por -Francisco Herreros 2011-06-18-abpnoticias-
Por tanto, en representación de su similar colombiano, el Ministerio Público de Chile oficializó ante el ministro de la Corte Suprema, Guillermo Silva, la decisión del gobierno colombiano, de declinar el juicio de extradición contra del diseñador gráfico Manuel Olate Céspedes, inustamente acusado, durante una odiosa campaña de prensa que se prolongó por dos años, de ser el "nexo" de las FARC en Chile.
La decisión fue dada a conocer por el ministro instructor, Guillermo Silva, en una nueva audiencia sobre el juicio de extradición de Manuel Olate. Previamente, el Ministerio Público entregó al magistrado la decisión definitiva de Colombia.
Según Eduardo Picand, abogado de la Fiscalía Nacional, el desestimiento "se fundamenta en el hecho de que la forma en que se obtuvieron esas pruebas no pueden ser utilizadas en Colombia. Aun cuando esta Corte Suprema decidiera extraditar a Manuel Olate Céspedes, no sería posible juzgarlo en Colombia".
"Aquí hay un tema fundamental, entender que el desestimiento es una decisión soberana de un estado extranjero que el ministerio no tiene por qué no comentar. El Ministerio Público de Chile tiene que cumplir la ley , la ley chilena que encarga la representación de los estados extranjeros en los proceso de extradición, respetando íntegramente el principio de objetividad y de legalidad".
Sobre la decisión de la justicia colombiana, Manuel Olate calificó como una "falta de respeto" el actuar del Ministerio Público:
"Me parece que si la Corte Suprema hubiera escuchado al ministro Muñoz el 15 de enero, nos habríamos ahorrado bastantes meses de angustia y de desgaste económico para el Poder Judicial. El gobierno colombiano no ha dicho nada nuevo, es lo que el ministro Muñoz dijo el 15 de enero. Estas pruebas son ilícitas, por tanto pueden haber sido manipuladas. El informe de Interpol también lo decía. No entiendo cómo dicen que hay principio de objetividad, si es lo primero que estamos alegando. Y siete meses después, el principio de objetividad me deja libre...Me parece una inexcusable falta de respeto de la fiscalía".
No sólo eso. En los hechos formó parte de una conspiración política impulsada por el gobierno que probablemente viola de manera más grave y sistemática. los derechos humanos en todo el mundo; conspitación de la que también formaron parte el Gobierno de Chile; inefables personajes de la rancia y atrabiliaria derecha chilena, tales como el senador Alberto Espina y el actual Ministro de Defensa, Andrés Allamand. Y por cierto, papeles se serviles guaripolas desempeñaron medios de la prensa "seria", tales como El Mercurio -cuando no- y La Tercera.
Sin embargo, tal como los monos porfiados, que como se les de, quedan parados, el embajador de Colombia en Chile, Santiago Figueroa, hasta el final se negó a dar su brazo a torcer:
"Tengo que reiterar que las pruebas no son falsas, las pruebas son inválidas. El señor Olate tiene vínculos desde el punto de vista objetivo, pero desde el punto de vista jurídico las pruebas no tienen validez porque esa fue la decisión de la Corte y esta decisión tiene que respetarse".
En tanto, la defensa de Olate solicitó una condena en costas para que Colombia pague los costos de este proceso de extradición. Asimismo, solicitó medidas reparatorias para su representado, recordando que tras la acusación emanada desde Colombia estuvo preso durante dos meses.
Igual que el embajador de Colombia, el representante del Ministerio Público, Eduardo Picand, siguió con la farsa hasta el final, por cuanto consideró "inadmisible" dicha solicitud de la defensa:
"Es absolutamente inadmisible porque todos los estados del mundo tienen un derecho que es básico, que es inmunidad de jurisdicción. Que permite que sus propios tribunales sean quienes lo juzguen. Son los propios tribunales de Colombia quienes deben pronunciarse sobre la fundamentación del pedido que formularon a Chile, pero no le corresponde a un juez chileno pronunciarse o condenar a un estado extranjero".
Lo que Picand omite es que tanto él, como todos quienes tomaron parte en la odiosa conspiración contra un ciudadano chileno que ejerció el legítimo derecho de sustentar determinada posición política, atropellaron un principio de legalidad todavía más básico: la presunción de inocencia de cualquier imputado por cualquier causa, donde la obligación de la prueba recae en la parte acusadora, y no como en este caso, en que Olate y su defensa debieron cargar con el peso de demostrar su inocencia, lo que en último término lograron en el juicio del Ministro Muñoz, quién no sólo desestimó por ilegal el valor de la prueba aportado por Colombia, sino que además concluyó que ninguna de las conductas imputadas a Olate era constitutiva de delito en Chile.
Y otra pregunta para el señor Picand y el Ministerio Público: ¿pensaron con honestidad que en Colombia Manuel Olate pudo haber tenido un juicio justo?
