 |
| Trabajadores de la salud afiliadoS en el sindicato ANTHOC protesta en Bogotá en contra el modelo neoliberal y su Ley 100, cuyo autor, el entonces senador Álvaro Uribe, prometió una salud excelente. Ahora muere, tanto pacientes como la salud pero los corruptos se vuelven cada día más millonarios. FOTO. DICK EMANUELSSON |
CIFRAS DE LA SALUD |
| Escrito por Jimy ríos | ||||
| Domingo, 03 de Julio de 2011 03:43 | ||||
| El cinismo de la oligarquía colombiana no tiene límites. Dos días después de una nueva protesta que reivindicó el derecho a la salud, y en particular exigiendo al Gobierno el pago de la deuda billonaria con los hospitales públicos, el presidente quiso desviar la atención con esta frase: “Las FARC se están haciendo a la plata de la salud de los colombianos”. Como dijo Marulanda: “Si llueve es culpa de los comunistas…”. El cinismo de la oligarquía colombiana no tiene límites. Dos días después de una nueva protesta que reivindicó el derecho a la salud, y en particular exigiendo al Gobierno el pago de la deuda billonaria con los hospitales públicos, el presidente quiso desviar la atención con esta frase: “Las FARC se están haciendo a la plata de la salud de los colombianos”. Como dijo Marulanda: “Si llueve es culpa de los comunistas…”. Según Santos, la crisis hospitalaria, el déficit del sector, la corrupción, la falta de cobertura, la mala calidad y los enfoques mediocres en la atención, sumados al costo de los medicamentos, ahora es culpa del Ejército del Pueblo. La salud y la seguridad social ya tenían grandes problemas de cobertura y calidad cuando fue promulgada la ley 100 en 1993. Sin embargo, el neoliberalismo empeoró la situación con la privatización y el supuesto subsidio a la demanda, descargando aun más al Estado de sus responsabilidades en la oferta asistencial. Nunca fueron atendidas las alertas de organizaciones sociales, sindicales y gremiales, sobre las dificultades que atravesaría la salud con éste marco legal. Era obvio que a la población le iría mal, pero estaba calculado racionalmente que a los mercaderes del “paseo de la muerte” les iría bien. Un caso ejemplar es el de Saludcoop EPS, aunque casi todas están siendo investigadas. Esta empresa es una de las más grandes del país teniendo en cuenta todos los sectores. En 1994 nació con 2.500 millones de pesos de capital, y a 2010 contaba con un patrimonio de 439.391 millones de pesos: creció 176 veces en 16 años. A esto vino el neoliberalismo. Y puede ser más alto su crecimiento, si tenemos en cuenta las prácticas de evasión de impuestos, pues está comprobado que no declaran todo lo que ganan.  También es una clara muestra de financiarización. Con los recursos que el Estado destina a la atención de los usuarios, Saludcoop EPS se ha encargado de crear otras empresas para que le presten los servicios y le sirvan de proveedores, incluso a los mismos trabajadores. Por esta razón, en 2009 la superintendencia sectorial le había obligado a restituir 627 mil millones de pesos, y desmontar las operaciones de préstamo y similares en negocios diferentes a su naturaleza jurídica. En esa dirección, según la Federación Médica Colombiana, en el país no existen controles serios sobre los recursos de la salud que están siendo manejados por las EPS, y eso facilita el desvío de los dineros mientras los pacientes se mueren en la puerta de los hospitales. “Hay 72 EPS regadas en el territorio sin control, frente a los recursos públicos de la seguridad social y por eso ahí está metiendo la mano todo el que puede.” Y por esta razón la Federación pidió seguimiento sobre los dineros de la salud y agregó indagar por “las inversiones que hacen las EPS en asuntos que no son de la salud, cómo derivan recursos parafiscales para constitución de empresas y oligopolios alrededor de las EPS y empresas que nada tienen que ver con la salud”. (Caracol, junio 25 de 2011). La Superintendencia Nacional de Salud, al entregar un informe de la situación económica de las EPS, solo informó sobre 23 y acaba de abrir investigación sobre otras 29. Por otra parte, aun no se precisa la cifra de la deuda de las EPS a los