Por: Juan Carlos Millán Guzmán
Una de las figuras cuyo caso tuvo más resonancia por cuenta de la información encontrada en los computadores de “Raúl Reyes”, es Carlos Lozano, miembro del Polo Democrático Alternativo, el colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz, así como director del semanario de izquierda Voz, quien recibió con optimismo el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de descalificar toda prueba fundamentada en dichos elementos probatorios.
Reconocido como uno de los principales interlocutores con la guerrilla de las Farc, Lozano confía en que el reconocimiento del conflicto armado, así como un cambio en la forma de gobernar establecida por el presidente Santos puedan propiciar una salida negociada que allane el camino hacia la paz, en el que muchos de los sindicados en el denominado proceso de la Farcpolítica volverán a ser protagonistas de primer orden.
¿Cómo recibe el fallo?
Es una decisión trascendental que veníamos planteando varias de las personas que fuimos acusadas de rebelión a partir de las famosas pruebas encontradas en el computador de “Raúl Reyes”, puesto que de acuerdo con la argumentación jurídica eran ilegales no solo por la manera improcedente en que fueron obtenidas, sino porque tampoco se cumplieron las mínimas normas de procedimiento legal para estos casos.
¿Cuáles son esos argumentos?
Nosotros sostenemos que se rompieron tanto la cadena de custodia como la reserva del sumario y la protección de la prueba bien habida; así como que fueron obtenidos durante una operación militar de carácter improcedente en territorio extranjero.
Todos esos procesos se caen porque es jurisprudencia de la más alta dignidad de la Justicia en Colombia que es la Corte Suprema, además de que quedan en entredicho algunas determinaciones de carácter disciplinario que adelantó el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, como en el caso de la “muerte política” que le aplicó a Piedad Córdoba.
¿Qué consecuencias podría tener esta sentencia?
Me parece que el fallo tendrá unas implicaciones sobre todos los procesos que se abrieron en el último tiempo, de manera que aunque personalmente no he pensado en emprender acciones legales, escuché por ejemplo que Wilson sí piensa hacerlo, aparte de que no se podrán abrir nuevos procesos judiciales sobre la base de esa misma prueba. ¡Borrón y cuenta nueva!
Por ahora lo más importante es atender todos los casos de quienes siguen en la cárcel a partir de esos procesos que se levantaron hace un tiempo, además de los cargos que se imputaron contra personas como en el caso del director de Anncol.
¿Cuál debería ser el rumbo de esos casos?
La Fiscalía deberá suspender todos esos procesos, de manera que sus expedientes sean anulados y las personas puestas en libertad, así como que también puedan beneficiarse de esta medida aquellos que no estén capturados y en contra de quienes se adelante un proceso jurídico similar, como es el caso de la exsenadora Piedad Córdoba.
¿Quiénes podrían beneficiarse de la medida?
Eran alrededor de 20 personas entre colombianos y extranjeros, porque aquí no solo estuvimos vinculados varios congresistas, periodistas y activistas como Álvaro Leyva o Lázaro Viveros, sino otras personas como el caso del ciudadano suizo Jean Pierre Gontard, o el del diputado venezolano Amílcar Figueroa, la exconstituyente ecuatoriana María Augusta Calle y otras personas de ese país, así como el del chileno Manuel Olarte quien está solicitado en extradición por Colombia, además de algunos dirigentes políticos italianos.
¿Qué opinión le merece el anuncio efectuado por el procurador Ordóñez en el sentido de impugnar la mediada?
Él está respirando por la herida, además de estar actuando no como representante de la sociedad sino del militarismo y de una concepción ideológica reaccionaria y ultraderechista que se niega a garantizar espacios democráticos y las libertades, bajo la misma concepción de la seguridad democrática que nos gobernó durante ocho años respecto a la extraterritorialidad del conflicto colombiano que ellos definen como la guerra contra el terrorismo.
Yo creo que el procurador seguramente va a interponer los recursos que él crea conveniente en todos los casos, pero como la instancia que lo va a estudiar es la misma Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, yo no le veo futuro a esas reposiciones o acciones que interponga el procurador.
“FUE UN MONTAJE”
¿Qué otras consecuencias podría tener el fallo?
