Por: REDACCIÓN JUSTICIA | 8:26 a.m. | 18 de Mayo del 2011
Fiscal dijo que la ex directora del DAS y el ex secretario de Presidencia violaron la ley.
"Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado hicieron parte de una organización criminal para asediar a magistrados, congresistas y un periodista".
Esa fue la afirmación con la que la fiscal general, Viviane Morales, pidió este miércoles la captura de el ex secretario de Presidencia y la ex directora del DAS, los dos más altos funcionarios del pasado gobierno investigados por el escándalo de las 'chuzadas' del DAS.
Durante la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, que fue pública a pesar de la petición de la defensa para que tuviera restricciones, laFiscal dijo que las actividades contra la cúpula de la rama judicial "pervierten la estructura del Estado de Derecho y lesionan las labores de colaboración entre las ramas del poder público, afectando las bases mismas de la legitimidad y confianza institucional".
El papel de Moreno
Para la Fiscalía, los seguimientos ilegales no fueron un hecho aislado o actos de casualidad, pues, dijo, se extendieron entre septiembre del 2007 y agosto del 2008, "convirtiendo en blancos políticos a las personas seguidas".
Señaló que las actividades ilegales se iniciaron el 12 de septiembre del 2007, cuando, en una reunión en el Metropolitan Club, Bernardo Moreno habría manifestado "el interés del Presidente de la República en que el DAS obtuviera información sobre la Corte Suprema de Justicia, Piedad Córdoba, Gustavo Petro y Daniel Coronell".
Ese día, según la investigación, quedó trazado un derrotero que María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre del año pasado, se encargó de desarrollar. La Fiscal hizo una relación de los seguimientos a los congresistas, la filtración de información a los medios de comunicación para desprestigiar a la Corte, las grabaciones hechas en la sala de audiencias del Tribunal y la búsqueda de su información financiera.
"Hurtado ordenó interceptaciones de correos electrónicos e interceptación de comunicaciones; además de seguimientos patrimoniales sin que esas actividades tuvieran órdenes judiciales", dijo Morales.
Igualmente, cuestionó el uso de gastos reservados que incluyó el pago de 20 millones de pesos a un fotógrafo de Barrancabermeja para desprestigiar a la ex congresista Yidis Medina por las declaraciones que había hecho frente al pago de dádivas para la reelección presidencial. "Moreno organizó y promovió esas actividades con el fin de cometer delitos contra la Corte", señaló.
La fiscal Morales aseguró que el ex secretario de Palacio realizó distintas funciones que no le correspondían e impartió la orden al DAS y a la Uiaf de obtener información privada y reservada de los magistrados, los políticos y el periodista. Y agregó que Moreno "defraudó sus deberes oficiales: se esperaba de él un comportamiento ejemplar y afectó bienes jurídicos y garantías constitucionales".
Por eso, pidió que sea enviado a la cárcel por la gravedad de los delitos y porque "su libertad es un peligro para la sociedad".
En el caso de Hurtado, la Fiscal señaló que la ex jefe del DAS no tiene interés en asistir al proceso. Dijo que Hurtado recibió comunicaciones a su casa y que se envió una carta rogatoria a Panamá para informarle de la audiencia de imputación. "La actitud de desprecio de la procesada a pesar de los daños ocasionados por sus actuaciones justifican la necesidad de ordenar su captura", sostuvo.
Con estos argumentos, el martes, el magistrado del Tribunal deberá decidir si ordena o no cárcel para Hurtado y Moreno. De ser así, la orden de captura de Hurtado sería expedida, casi de inmediato, con circular roja de Interpol.
La defensa de los dos ex funcionarios
Tanto Bernardo Moreno como María del Pilar Hurtado han insistido en su inocencia. Afirman que no hubo seguimientos a la Corte, sino que se investigó un supuesto intento de infiltración del narcotráfico a la Corte a través del empresario Ascencio Reyes.
En la audiencia de imputación de cargos realizada, Moreno no aceptó responsabilidad en los delitos por los que está siendo procesado.
Y sobre las versiones de los capitanes (r.) Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, que lo han salpicado, el abogado del ex secretario general de Presidencia, Jaime Granados, ha dicho que son "falsas y mentirosas".
En el caso de Hurtado, sostiene que es víctima de una supuesta persecución política y que por eso buscó refugio en el exterior.
Los salpican ex jefes de Inteligencia
Los testimonios de otros dos ex miembros del DAS involucrados en el escándalo, los capitanes (r.) Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos (ya condenados por el caso), son la base de las acusaciones contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno.
El capitán Lagos dijo que recibía órdenes concretas de Hurtado sobre reunir informaciones de varios magistrados. "El objeto de esas investigaciones era desacreditar esa alta corte (...) y desprestigiar a congresistas" de oposición, dijo el ex jefe de Contrainteligencia del DAS ante la Fiscalía.
Tabares, que era jefe de Inteligencia, habló de una reunión en un club de Bogotá en la que Hurtado y Moreno le habrían hablado de la necesidad de realizar seguimientos a magistrados, políticos y hasta periodistas críticos del pasado gobierno.
Si hay orden de captura, extradición dependería de Panamá
Expertos internacionalistas consultados por EL TIEMPO sobre lo que puede pasar con la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, refugiada hoy en Panamá, coinciden en que el Gobierno puede pedir su extradición, pero que mientras su par panameño le mantenga el asilo político, ella no podrá ser extraditada al país, independientemente de la decisión que tome la justicia colombiana.
De acuerdo con Rafael Nieto, "mientras esté protegida en ese país, así esté condenada, no va a pasar nada porque el asilo la protege con relación a la decisiones que promueva el Estado colombiano".
El ex procurador Jaime Bernal Cuéllar sostiene que la solicitud de extradición puede hacerla el juez que lleva el caso en cualquier momento del proceso. Y explicó que esa petición debe ser tramitada por la Cancillería ante el Gobierno panameño, pero aclaró que esta solo procederá si Panamá le levanta el asilo.
También el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo dice que si el juez da la orden de captura se debe remitir la documentación a la Cancillería colombiana para que esta la tramite ante las autoridades del país vecino.
Agrega, sin embargo, que "como el asilo que se le concedió a Hurtado fue por delitos políticos, el Gobierno colombiano debe aportar las pruebas de que su condena no es por este tipo de crímenes, sino por otros, para que las autoridades panameñas estudien el caso".
En todo caso, dice Ramírez, si el Gobierno panameño decide mantenerle el asilo a la ex directora del DAS, las autoridades colombianas no podrán hacer nada al respecto.
Finalmente, el ex canciller Julio Londoño Paredes recuerda que en el momento en el que Panamá le concedió esa protección a la ex directora del DAS, calificó la situación y decidió que le daba asilo territorial.
"Tengo dudas de que Panamá vaya a conceder una extradición en caso de que el Gobierno Nacional la solicite. Si se tratara de un delito atroz podría ser, pero en este caso, no creo", sostiene. Una opción, en todo caso, es que Hurtado se entregue a la justicia colombiana si le dictan orden de captura.
REDACCIÓN JUSTICIA