hospitales, aunque siempre se cuenta en billones. La Federación Médica Colombiana denunció que la mayoría de EPS del país están ilíquidas y no tienen como responder por los 5.5 billones de pesos que adeudan a los hospitales. (Caracol, junio 23 de 2011). A lo anterior se agrega que de los 32 o 35 billones que maneja el sector de la salud, más de la mitad queda en manos de las EPS. Sin embargo, el Sindicato de la Salud advierte que la crisis económica de la red hospitalaria supera los 3.7 billones de pesos. Santos quiere tapar el sol con las manos. En su idea de blindar la administración “anterior” y ocultar el desastre neoliberal, busca culpables donde no los hay y trata de culpar a las FARC, cuando asistimos en la actual coyuntura a un nuevo escándalo de corrupción en la salud. El robo ya supera los 4 billones de pesos, orquestado por el ex ministro de Protección Social Diego Palacio, de la banda criminal de Álvaro Uribe, en asocio con las empresas prestadoras. Las EPS reportan un número de afiliados y atenciones superior al que realmente cubren. Realizan recobros por servicios y medicinas no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud y se inventan tutelas; también la utilizan cédulas falsas y de difuntos que resucitan utilizando servicios de salud. La trampa hace parte del modelo.
Pero el hecho de que se roben la plata no explica el déficit presupuestal, así como la carnetización tampoco da cuenta de la universalización. Dicho en otras palabras, el sistema no cubre todas las personas y toda la persona. Son muchas las enfermedades que se quedan por fuera de la atención, y lo mismo sucede con los medicamentos para curarlas, pese a las 20 actualizaciones al Plan Obligatorio de Salud que dijo el gobierno de Uribe había realizado. Bien se ha planteado que solo dan aspirinas. El carnet no es garantía de nada y debería bastar con que un ciudadano solicite el servicio para ser atendido. Pero contrario a esto, no importa si está afiliado al régimen contributivo o al subsidiado, generalmente tiene que emprender demandas ante los jueces para acceder al derecho humano de la salud. “Entutele”, es la respuesta que reciben miles de usuarios. Si bien la tutela ha sido utilizada en la corrupción, también es cierto que da cuenta de la inconformidad de los usuarios frente a la desatención y la desidia en el sistema. Según el Consejo Superior de la Judicatura, en 20 años, la mayoría de las cuatro millones de tutelas instauradas se relacionan con reclamación de derechos en atención en salud, pensiones, medicamentos y tratamientos médicos específicos. Así mismo, también se han utilizado para derechos laborales, y derechos de los desplazados. Los informes de la Defensoría del Pueblo contabilizan entre 1999 y 2008, 1951341 tutelas, siendo el derecho a la salud el más invocado. Solo en 2008 representó el 41.52% de todas las tutelas. Durante el período 2002 y 2005 las específicas de salud crecieron el 280%. Más del 80% de los medicamentos tutelados corresponde a medicamentos no contemplados en el POS. El 89% de las cirugías solicitadas por tutelas está contemplado en el POS y su negación se debe principalmente a la no autorización de dispositivos (prótesis, válvulas, lente intraocular, grapas etc.) considerados, en algunos casos, por fuera del POS. En otros casos su negación se debe a la solicitud de nuevas tecnologías (laparoscopias). Y en el período 2006 – 2008 se presentaron 346424 tutelas de salud para una representación del 39.2% del total. Efectivamente el problema tiene más fondo. En las actuales discusiones por ejemplo, se elude la relación de la salud con el campo del trabajo. Pareciera que nada tiene que ver la flexibilización laboral, la precarización del trabajo y la des-salarización. En 1993 se decía que el sistema alcanzaría unas cifras de 70% de afiliados al régimen contributivo y el 30 al subsidiado. Con los actuales balances, es evidente que los tecnócratas también hicieron caso omiso a las consecuencias del neoliberalismo en el trabajo. Con 60% de informalidad y un desempleo de dos cifras, el régimen contributivo no puede alcanzar esos porcentajes de afiliación.
