“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, artículo 22 de la Constitución Política de Colombia
Por Camilo Raigozo
Este martes 5 de julio, el presidente Juan Manuel Santos le salió al paso a las tímidas acciones de la Iglesia en favor de la paz en Colombia. Con aire arrogante y triunfalista el mandatario rechazó el aporte que la institución clerical ofrece para buscarle soluciones políticas al conflicto social y armado que desangra al pueblo colombiano desde hace medio siglo.
“Cuando las circunstancias sean propicias, el Gobierno buscará la ayuda de la Iglesia para conseguir la paz”, dijo Santos en el Foro Juan Pablo II, con la paz de Cristo por los caminos de Colombia, organizado por la Iglesia católica en Bogotá.
A renglón seguido anotó el mandatario que “tengan la seguridad de que cuando veamos que las circunstancias sean propicias, los llamaremos para que nos ayuden a conseguir ese anhelado objetivo”.
Con esta posición el Gobierno de Santos no solamente viola el Artículo 22 de la Constitución Política, sino que le usurpa a sus gobernados el derecho que tienen a encontrarle salidas políticas al conflicto social y armado que la oligarquía y el imperio le ha impuesto a los colombianos.
El Presiente planteó que las voces por la paz sólo serán escuchadas “Cuando la guerrilla, finalmente, se dé cuenta de que a través de las armas sólo seguirá encontrando la cárcel o la tumba. La Fuerza Pública seguirá actuando con toda la contundencia y toda la eficacia para proteger la vida, la libertad y la honra de los colombianos".
Es el mismo discurso guerrerista planteado por los gobiernos de turno desde hace medio siglo y que la realidad histórica se ha encargado de desmentir uno a uno, pues el conflicto sigue ahí, cobrando la sangre, el sudor y las lágrimas del pueblo colombiano.
Cada día que pasa el gobierno despilfarra en la guerra cerca de 60.000.000.000 (sesenta mil millones) de pesos. Los jóvenes soldados, policías o guerrilleros, que pierden la vida o quedan mal heridos en el fragor de los enfrentamientos, unos y otros son hijos del pueblo, no de la oligarquía guerrerista.
No son los hijos de Santos, ni de Uribe, ni de los expresidentes, ni de los banqueros, ni de los generales, ni de los terratenientes, ni de los dueños de la gran prensa, ni de quienes atizan la guerra y disfrutan el desangre del pueblo viéndolo por televisión desde sus cómodas poltronas, los que tienen que “prestarle el servicio a la patria”.
Estos personajes, además, se arrogan el derecho a decidir sobre la vida o la muerte de miles de colombianos
