martes 3 de mayo de 2011
Notiagen
En la madrugada del sábado 30 de abril, varios habitantes del municipio de Saravena (Arauca) fueron capturados y sus viviendas allanadas por la Policía Nacional. Minutos después, medios comunicación como El Tiempo o Caracol TV (1) anunciaban la captura de los supuestos responsables del homicidio de la jueza Gloria Constanza Gaona. Voceros del Gobierno de Juan Manuel Santos, incluido el mismo presidente, afirmaron que los jóvenes judicializados eran milicianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que con tal hecho quedaba descartada la participación del Ejército Nacional en el crimen de la funcionaria judicial.
Lo que no dijeron los medios es que los jóvenes Nelson Archila, Robinson Adrián Ortega y José Diomedes Gamboa Giraldo fueron capturados en sus propias casas, ubicadas en el mismo municipio de Saravena, y que todos ellos habían sido objeto de retenciones y reseñas irregulares por parte de la Policía en los días previos a su judicialización, tal como lo expresaron sus familiares en las respectivas denuncias presentadas ante la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Según esta organización, funcionarios de la Policía retuvieron a Nelson Archila varias veces antes de su captura y en una de esas ocasiones lo condujeron a uno de los barrios de Saravena e intentaron obligarlo a quitar una pancarta alusiva a una de las organizaciones insurgentes que operan en la región.
Según la referida denuncia, Robinson Adrián Ortega había sido reseñado por agentes de Policía en su vivienda, luego de lo cual voluntariamente se presentó en las instalaciones de la DIJIN, en donde la policía judicial revisó su cédula y le informó que podía irse tranquilo. Los familiares de los jóvenes privados de su libertad califican esos hechos como irregulares y opinan que son víctimas de montajes judiciales o falsos positivos.
Por otra parte, es de resaltar que la audiencia de legalización de la captura (realizada en Saravena el mismo día de las capturas) también se vio afectada por hechos irregulares. En primer lugar, la audiencia inicialmente se intentó celebrar a puerta cerrada, pero a solicitud de un abogado defensor se pudo mantener su carácter público. Así mismo, otro abogado asistente a la diligencia judicial calificó como «exabrupto jurídico» el hecho de que la Fiscalía desarrollara lo relativo a las “fuentes humanas” que habrían dado información acerca de los tres imputados.
Finalmente, madres, esposas y hermanas de los tres capturados denunciaron que no se les permitió proporcionar a éstos medicinas y ropa suficiente, ya que serían trasladados a la ciudad de Bogotá, donde ya se encuentran en este momento.
El celular
Mientras la Fiscalía publicita la “ardua labor investigativa” llevada a cabo por los miembros de la policía judicial, los trabajadores de la región del Sarare encontraron en un teléfono celular de uso oficial fotografías que respaldarían la denuncia de montajes judiciales. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Clase Obrera, dos miembros del servicio de inteligencia de la policía fueron sorprendidos por los marchantes, quienes retuvieron el teléfono celular de uno de ellos con el que se fotografiaba a los participantes de la jornada. A pesar de que el comandante de la estación de policía de Saravena eliminó el contenido de la memoria del celular cuando éste le fue devuelto (a través de acta escrita) los líderes sociales ya habían descargado las fotos y videos que contenía.
En el mencionado aparato se encontraron fotos no sólo de la marcha del Primero de Mayo, sino de otra manifestación pública que habían realizado los docentes de Saravena el pasado 7 de abril. Además de lo anterior, se encontraron varias fotos con fecha del 14 de abril de 2011 en las que aparece el agente que tenía asignado el celular —José Alirio Umaña Lizarazo, el mismo que fotografió a los manifestantes— portando un arma y posando junto a una bandera del ELN, la cual era sostenida por otras dos personas de las que sólo aparecen sus brazos.
Los dirigentes sociales de Arauca califican estas imágenes como evidencia de que el trabajo de los funcionarios de inteligencia y de la policía judicial se acerca más a los montajes o falsos positivos, que a “exhaustivas investigaciones”, dado que ese tipo de elementos es el que posteriormente se utiliza en los expedientes como pruebas de cargo.