Además tener un trabajo tampoco es garantía de vinculación al sistema de seguridad social como lo indica un informe oficial de 2010 sobre la evasión de las empresas privadas que no pagan los beneficios de los trabajadores. El anterior ministro de Protección Social, presentó como un logro el “Fortalecimiento del sistema de Inspección, Vigilancia y Control. Producto de la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, el valor de las sanciones por evasión pasó de $4.100 millones en el 2002 a $57.000 millones en 2009.” Las cuentas gubernamentales dice que la evasión en régimen contributivo de salud podría estar por el orden de 1.6 billones. En 2009 unos 57.642 cotizantes a pensiones y cerca de 96.964 cotizantes a Riesgos Profesionales no cotizaban al Régimen Contributivo, revela el estudio. En el 2008 se lograron detectar un total de 166 mil casos que presentaban una diferencia entre los ingresos para aportados a la seguridad social reportados por las EPS y los ingresos a la DIAN. (Caracol, Septiembre 6 de 2010) Como muestra de las dificultades de información en éste sector, las dos encuestas más importantes aplicadas en 2010 presentan contradicciones entre sí, y diferencias con lo que maneja el Ministerio de Protección Social, ya que niegan la tan cacareada universalización. La Encuesta de Calidad de Vida del DANE concluyó que el 11% no está afiliada mientras el restante 88.7% se distribuye en 47.5% en el contributivo y 52% en el subsidiado. En cambio, la encuesta de Demografía y Salud de Profamilia, registró el 40% y el 44% respectivamente. La diferencia entre ambas encuestas, en el caso del contributivo se acerca a los 3 millones de personas. Con el desempleo han aumentado los usuarios del régimen subsidiado y esto le explica al gobierno el déficit de la salud que ya alcanza 8 billones de pesos. En junio de 2010, la superintendencia lo había calculado en “algo más de 7,8 billones”. Esperaban ingresos por 21,2 billones de pesos mientras que los gastos ascenderán a 29,4 billones. Y eso que los subsidios no cubren los pocos beneficios del contributivo, pese a que la Corte Constitucional sentenció la unificación de los POS. Al cierre del gobierno anterior, un estudio denominado "Evaluación de la Agenda Pendiente" de la Asociación de Clínicas y Hospitales, contabilizó el estado deficitario del sistema de salud con una cartera hospitalaria que asciende a los 2,8 billones de pesos. El Estado es uno de los mayores deudores frente a las Clínicas y Hospitales con deudas que a diciembre de 2009 alcanzaron los 632.639 millones de pesos.” El mismo subdirector en Vigilancia y Control de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social, reconoció en 2010 que “No hay plata ni recursos humanos para enfrentar el dengue”, en una clara muestra de que la salud pública no hace parte de los planes del Estado neoliberal en Colombia. En el tema del recurso humano, las secretarías de Salud dijeron a los funcionarios del Ministerio, “que el personal médico con el que cuentan los departamentos es insuficiente o lo rotan con mucha frecuencia, lo cual no les permite contar con grupos especializados para afrontar este tipo de eventualidades.” En ese momento, el déficit presupuestal en salud de los departamentos, alcanzaba los 900 mil millones de pesos. Por su parte, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, calculó que el déficit fiscal de los hospitales asciende a los dos billones anual. Y propuso como alternativa tomar recursos de los municipios y de las cajas de compensación social que permitirían contar con 700 mil millones. Y en febrero de 2011, los trabajadores hospitalarios afirmaron que “el punto básico de la crisis es la enorme deuda que tienen el Gobierno y las Empresas Prestadoras de Salud con esos centros de atención y que, según el Sindicato Nacional de Salud, es de 5.5 billones de pesos. Definitivamente las cuentas aun no son claras y hace parte de los problemas de información de la salud. En ese sentido, una editorial de