Colombia: ¿Hay presos políticos y en que condiciones sobreviven?
Santos rechaza visitas a los presos guerrilleros como condición para que las FARC liberen diez militares capturados en combate
Por Dick Emanuelsson e Ingrid Storgen
(revisión y transcripción)
1) Entrevista a ENRIQUE SANTIAGO, abogado español, asesor de la “Comisión
Internacional de Observación de los Derechos Humanos en los Establecimientos
Carcelarios”
VIDEO (18 min.): https://vimeo.com/38712887
2) Escribe el
preso político JOAQUÍN PÉREZ BECERRA
desde las mazmorras de la cárcel La
Picota : “La cárcel
no es un instrumento de la justicia, es en realidad instrumento del poder”
3) Texto completo de la entrevista en RCN
Radio a CARLOS A. LOZANO GUILLÉN, director de VOZ y de “Colombianos y
Colombianas por la Paz ”,
en la mañana del lunes 19 de marzo del presente año. http://anncolprov.blogspot.com/2012/03/carlos-lozano-guillen-hay-peligro-de.html
4) Carta Pública del
abogado ATHEMAY STERLING: “Angelino agrede la Democracia al negar
existencia de presos Políticos” http://anncolprov.blogspot.com/2012/03/carta-publica-del-abogado-athemay.html
“Se pretende invisibilizar el problema, no
hablar de esta realidad y no hablar de las difíciles condiciones de reclusión
que padecen estas personas”, dice el abogado español Enrique Santiago que
acaba de visitar las cárceles de Colombia. Convoca a la comunidad internacional
para que visibilice las infrahumanas condiciones en que se encuentran los
presos políticos y en especial los presos guerrilleros en las cárceles
colombianas.
MADRID / 2012-03-18 / La guerrilla de
las FARC propuso, como condición para liberar a diez oficiales militares y
policías, se otorgue a Mujeres del Mundo por Paz, permiso para realizar una
visita humanitaria a los prisioneros políticos y de guerra en los centros
penitenciarios de Colombia.
El régimen de
Juan Manuel Santos, en su total falta de voluntad para encontrar un camino que
lleve a la paz, ni siquiera reconoce que existen más de 7500 presos políticos y
nuevamente baja la cortina cerrando paso a un acuerdo mínimo sobre los
prisioneros y su situación.
El panorama por
un avance, aunque fuera un paso pequeño, que llevara hacia una apertura de paz
en Colombia, se volvió de nuevo oscuro. La guerrilla de las FARC ha presentado
varias nuevas propuestas para avanzar en la negociación, anunciando la
inminente liberación de todos los prisioneros de guerra en su poder.
El gobierno de
Santos, haciendo un peligroso como inhumano juego perverso, salió a decir que
la guerrilla debe dar “más muestras de interés por la paz”, lo que se
interpretaría como un llamado a la capitulación absoluta.
EL ANUNCIO GUERRILLERO DE ENTREGAR los
últimos diez prisioneros de guerra en su poder, con la única exigencia que
algunos de los 1000 guerrilleros en prisiones estatales pudieran recibir la
visita de la organización Mujeres del Mundo por la Paz , liderada por la ex senadora
liberal Piedad Córdoba, no cayó bien en la casa presidencial de Bogotá.
– Confío en que el
gobierno colombiano de Juan Manuel Santos permitirá la visita a guerrilleros
presos”, sostuvo primero en su cuenta en Twitter y agregó; “creemos que estamos
en la capacidad de insistir en la posibilidad de las visitas a las cárceles”.
Sin embargo, el
ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, el pasado 6 de marzo, en sendas
cartas dirigidas a la ex senadora Piedad Córdoba y a varios congresistas,
expresó su decisión de remitir al despacho del presidente Juan Manuel Santos la
solicitud para que se autorice el
ingreso de la “Comisión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en
los Establecimientos Carcelarios” a diferentes penales del país.
Es más, en la comunicación el ministro se
mostró “sorprendido con los últimos pronunciamientos públicos en el sentido de
que tales visitas tendrían como objetivo
a los 'presos y presas políticos, de guerra y de conciencia' -que, como dije,
no existen en Colombia- y de que la
Comisión de Mujeres tendría la misión de 'mediar', sin que el
Gobierno la hubiera autorizado para ello”.
Es decir,
pretextos administrativos para dilatar e impedir la aplicación de los derechos
de los presos políticos.
EL ARGUMENTO DE QUE NO EXISTAN PERSONAS en
esa situación, viene de la posición del régimen colombiano que niega la
existencia de un conflicto social y armado pese a su medio siglo de existencia.
