusaba de ser
cómplice de ETA, con acusaciones tan documentadas como que tenía un convenio de
intercambio de contenidos con el diario Gara; que no utilizaba la terminología
“terrorista” para referirse a ETA (a lo que el diario “La Jornada” contestó explicando
que es la misma doctrina que utilizan una agencia de noticias tan importante
como Reuters o el servicio internacional de información de la BBC, donde no se
califican a las organizaciones o a las personas sino los hechos; porque la
denominación de “terrorista” es una denominación no establecida
internacionalmente y por tanto sometida a interpretación subjetiva y
arbitraria). Además lo consideraban cómplice del terrorismo porque utilizaba
también una valoración que había hecho Savater sobre un reportaje que le
parecía también apología del terrorismo… En fin, pruebas muy contundentes. Pero
lo peor de esto es que una vez publicado ese artículo en el que, bajo el título
de “cómplices del terrorismo” se especificaba directamente la acusación de que
estaban al servicio de un grupo terrorista como ETA, el diario “La Jornada”
interpuso una querella por calumnia que no fue admitida en la instancia del
tribunal del Estado de México; recurrió al amparo de la Corte Suprema, y hace
dos días la Corte Suprema no ha concedido el amparo con el argumento de que no
se podía interpretar como una acusación de complicidad con el terrorismo porque
en realidad era un ejercicio de la libertad de expresión en el escenario
democrático del debate ideológico.
Que la Corte Suprema de un país diga que acusarte de
cómplice del terrorismo no es una calumnia, el paso siguiente puede ser que te
procesen por colaboración con banda armada. Es la manifestación más reciente de
cómo esa doctrina se extiende. En resumidas cuentas, Estados Unidos, que tiene
mucho más poder militar, utiliza los vuelos secretos de la CIA para secuestrar
a quien luego va a torturar; o utiliza los aviones no tripulados para matar a
los “terroristas” en Pakistán. El Gobierno de Álvaro Uribe lo que utilizaba
eran aviones judiciales no tripulados para atacar allí donde se refugiaran sus
supuestos enemigos, supuestos cómplices de la guerrilla, y desprestigiarlos,
acosarlos y meterles en un cepo donde su vida se destrozaba.
Todos somos
Remedios: solidaridad en defensa propia
Quería comentar esto para que entendamos la triple
importancia que tiene un caso como el de Remedios, en el sentido de la
injusticia que supone que le destrocen la vida con ese hostigamiento de
violencia institucional utilizando los aparatos jurídicos de dos países, con la
hostilidad del Gobierno de Colombia y el mirar para otro lado del Gobierno
español; la importancia política que tiene la historia, en cuanto a una forma
de actuar de un Gobierno que destroza la credibilidad de cualquiera, siempre que
pueda, con el argumento de que eres terrorista y que eres cómplice de la
guerrilla, y luego la situación de indefensión que en una democracia te puede
colocar una acusación que no tiene ninguna base.
Como antes decía nuestro compañero abogado, el que se acojan
las acusaciones de esa importancia, y se ejecuten detenciones, se abran
procesos y se mantenga tres, cuatro, cinco años esa espada de Damocles, sin que
haya nada sustancial, nos puede pasar a cualquiera. Es decir, la solidaridad
con Remedios es una solidaridad en defensa propia también. Todos somos
Remedios, pero también podemos serlo de verdad, es decir, nos puede pasar a
cualquiera.
Remedios García
Albert: “Si de algo se nos puede acusar es de haber trabajado para buscar la
paz”
– Quiero agradeceros a todos que hayáis venido hasta
aquí, a mi abogado, que está siempre pendiente de todo, y a cada uno de
vosotros.
Incluso si mi problema quedara totalmente sobreseido
aquí, todo no se habría solucionado. Porque me han incluido también en una
lista de terroristas internacional, y de ahí no sé cómo se puede salir. Me
parece que es bastante difícil, y no sé qué consecuencias puede tener. El día
que se me devuelva mi pasaporte y viaje a cualquier lugar, no sé qué me puedo
encontrar, qué me puede suceder. Es una incógnita para la que no tengo
respuesta. Se me ha bloqueado la cuenta corriente que tenía en un banco aquí.
Un día me llamaron por teléfono y me dijeron que la iban a cerrar, sin mayor
explicación. Pude abrir otra, por el momento no ha sucedido nada, pero en
alguna ocasión se me ha intentado hacer una transferencia y no se ha podido,
precisamente porque estoy en esas listas virtuales.
Creo que tanto el proceso de Piedad en su país, al que
todavía no se ha terminado de dar respuesta, como los que hay aquí, pienso que
no va a haber juicio ni respuesta, porque ellos saben que no tienen la razón, y
eso sería muy evidente, y público, y creo que no les conviene. Por eso se están
alargando, por eso no hay respuestas. A lo mejor me equivoco, pero tengo esa
impresión. Porque además ese juicio daría lugar a que se hablara de otras
muchas cosas, y sería una tribuna a la que no iban a tener más remedio que dar
cobertura los medios.
Colombia es, de toda América Latina, en este momento el
único país de donde nosotros estamos recibiendo refugiados. Es el único país
latinoamericano que está exportando refugiados políticos a España. Entonces, lo
que yo no entiendo muy bien es cómo se considera a un país con tantos
refugiados políticos, que no son precisamente perseguidos por las
organizaciones insurgentes. Algunos están aquí en esta sala: ¿quién los
persigue? ¿por qué se han visto obligados a abandonar su país? ¿Quién los
persigue? Y si es así, ¿cuál es la explicación de su Gobierno ante la comunidad
internacional, un gobierno que es considerado por todo el mundo como un
Gobierno democrático y ejemplar en el continente?
Yo no voy a hablar de Colombia. Mis preguntas son para
este Estado nuestro, que se dice democrático, adalid de los derechos humanos y
que está apoyando a un país del que hay pruebas evidentes para todo aquel que
quiera verlas, de que se están violando permanentemente los derechos humanos.
Creo que debemos exigir responsabilidades a nuestro país por esa connivencia. Y
eso es lo que nosotros podemos hacer desde aquí por Colombia, por su pueblo.
Creo que se lo merecen.
A nosotros si de algo se nos puede acusar -y yo tengo que
decirlo aquí-, para lo único que hemos estado trabajando ha sido para buscar la
paz. Porque no queremos guerras: ni esta de Colombia ni ninguna otra. Yo estoy
convencida de que todos los que estamos en esta sala estamos en lo mismo. No
queremos las guerras, estamos trabajando para que no haya guerras de ninguna
clase. Para que se resuelvan los problemas por otras vías. Y esto se lo digo a
los que quieran oirlo y a los que no lo quieran oir. Es lo único que hemos
hecho.
E insisto, creo que desde aquí lo que tenemos que hacer
es pedir responsabilidades a nuestro Gobierno por esta connivencia, porque
nuestras empresas están trabajando allí parece ser que muy cómodamente, sacando
muy buenos beneficios y eso posiblemente es lo que nos está llevando a que,
para salvaguardar esos intereses, cerramos los ojos a todo lo que nos está
sucediendo.
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