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Los laptop´s masacrados por misiles y ametrellamientos en la noche el 1 de marzo de 2008, no impide que los discos duros y USB´s son utilizados como “pruebas” en procesos contra cualquier persona o organización que cuestiona el terrorismo de estado en Colombia. |
¿Alguien en el país puede explicar por qué un instituto de investigación está comercializando piezas procesales que deberían estar en cadena de custodia?
/ Sábado 14 de mayo de 2011
No es fácil acceder a documentos públicos en este país. Así se trate de informes, reportes, bases de datos, estudios o decisiones judiciales, las trabas que ponen los funcionarios que los custodian son tantas, tan injustificadas y arbitrarias algunas, que han obligado a recurrir a la acción de tutela para lograr el acceso pleno a los archivos.
Una de las dependencias estatales donde más se dificulta el acceso a los documentos es la judicial. Por obvias razones, entre ellas las jurídicas, un expediente tiene reserva, pero también es cierto que avanzado el proceso, sobre todo cuando está en ejecución de penas, ya adquiere carácter de público y cualquier ciudadano, a través de una solicitud motivada, puede acceder a los cuadernos que se armaron durante todo el proceso.
Diversas investigaciones académicas y periodísticas me han llevado a los juzgados y si bien he encontrado en algunos de ellos receptividad, en otros las trabas han sido tantas y tan absurdas que más parecen estrategias de desgaste para evitar que lo consignado en un expediente sea conocido públicamente. Algo contienen que al funcionario de turno le asignan la tarea de impedir a toda costa el acceso a los cuadernos de uno u otro proceso. En Antioquia es particularmente complejo acceder a los expedientes relacionados con el paramilitarismo.
Evoco mi relación académica y periodística con las dependencias judiciales para intentar comprender cómo el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés) pudo tener acceso a los discos duros de los computadores incautados tras el ataque del 1 de marzo de 2008 al campamento del jefe guerrillero Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, para construir un análisis sobre las Farc a partir de sus contenidos y vender parte de esos archivos a través de operaciones en línea por 40 libras esterlinas.
En la reseña del informe, titulado The FARC Files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archive of ‘Raúl Reyes’ - Courier Delivery, que puede comprarse en la página webwww.iiss.org, se lee que la investigación se desprende de “un estudio de los discos duros de la computadora perteneciente a Luis Edgar Devia Silva (alias Raúl Reyes), jefe del Comité Internacional de las FARC, que fueron incautados por las fuerzas armadas colombianas”. La oferta incluye un CD-ROM que, según el instituto inglés, “contiene todos los correspondientes mensajes sin editar y en el original en español en un formato de búsqueda cronológico”.
La manera de presentar la investigación sugiere varias preguntas: ¿Cómo obtuvieron los investigadores de IISS toda la información de los discos duros? ¿Bajo qué mecanismos accedieron a los mensajes sin editar de los supuestos correos enviados y recepcionados por alias ‘Raúl Reyes’? ¿Estamos frente a un remedo de filtración documental del tipo Wikileaks? ¿Cómo es que se pueden vender unos archivos que hacen parte de diversos procesos judiciales en Colombia?
He hablado con respetados juristas acerca del tema y es claro que desde el momento de la incautación de por lo menos tres computadores hallados en el campamento de la guerrilla de las Farc en territorio ecuatoriano era necesario imponer una cadena de custodia sobre esos elementos, entre otras razones para garantizar la originalidad de los archivos, así como su manipulación y daño, pues de entrada se suponía que los textos allí encontrados podrían generar varias investigaciones penales. Todo lo incautado debió tener un alto nivel de reserva.
Pero no fue así. Si se observa con detenimiento la cobertura noticiosa de esa operación militar queda demostrado que no se preservó la cadena de custodia sobre los elementos hallados. Con textos impresos en la mano, el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, reveló apartes de diversos correos electrónicos supuestamente encontrados en los computadores que daban cuenta de las supuestas relaciones de la guerrilla de las Farc con los gobiernos de Venezuela y Ecuador.
Siguiendo las explicaciones de los abogados consultados, es claro que la exposición constante de los contenidos de los archivos contenidos supuestamente en los computadores incautados, deja dudas sobre si se han manipulado o no, lo que podría tener un efecto jurídico contrario a los intereses de la justicia colombiana e internacional: perderían todo valor como prueba. ¿Qué juez le daría valor probatorio a unos documentos que se pueden comprar por 40 libras esterlinas a través de una operación virtual?
Todo este episodio tiene una clara estrategia propagandística que le resta rigurosidad investigativa a lo realizado por IISS. A mi juicio no es casual que su informe sea divulgado justamente por estos días, cuando se discute en el país si hay un conflicto armado o no.
Obsérvese la notable coincidencia entre los contenidos divulgados por el general Naranjo tres días después de la operación contra el campamento de alias ‘Raúl Reyes’ y los difundidos por el instituto inglés esta semana: la relación de la guerrilla de las Farc con los gobiernos de Venezuela y Ecuador. Parece que se pretendiera socavar la relación legítima que ha logrado el presidente Juan Manuel Santos con ambos gobiernos y dejar dudas sobre su idea de incluir en la Ley de Víctimas que se tramita en el Congreso de la República el reconocimiento del conflicto armado en el país.
Lo grave es que se haya violado la cadena de custodia para fortalecer una campaña internacional de deslegitimación contra tres gobiernos elegidos democráticamente que tratan de trabajar articuladamente pese las diferencias ideológicas. Todo esto tiene un tufillo uribista que no he podido dejar de sentir.
Y se acentúa ese tufillo al recordar que el 9 de julio de 2008 el paramilitar Ever Velosa García, alias ‘HH’, entregó una USB que era propiedad de su comandante Carlos Castaño Gil a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz el 9 de julio de 2008. ¿Alguien sabe dónde está? ¿Sobre esa si se aplica con rigor la cadena de custodia? ¿Sus contenidos perjudicarían no a los opositores de gobiernos anteriores sino a sus amigos más cercanos? ¿Por eso no se publican y distribuyen para que también sean comercializados por Internet? ¿Ahí sí la Fiscalía es celosa con los elementos probatorios?
* Periodista y docente universitario