El sábado pasado, el mismo día que el régimen rechazaba la petición de las
mujeres, liderada por Piedad Córdoba, fueron abatidos 13 militares de las Fuerzas Especiales de la Contraguerrilla
del Ejército en el departamento de Arauca.
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| El diario El Tiempo busca causas por los militares profesionales abatidos por la guerrilla. |
Fue un golpe
contundente por parte de las FARC que sólo es uno entre una cantidad
innumerable de combates entre el ejército y la guerrilla en los últimos meses.
Según el coronel que dirigía la tropa, fue un combate con fusiles y no en un
campo minado o con bombas guerrilleras en donde fueron neutralizados los
profesionales militares.
El golpe militar
guerrillero confirma la intensidad del conflicto armado pero el régimen no da
señales de voluntad para llegar a un arreglo político con la guerrilla. Esta ha
resistido el reforzamiento de las fuerzas militares que han crecido, aún durante
el Plan Colombia de la última década y que hoy cuenta con 500.000 militares en
pie de guerra contra una guerrilla que logra recomponerse y reforzarse pese a
la ayuda extranjera con que cuenta el estado, principalmente de Estados Unidos
e Israel que aportaron aviones y equipamiento de inteligencia a las FF.MM.
colombianas.
EN ESA GUERRA, COMO EN TODAS, muchas
veces han sido capturados en combate militares y policías que el estado
denomina “secuestrados o rehenes de la insurgencia”, dando muestras de la
pretensión de invisibilizar el verdadero problema allí existente. Cuando la
guerrilla intenta un diálogo de negociación, solicitando el permiso para que la Comisión de Mujeres pueda
visitar a los presos guerrilleros en las cárceles colombianas, ése le es
denegado utilizando el falso argumento de que “en Colombia no hay presos
políticos”.
El reconocido
abogado español, asesor de la “Comisión Internacional de Observación de los
Derechos Humanos en los Establecimientos Carcelarios”, Enrique Santiago, acaba
de regresar de un viaje a Colombia donde visitó la cárcel de alta seguridad de
la ciudad de Jamundi en el departamento del Valle. Allí pudo constatar las
condiciones infrahumanas que padecen los presos políticos y los presos de
guerra y los sociales.
A continuación parte de la extensa entrevista
al doctor Enrique Santiago sobre el caso carcelario colombiano:
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| Abogado Enrique Santiago. |
Dick Emanuelsson (DE): Acabas de regresar
de Colombia donde estuviste con una delegación internacional. Acompañaste al
congresista Iván Cepeda y entraron a la cárcel para ver la situación en que se viven,
no sólo los presos políticos, sino todos. ¿Qué puedes decirnos de eso?
Enrique Santiago (ES): El cambio
implementado en el sistema penitenciario colombiano durante el anterior
gobierno de Uribe fundamentalmente ha consistido en recortar aún más los
derechos que deberían tener los presos, tanto sean presos comunes como los más
de 8000 presos políticos de los cuales apenas 1000 son prisioneros de guerra. El
resto de presos políticos no son personas que hayan intervenido en el
conflicto armado sino que son víctimas de montajes judiciales, militantes
sociales, de organizaciones de mujeres, sindicales, comunales, estudiantiles.
Lo primero que
hay que decir es que la firma de los acuerdos de colaboración entre la Autoridad Penitenciaria
Colombiana -INPEC- y el Buró Federal Penitenciario de los Estados Unidos, ha
supuesto un endurecimiento de las condiciones de reclusión y de las condiciones
que tienen que soportar no sólo los reclusos sino sus familiares. Se han
construido cárceles de alta seguridad, denominados ERON (establecimientos de reclusión
de orden nacional), con tantos y tan graves defectos estructurales y tan altos
costes, que indica que han sido obras que se utilizaron para desviar recursos
públicos del estado.
 |
| Dos Santos y un Uribe, responsables por un sistema carcelario que los organismos de derechos humanos caracteriza como sádico e infrahumano. |
Llama la atención
por ejemplo, la cárcel de alta seguridad que yo visité, la de Jamundí, en el
Valle, que fue inaugurada hace apenas un año y medio, las propias autoridades
de la cárcel hablaban de veintisiete defectos estructurales que en muchos casos
no son menores. Por ejemplo, en el denominado módulo uno que es el de los
sindicados y es el más grande de la prisión, las duchas se construyeron sin
desagüe. Ello provocaba que la gente no se pudiera duchar, la humedad excesiva
provocaba, entre otras cosas, hongos en el cuerpo. Recibimos denuncias de que eso fue la excusa durante mucho tiempo
para que aún con las altas temperaturas, a la gente no se le permitiera
ducharse.