Peor aún, la cuestión principal que sigue abierta es: ¿quién y cómo compensará a Manuel Olate de estos más de dos años de campaña sañuda, artera y brutal?
F.H.
http://www.diarioreddigital.
La decisión fue dada a conocer por el ministro instructor, Guillermo Silva, en una nueva audiencia sobre el juicio de extradición de Manuel Olate. Previamente, el Ministerio Público entregó al magistrado la decisión definitiva de Colombia.
Según Eduardo Picand, abogado de la Fiscalía Nacional, el desestimiento "se fundamenta en el hecho de que la forma en que se obtuvieron esas pruebas no pueden ser utilizadas en Colombia. Aun cuando esta Corte Suprema decidiera extraditar a Manuel Olate Céspedes, no sería posible juzgarlo en Colombia".
"Aquí hay un tema fundamental, entender que el desestimiento es una decisión soberana de un estado extranjero que el ministerio no tiene por qué no comentar. El Ministerio Público de Chile tiene que cumplir la ley , la ley chilena que encarga la representación de los estados extranjeros en los proceso de extradición, respetando íntegramente el principio de objetividad y de legalidad".
Sobre la decisión de la justicia colombiana, Manuel Olate calificó como una "falta de respeto" el actuar del Ministerio Público:
"Me parece que si la Corte Suprema hubiera escuchado al ministro Muñoz el 15 de enero, nos habríamos ahorrado bastantes meses de angustia y de desgaste económico para el Poder Judicial. El gobierno colombiano no ha dicho nada nuevo, es lo que el ministro Muñoz dijo el 15 de enero. Estas pruebas son ilícitas, por tanto pueden haber sido manipuladas. El informe de Interpol también lo decía. No entiendo cómo dicen que hay principio de objetividad, si es lo primero que estamos alegando. Y siete meses después, el principio de objetividad me deja libre...Me parece una inexcusable falta de respeto de la fiscalía".
No sólo eso. En los hechos formó parte de una conspiración política impulsada por el gobierno que probablemente viola de manera más grave y sistemática. los derechos humanos en todo el mundo; conspitación de la que también formaron parte el Gobierno de Chile; inefables personajes de la rancia y atrabiliaria derecha chilena, tales como el senador Alberto Espina y el actual Ministro de Defensa, Andrés Allamand. Y por cierto, papeles se serviles guaripolas desempeñaron medios de la prensa "seria", tales como El Mercurio -cuando no- y La Tercera.
Sin embargo, tal como los monos porfiados, que como se les de, quedan parados, el embajador de Colombia en Chile, Santiago Figueroa, hasta el final se negó a dar su brazo a torcer:
"Tengo que reiterar que las pruebas no son falsas, las pruebas son inválidas. El señor Olate tiene vínculos desde el punto de vista objetivo, pero desde el punto de vista jurídico las pruebas no tienen validez porque esa fue la decisión de la Corte y esta decisión tiene que respetarse".
En tanto, la defensa de Olate solicitó una condena en costas para que Colombia pague los costos de este proceso de extradición. Asimismo, solicitó medidas reparatorias para su representado, recordando que tras la acusación emanada desde Colombia estuvo preso durante dos meses.
Igual que el embajador de Colombia, el representante del Ministerio Público, Eduardo Picand, siguió con la farsa hasta el final, por cuanto consideró "inadmisible" dicha solicitud de la defensa:
"Es absolutamente inadmisible porque todos los estados del mundo tienen un derecho que es básico, que es inmunidad de jurisdicción. Que permite que sus propios tribunales sean quienes lo juzguen. Son los propios tribunales de Colombia quienes deben pronunciarse sobre la fundamentación del pedido que formularon a Chile, pero no le corresponde a un juez chileno pronunciarse o condenar a un estado extranjero".
Lo que Picand omite es que tanto él, como todos quienes tomaron parte en la odiosa conspiración contra un ciudadano chileno que ejerció el legítimo derecho de sustentar determinada posición política, atropellaron un principio de legalidad todavía más básico: la presunción de inocencia de cualquier imputado por cualquier causa, donde la obligación de la prueba recae en la parte acusadora, y no como en este caso, en que Olate y su defensa debieron cargar con el peso de demostrar su inocencia, lo que en último término lograron en el juicio del Ministro Muñoz, quién no sólo desestimó por ilegal el valor de la prueba aportado por Colombia, sino que además concluyó que ninguna de las conductas imputadas a Olate era constitutiva de delito en Chile.
Y otra pregunta para el señor Picand y el Ministerio Público: ¿pensaron con honestidad que en Colombia Manuel Olate pudo haber tenido un juicio justo?
Peor aún, la cuestión principal que sigue abierta es: ¿quién y cómo compensará a Manuel Olate de estos más de dos años de campaña sañuda, artera y brutal?
F.H.
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