Por Revista Insurrección
Lunes, 27 de junio de 2011
En reciente entrevista, el Presidente Santos señaló al ELN como parte de una extrema izquierda que pretende crear el caos, que quiere más guerra, viola los Derechos Humanos y busca penetrar la protesta social.
Esta argucia del caos que formula es intencionada, está encaminada a justificar la nueva ley llamada de “Seguridad Ciudadana”, que endurece e intensifica la represión violenta y la criminalización de los movimientos y las protestas sociales que se desarrollan en del país, como expresión legítima de la inconformidad e indignación existente por la injusticia social, la corrupción y las políticas públicas dirigidas a favorecer los dueños del poder.
Ahora resulta que los problemas del país, son responsabilidad de "la extrema izquierda y la extrema derecha" y el presidente aparece como del “centro optimista” que va a salvar la patria, cuando él ha sido responsable directo del desgobierno, en los últimos 4 periodos presidenciales y miembro furibundo de las prácticas fascistas contra el pueblo.
AL AFIRMAR QUE LA “extrema izquierda” está penetrando el movimiento social, tiene el deliberado propósito de señalar a todo aquel que proteste, de ser agente de la guerrilla; de calumniar a los líderes sociales y hacerlos objetivos de la guerra sucia; de presentar la insurgencia como el demonio y enemiga del pueblo, con el propósito de aislarla y distanciarla de las masas y sectores democráticos; de continuar cerrando puertas a las posibilidades de una Salida Política al conflicto social y armado, al entendimiento para la construcción del nuevo país.
Lo que busca el Presidente Santos con estas afirmaciones, es justificar la continuación y profundización de la estrategia de guerra y hacer de todo aquel que difiera del pensamiento oficial, una persona peligrosa generadora del caos y agente de la guerrilla.
A la vez echa las bases de una campaña que alimenta una matriz mediática, que tiene como objetivo penalizar la protesta del pueblo que reclama sus derechos económicos, políticos y sociales más sentidos y justificar la criminalización de la protesta social, calificándola de terrorista. No es extraño que el hoy presidente Santos, anterior ministro de la guerra de Uribe, ponga en práctica la matriz del terror, el señalamiento y el silencio obligado bajo amenazas.
LA CALUMNIA PÚBLICA hace parte de la estrategia que utiliza la oligarquía, para acallar las voces de descontento y la protesta social, generando una política de Estado que articula la guerra sucia y el paramilitarismo con unas fuerzas militares y políticas intolerantes y agresivas.
Es dentro de esa lógica que los medios y el gobierno han señalado, en los últimos días, a los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y de la Universidad Santiago de Cali, de ser agentes de la guerrilla; este señalamiento busca ilegitimar la protesta estudiantil contra la privatización de la Universidad Pública y justificar la represión.
El régimen desconoce el derecho que tiene el pueblo a disentir y protestar cuando son lesionados sus intereses, cuando el país se hunde en el abismo de la extrema riqueza de unos pocos y extrema pobreza de millones de ciudadanos y se entrega a las multinacionales que saquean la riqueza nacional. El pueblo tiene derecho a expresar la inconformidad con gobiernos que manejan el Estado y la Nación como patrimonio propio y de la élite dominante.
Contra la ola de los pueblos Santos conoce que en Latinoamérica soplan con fuerza vientos de cambio, que en el mundo Árabe se vienen dando movimientos de los pueblos inconformes contra sus gobiernos, que en Europa están surgiendo movimientos de inconformes e indignados, pueblos que cansados de tanto sufrimiento e insatisfacciones están diciendo “basta ya” de los regímenes anti populares, de la falsa democracia y del modelo económico que favorece una minoría.
El gobierno tiene claro que esta ola que recorre el mundo, influye en el pensamiento y el sentir del pueblo colombiano. Ante el temor de perder el poder político y ver afectados sus intereses económicos y pretendiendo adelantarse a los acontecimientos que están por venir e intentando evitar lo inevitable, quieren impedir la protesta social, al presentarla como inducida por la guerrilla, para darle un tratamiento criminal.
ADEMÁS DEL TERRORISMO DE ESTADO que se hace en forma encubierta, ahora se aprueba la Ley de “Seguridad Ciudadana”, que deja al ciudadano inerme ante los atropellos de las Fuerzas represivas del Estado, permitiendo detenciones y allanamientos arbitrarios, violando la intimidad de las personas y los Derechos Humanos, militarizando la vida ciudadana, ampliando penas y criminalizando las movilizaciones sociales.
El pueblo colombiano se mueve con la ola mundial de rebeldía, no se amedrenta con más represión y sigue en pie de lucha reclamando sus derechos y defendiendo su dignidad.
AL ELN, QUE NACE DEL CORAZÓN de las grandes luchas sociales del pueblo colombiano, tampoco lo harán desistir, pues las raíces del espíritu eleno están impregnadas de los intereses más sagrados del pueblo, convertidas en mandato irrenunciable e inclaudicable, por eso está y estará con y junto al pueblo. Hacemos parte de él y sus luchas.
Luchando unidos los revolucionarios, demócratas y personas con sensibilidad social, podremos con pasos seguros avanzar en el proceso de cambiar el régimen político, el modelo económico y construir el proyecto de nación con justicia, paz y equidad.