El Tiempo, que de vez en cuando les da ataques de sinceridad, afirmó que “El país no está en capacidad de saber, entre otras cosas, de qué se enferma y se muere la gente. (marzo de 2011) La superintendencia de salud también sostuvo que “algo más de dos millones y medio de personas no estén en las bases de datos de la seguridad social, está generando líos financieros para el sistema de salud colombiano. Las cifras de la Superintendencia Nacional de Salud dicen que hay financiación para 23 millones 600 mil personas, mientras que hay plena identificación de solo 21 millones. Esto quiere decir que unos 800.000 millones de pesos que facturan las EPS por estas personas son de difícil cobro porque no hay quien responda por ellas. Pero el desangre va por muchas vías.” (El Colombiano, junio de 2010). Lo que si es cierto, es que con estos números de los diferentes actores del sistema sobre el déficit, es muy difícil creer en el optimismo del ex ministro Palacio y en el balance citado arriba. Según éste, “La dinámica de la afiliación redundó en una creciente destinación de recursos para cofinanciar el Régimen Subsidiado. Entre 2002 y 2006, (dice) más que se duplicó la inversión destinada al aseguramiento de la población más pobre y vulnerable, la cual pasó de $1.91 billones a $3.92 billones en el lapso de esos cuatro años. Esta tendencia continuó en el último cuatrienio, alcanzando la cifra de $6.35 billones para el año abril/2009 – marzo /2010.” En 2010, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, fue concluyente al decir que, en el caso de Bogotá: “existe una seguridad social para pobres y una para ricos. El rico, que está expuesto a muchos menos riesgos de salud porque está mejor alimentado, informado y tiene puestos de salud más cerca, tiene mucha más atención. En cambio, si se baja en la escala social, la gente está expuesta a muchos riesgos, a la polución, al atraco, a la cuchillada, al no tener seguro, no está informado. Allí la atención en salud es mucho más precaria”. El gobierno pretende hacer creer que con reformas tipo Ley 1438 del 19 de enero de 2011 se va a resolver el problema. Ni esta ni las declaratorias de emergencia social en Salud van a atentar contra el sistema de seguridad social en salud neoliberal. Todo lo contrario. No es cambiando nombres, ni siglas, ni entidades supuestamente nuevas. Mientras la competencia siga regulando la salud del Pueblo, y no sea la solidaridad y la igualdad, el sector continuará por la senda de la crisis. Cuentas van y cuentas vienen. Lo cierto es que la crisis de la salud tiene en su fondo una concepción mercantilista que privilegió los intereses del capitalismo convirtiendo la salud en una mercancía impagable. Además, esto puso en tensión la rentabilidad con los derechos humanos y la ética médica. El Estado se desentendió, y ahora presenta una crisis financiera que hace parte del déficit fiscal. La cuestión no podía tener otro resultado. Dicho de otra manera, esto sucede mientras las empresas de salud se enriquecen y las multinacionales de otros sectores saquean nuestros recursos naturales. Mientras el gobierno cumple estrictamente con el servicio de la deuda externa y quema el erario público en la guerra contra el pueblo. No hay lugar a dudas: hay potencial de recursos para otra Colombia donde el presupuesto éste dedicado a pagar la deuda social. En la Nueva Colombia la salud será pública, preventiva, integral, universal y, por qué no, gratuita. La crisis del sector se resuelve con cambios estructurales que superen el mercantilismo, la mera medicina curativa, la focalización y los presupuestos de miseria que descuidan el bienestar del Pueblo y niegan sus derechos esenciales. En la actual coyuntura, no podemos caer en la superficialidad de siglas, procedimientos, decretos reformistas y más tecnicismos. Además es inviable un sistema que dependa del consumo de alcohol, el cigarrillo y los juegos de azar para poder contar con los recursos. Así las cosas, el futuro será insurreccional. |