La propia directora de la cárcel nos seguía
hablando de las veintisiete fallas estructurales, eso ha sido lo que
evidenciaba que la política de seguridad democrática fuera utilizada también,
como muchas cosas en Colombia, para que los socios, amigos y funcionarios
amigos de Uribe desviaran del patrimonio público todos los recursos que
pudieran o más.
Al margen de esto
en Colombia hay una gravísima situación que pasa desapercibida y es que de
hecho existe la prisión perpetua, porque la reforma del sistema penitenciario
realizada en el período de Uribe permite el cumplimiento efectivo de penas de
hasta 60 años, lo cual equivale a una
cadena perpetua, pena prohibida por la legislación internacional por ser una
pena inhumana, cruel, despiadada.
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| Presos de la cárcel de alta seguridad en Jamundí. |
DE: Es la misma queja que realizan los
familiares y organismos de derechos humanos no sólo allí sino también aquí, en
España, con el caso de los etarras.
ES: Claro, aquí también en el caso de
ETA, en determinadas actuaciones, la condena puede llegar a ser, en delitos con
múltiples resultados de muerte, de 40
años, que es una exageración de condena, y que hasta hoy, afortunadamente, han
sido casos contados los que se han aplicado esas penas tan altas y degradantes,
inhumanas. De hecho una persona que se ha condenado con 20 años no va a salir
nunca de la cárcel en el caso de aplicarle un cumplimiento de 60 años de condena, o incluso mucho menos. Es una condena a muerte
en vida, no una medida de resocialización.
Pero al margen de
eso hay un tratamiento diferencial y de negación de derechos principalmente
para los prisioneros políticos, estas prisiones obligatoriamente tienen que
tener un reglamento por el cual se sancionen comportamientos contrarios a las
normas de convivencia, pero en este caso no son conocidos ni por los internos
ni por los abogados. Se vulnera el principio de legalidad que obliga a que
cualquier norma de aplicación sea conocida por los destinatarios. Esto a su vez
posibilita cualquier tipo de arbitrariedades, por ejemplo, a la hora de
repartir los útiles de higiene personal o de alimentación hay un trato
diferenciado entre los prisioneros de índole común y los políticos. Incluso
dentro de los prisioneros comunes hay diferencia en función a la actitud de
colaboración o no con la autoridad penitenciaria.
Pudimos constatar la existencia de castigos
que son claramente castigos inhumanos, crueles o degradantes, torturas, módulos de reclusión donde apenas
cabe el interno sentado en cubículos estrechos donde es imposible dar un solo
paso y donde permanecen en aislamiento hasta dos meses por infracciones de
índole administrativo. Como en un caso que pudimos comprobar por llevar la
contra a la directora de la prisión una interna fue enviada a esta situación
por dos meses.
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| La cárcel de alta seguridad en Jamundí, copiado del sistema estadounidense. |
En cuanto al
contacto bis a bis de los internos entre sí o con sus familiares la restricción
efectiva; o el traslado de hombres y mujeres juntos cuando está terminantemente
prohibido; o la reducción de tiempo de las visitas, la dificultad para acceder
a estos permisos, así como es de notar el especial maltrato y humillación para con las visitas familiares o con los
hijos menores de edad.
Los niños son sometidos a todo tipo de
controles en las entradas, incluso muchas veces padecen hasta maltrato físico,
de forma tal que hasta los propios menores están renunciando a asistir a las
visitas por la humillación a la que son sometidos.
Todo esto hay que
sumarlo a los problemas que suceden a las fallas estructurales, por ejemplo las
celdas sin ventanas, al carecer de cristales cuando llueve se les inundan las
celdas, se llenan de alimañas, la caza de las culebras es un entretenimiento
habitual con los peligros que ello entraña.
La crueldad es norma en las prisiones donde no se aplican
medidas de remisión de condena por trabajo, o donde se niega al interno la
posibilidad de estudiar, conforme a programas para resocialización de las
conductas. El sistema carcelario se convierte en un mero mecanismo punitivo, de
castigo, que no busca sino la reducción hasta la servidumbre o la anulación de
la persona del interno.
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| Los niños son objetos por abusos en las visitas de sus padres/madres. |
DE: Se supo recientemente de la muerte de
dos miembros de la guerrilla, por falta de atención médica.
ES: Responde a la negación sistemática
de asistencia a la salud de los presos políticos y no solamente de ellos. Cuando
llegamos a la cárcel la directora nos iba a enseñar la enfermería, pero se
equivocó y nos enseñó un almacén. Parecía que ella no conocía donde estaba la
enfermería.
La prisión de Jamundí tiene alrededor de
4000 presos y presas, que la directora no sepa donde está la enfermería es
increíble, pero explica, por ejemplo, que cuando llegamos a la enfermería lo
único que había eran tres camillas sin instrumental, ni médicos ni enfermeros. Nos
reconocieron que tenían serios problemas de falta de plantilla.