Una de las demostraciones de la invalidez de esa prueba es que cuando la Fiscalía encontró los archivos de ese grupo ilegal criminal del DAS llamado G-3, por el cual están respondiendo Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, es la de que acciones realizadas antes de la muerte de “Raúl Reyes”, ya reposaban en los expedientes que se armaron contra nosotros.
Esto hace parte de una campaña de montajes orquestada por una mafia que solo busca deslegitimar a la oposición, los periodistas críticos y toda acción que estuviera encaminada a denunciar la violación de los derechos humanos.
¿Quiere decir que los computadores de Reyes fueron usados como un pretexto?
Con el argumento del hallazgo de los computadores se quiso legitimar todo lo que ya tenían ellos ilegalmente fabricado y montado, a partir de la información obtenida de manera ilegal por ese grupo del G-3.
Al igual que le dije a la fiscal que seguía mi caso, en mi condición de abogado creo que una de las cosas elementales del Derecho es que lo primero que debe mostrársele a un procesado durante la indagatoria es la prueba, y la verdad es que hasta ahora no he visto los computadores, ni los correos electrónicos de los que tanto se habla, sino unos documentos en formato Word.
¿Qué decían esos correos?
Casi todos esos documentos de Word decían que se habían extralimitado las funciones de gestor de paz para convertirse en una especie de asesores y consejeros de los dirigentes de la guerrilla, sobre la base de que teníamos un trato cortés y una relación muy fluida con ellos no para respaldar o aconsejar sus acciones militares sino para plantearles la necesidad de buscar salidas pacíficas y políticas.
En ningún caso que yo conozca aparecen alusiones a que secuestren, tomen un pueblo o emprendan una acción guerrillera, porque toda la correspondencia que se estableció e incluso esos documentos –verídicos, inventados o modificados- en ningún caso muestran algo indebido.
¿Todos estos documentos y pruebas son falsos?
La Corte por supuesto que no niega la existencia de los computadores, como yo si lo hago, pero además de argumentar la ilegalidad del procedimiento para obtener estas pruebas manifiesta el que 24 horas después del hallazgo estuvieran circulando por los medios de comunicación los supuestos correos electrónicos. ¿Quién los distribuyó? Eso fue Santos y el general Naranjo.
¿No le preocupan las dudas que deja abiertas el proceso?
Existe un manto de duda que es fomentado por la gran prensa; pero eso es lo que se tendrá que resarcir a partir de la acción judicial y contenciosa administrativa para recuperar el buen nombre; incluso en el caso mío debí ser exonerado y no porque la fiscal no hubiera creído en la prueba sino teniéndola en cuenta, como también es el caso de Álvaro Leyva y Gloria Inés Ramírez, porque hasta ahora es que se reconoce la ilegalidad de la prueba.
Los organismos de inteligencia a lo mejor estarán preocupados y a lo mejor buscarán testigos fabricados y todo eso que han hecho y saben hacer muy bien pero ya esa es otra cosa que tendremos que enfrentar en el futuro porque no quedamos vacunados contra ese tipo de montajes.
¿Cómo queda el proceso de paz luego de este fallo?
Todo esto ayuda, y creo que es una coincidencia afortunada el hecho del reconocimiento del conflicto por parte del Gobierno, aunque con un lenguaje que todavía está permeado de bastante pugnacidad y confrontación. Pero si hay un conflicto, existen unos actores y unas causas de ese conflicto.
Hoy el país es más consciente de que es posible esa vía pacífica y democrática del conflicto colombiano, a diferencia de los últimos ocho años en que toda la clase dominante en general y una franja muy importante del país acompañaron una política de guerra y de solución militar, de manera que decisiones como esta son muy importantes.
¿Habrá también borrón y cuenta nueva en este caso?
Santos es heredero de la política de seguridad democrática, y como él mismo lo dice le debe mucho al señor Uribe Vélez, pero con mucho pragmatismo y realismo busca diferenciarse y marcar cierta distancia así sea en aspectos meramente formales, aunque en el fondo sea lo mismo porque meterle a una Ley de Víctimas que la guerrilla es terrorismo no tiene que ver con ese proyecto.
Hay sin embargo unos cambios que son interesantes y que permiten abrir ciertos espacios mínimos, pero tampoco debemos hacernos ilusiones sobre el que estemos en un replanteamiento de la política de los últimos ocho años, porque todavía falta mucho para eso.
