San Juan, Puerto Rico, 6 de mayo de 2011
Declaración del Partido Comunista De Puerto Rico
Ante la detencion ilegal y entrega del revolucionario y refugiado politico Joaquín Pérez Becerra al estado fascista colombiano por el gobierno de Venezuela
El Partido Comunista de Puerto Rico se suma a la campaña internacional de solidaridad por la libertad del periodista Joaquín Pérez Becerra. El camarada Joaquín Pérez Becerra, editor y director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia, radicada en Estocolmo, Suecia fue detenido ilegalmente en Caracas, Venezuela, el pasado 23 abril por la Guardia Nacional y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), organismos que, con tratos vejatorios, le mantuvieron incomunicado durante 48 horas y sin asistencia de un abogado de su confianza. Tampoco le permitieron la asistencia del cónsul de Suecia, país del que Joaquín es ciudadano, aún a petición de esa representación diplomática acreditada en Caracas.
El lunes, 25 de abril Joaquín Pérez Becerra, acusado falsamente de ser el “embajador de las FARC en Europa”, fue entregado, en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a oficiales del DAS, cuerpo represivo y de espionaje del Estado colombiano, y de la INTERPOL, por los delitos fabricados de “concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”. Inmediatamente fue trasladado a Bogotá, Colombia, y se le llevó a una cárcel de máxima seguridad.
Sin lugar a dudas, en el proceso de deportar del país al ciudadano sueco Pérez Becerra, el Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela actuó deliberada y arbitrariamente contra la Constitución y las leyes nacionales e internacionales, lo que implicó graves violaciones de los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela: Derecho a la inviolabilidad de la libertad personal, a no ser arrestado o detenido sin orden judicial previa o sorprendido infraganti. Derecho a no ser incomunicado. Derecho a tener asistencia de abogado de su confianza, a ser notificado del motivo de su detención y, por ser extranjero, a la notificación consular prevista en los tratados internacionales. Derecho a un debido proceso judicial. Derecho a la defensa y asistencia jurídica en toda instancia y grado del proceso. Derecho de asilo y refugio.
El Artículo 6 del Código Penal Venezolano establece claramente que: “La extradición de un extranjero no podrá concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la Ley venezolana”.
El Articulo 395 del Código Procesal Penal dispone que “Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se halle en territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida”.
Según se indica en el Pronunciamiento de la Asociación Americana de Juristas, Capitulo de Venezuela: “ El procedimiento también vulneró por omisión expresa la NORMATIVA del DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO y, particularmente, se desconoció la RESOLUCIÓN N° 17 (XXXI) DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) DE 1981, que contempla una serie de limitaciones para efectuar la extradición de personas en condición de REFUGIADOS, bajo la premisa de que la EXTRADICIÓN ES UN PROCEDIMIENTO POR EL CUAL UNA PERSONA ACUSADA O CONDENADA POR UN DELITO CONFORME A LA LEY DE UN ESTADO ES DETENIDO EN OTRO Y DEVUELTO PARA SER ENJUICIADO O PARA QUE CUMPLA LA PENA YA IMPUESTA”.
Nada de esto se cumplió y hoy el camarada Joaquín Pérez Becerra, refugiado político en Suecia luego del exterminio de los militantes de su organización política, la Unión Patriótica – 5,000 asesinados por el Estado terrorista de Colombia- y quien con su Agencia de Noticias Nueva Colombia defendió siempre a la Revolución Bolivariana de Venezuela ante los ataques del Imperialismo Yanqui y su lacayo Álvaro Uribe Vélez, se expone a torturas y a ser asesinado mientras espera por un juicio amañado en las mazmorras del mayor violador de los derechos humanos entre los Estados de América Latina. El Gobierno de Venezuela sabía, al saltarse, por Razones de Estado, todos y cada uno de los procedimientos administrativos y judiciales mandatorios, que en Colombia han sido asesinados 150 periodistas en los últimos años y que la vida de Pérez Becerra está en franco peligro. Los funcionarios de más alta jerarquía del Gobierno y el mismo compañero Hugo Chávez Frías, Presidente de la República, también saben que el Gobierno de Colombia practica con frecuencia una modalidad de tortura y asesinato consistente en negarle asistencia médica a los 7,200 prisioneros políticos que penan en sus cárceles –por las violaciones a los derechos médicos de los presos murieron recientemente 5 reos en las cárceles de máxima seguridad de Acacias (Meta) y la Dorada (Caldas)-.
Más allá del marco jurídico, la detención ilegal – secuestro- y “extradición”- de Joaquín Pérez Becerra, así como la entrega de otros 12 militantes revolucionarios acusados por el gobierno narcoterrorista de Juan Manuel Santos de ser integrantes de las FARC o del ELN, no se corresponde con los principios revolucionarios, antiimperialistas o socialistas de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Ninguna razón de Estado justifica que un gobierno revolucionario entregue a un revolucionario a un Estado terrorista: he aquí un principio ético insoslayable. Desafortunadamente, estos lamentables hechos vulneran el prestigio ganado durante 12 años de la Revolución Bolivariana y laceran la confianza de las y los revolucionarios del mundo en el gobierno de Hugo Chávez Frías.
El Partido Comunista de Puerto Rico demanda la inmediata liberación del camarada Joaquín Pérez Becerra y reclama vehementemente al Gobierno venezolano que cese la política que le ha llevado a entregar como “terroristas” y “delincuentes” a los revolucionarios colombianos.
Por la Comisión Política del Partido Comunista de Puerto Rico,
Miguel Cruz Santos
(787) 602 -6331