Se da el caso de
enfermos incurables, por ejemplo con distintos cánceres, que carecen de
atención cuando en otras partes del mundo eso sería motivo para que se adopte
una medida de libertad condicional. En Colombia no es así, se les niega hasta
la asistencia sanitaria y cuando logran acceder a esa atención la queja
recurrente es que se les niegan informes de los resultados de las pruebas
médicas. Con lo cual ellos no tienen conocimiento de lo que realmente
necesitan.
Todos los presos
nos indicaron esa negación de informes, lo cual imposibilita además que busquen
ayuda entre sus familiares.
DE: ¿En la prensa colombiana eso se
refleja, se informa de estas situaciones?
ES: No, la prensa directamente
invisibiliza estas cuestiones y estamos en momentos en que las FARC han venido
liberando unilateralmente a la practica
totalidad de los prisioneros de guerra en su poder, como medida de
intercambio humanitario sin contrapartida, lo que acredita una voluntad de paz.
No sólo han
liberado a los prisioneros que tenían en su poder, militares, policías,
miembros de las FF.MM ahora acaban
de anunciar la liberación incondicional de todos los prisioneros y sin embargo
no hay una correspondencia por parte del estado, se pretende invisibilizar este
problema. Se trata de no hablar de la situación de los reclusos.
Esto pone de manifiesto que la comunidad
internacional tiene que hacer un esfuerzo para conseguir hacer visible este
problema en Colombia. Que se conozca la situación de los presos políticos, la
situación de las cárceles y muy especialmente la situación de los prisioneros
de guerra en poder del estado.
De acuerdo a la Tercera Convención de Ginebra los miembros de las FARC o el ELN apresados en combate,
vestidos con sus uniforme, respondiendo a una cadena de mando, no hay discusión jurídica posible que deben
tener un trato especifico como prisioneros de guerra, diferenciado al de los
presos comunes. Es más, no deberían estar siquiera en las prisiones sino en
establecimientos ex profeso para prisioneros de guerra.
Pero al menos,
aunque esto no se cumpla, que la comunidad internacional conozca lo que padecen
estas personas por negación de sus derechos humanos básicos, No hay
correspondencia por parte del estado colombiano a las medidas de la insurgencia
de liberación de los prisioneros de guerra en su poder. El estado colombiano
esta siendo incapaz de actuar con reciprocidad, liberando presos políticos y/o
de guerra, o al menos mejorando sus
condiciones de reclusión y permitiéndoles disfrutar de algunos del los derechos
básicos de cualquier persona privada de libertad por cualquier estado, como el
derecho al estudio o a la atención sanitaria. Pretenden no hablar de la
situación de los prisioneros políticos y de guerra en las cárceles de Colombia,
invisibilizarla, obviando que Colombia es el único país del mundo con un
conflicto armado interno reconocido en su legislación, que se niega a reconocer
la existencia de prisioneros de guerra, hechos en el conflicto, y en poder del
estado.
DE: Esa fue la respuesta que dio también el
ministro del interior, al decir que en Colombia no hay presos políticos.
ES: En el Foro por los Presos Políticos
se constituyó una comisión internacional de verificación de la situación de los
presos políticos. Esta comisión está compuesta por las mujeres ilustres que han
venido realizando el intercambio epistolar entre Colombianos y Colombianas por la Paz , las FARC y el ELN
respecto a la finalización del conflicto, y las posibles medidas de
humanización del conflicto incluida la liberación de los prisioneros de guerra
en poder de la insurgencia.
El argumento que
dio a estas mujeres, el Ministerio de Justicia, era que consideraban que en
Colombia no había presos políticos, y menos de guerra, porque no había. Sin
mayor argumentación.
Una semana
después se anuncia, en supuestas declaraciones de la senadora Piedad Córdoba,
una excusa vil para negar el retiro de todas las autorizaciones para realizar
la visita a los prisioneros. Con esto queda visible que se vuelve a negar la
realidad del conflicto que vive el país.
Como si todo este
juego perverso fuera poco, hemos tenido conocimiento de la existencia de una
huelga de hambre de los internos en la cárcel de La Picota , como demanda de
mejores tratos en su cautiverio.
 |
| Enrique Santiago. |
Por mucho que la
autoridad colombiana quiera tapar la realidad, el problema existe, va a ser
llevado a la comunidad internacional para que sea conciente de la negación de
los derechos humanos que padecen los reclusos en las cárceles colombianas.
Se trata de
exigir que las autoridades cumplan la legislación internacional, no es más ni
menos que lo que les corresponde. El conflicto social y armado en Colombia
existe, no se puede permitir que se lo omita y mucho menos que se lo minimice.
