En el caso Pérez Becerra había otras opciones. ¿Por qué se escogió la peor?
Por: Gonzalo Gómez*Chávez tenía otras alternativas. La trampa del caso Pérez Becerra tenía posibles salidas dentro del respeto a los derechos humanos y del Derecho Internacional, en concordancia, al mismo tiempo, con los principios éticos reconocidos como comunes dentro del campo revolucionario. No hay que verlo simplemente como estar entre la espada y la pared; se podía entrompar el problema de frente, pero también se podía salir por los costados, sin quedar como Judas ni como Pilatos.
A menos que el problema no fuese solamente Pérez Becerra, sino un chantaje terrible, donde él no fuese más que el precio indecoroso del silencio o de la inhibición (siempre temporal) de los chantajistas (el gobierno colombiano y el imperialismo). ¿Tenía o tiene algo que ver con esto un presunto canje con la figura de Makled y sus presuntos secretos? ¿Con qué pistola apuntó el imperio a la sien del gobierno y qué exigió por condición para retirarla? (“por ahora”). Donde no hay transparencia solo se puede investigar o especular.
Está bien que el presidente Chávez vuelva a asumir la responsabilidad de sus acciones, como lo hizo el 4 de febrero de 1992; pero esta vez no por un acto glorioso, sino por no se sabe qué consideración o “razón de Estado” que no termina de aclarar a nuestro entendimiento y que no hay manera de encuadrar dentro de los principios ni de la lógica revolucionaria, ni en el marco de todos los referentes a los que podamos apelar: Principios y Programa del PSUV, Código de Ética Socialista, Proyecto Nacional Simón Bolívar, los Motores de la Revolución, las Tres Erres al Cuadrado, las Líneas Estratégicas, el llamado a la V Internacional… Pero tampoco la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni los tratados de DD.HH. y de Derecho Internacional, ni los acuerdos referentes al Asilo Diplomático…
Un Código Rojo de Interpol, suponiendo que la táctica del gobierno fuese que no lo pusieran en situación de desconocerlo, no es necesariamente un callejón sin salida ni obliga a responder de una sola manera. No entraremos aquí a evaluar qué es Interpol, quién lo controla y sobre qué se asienta o con qué fines, desde el punto de vista de la hegemonía global del sistema imperialista mundial. Los estados tienen la posibilidad de examinar soberanamente cualquier situación, interpretar y escoger sus opciones… Si no están presionados por otros condicionantes, explícitos o no explícitos. En el caso de JPB perdimos la soberanía y también la vergüenza.
Aún no se termina de saber si de verdad Joaquín Pérez Becerra estaba en la lista con Código Rojo de Interpol y cuándo exactamente se activó. Pero lo cierto es que el gobierno podría haber demorado un poquito la entrega, tomar en cuenta su estatus de ciudadano sueco, hacer consultas con el gobierno de Suecia, escuchar la opinión de otros sectores, sujetos sociales y políticos de esta “democracia participativa y protagónica” donde “manda el pueblo” y hay “poder popular”, valorar el carácter de comunicador alternativo que tenía el capturado junto con lo que representa internacionalmente, tomar en cuenta principios jurídicos como el de No Devolución, pensar en los costos políticos y riesgos para la unidad interna y la solidaridad internacional de nuestro proceso… Y no en solitario, como un Faraón en su corte, sino colectivamente con las fuerzas vivas de su pueblo, como cabeza de un proceso revolucionario socialista. Al menos hubiésemos asumido cualquier responsabilidad como resultado de consultas con organizaciones sociales y políticas de nuestro proceso revolucionario.
Pero había mucha prisa, demasiada prisa. Tanta que era “mejor” no darle tiempo a nada, como si se estuvieran contando los segundos para evitar el disparo de un arma asesina.
Más allá del principio de que una revolución no entrega revolucionarios: ¿Exploró el gobierno la opción de devolvérselo a Suecia y que éste país, donde había permanecido asilado y cuya nacionalidad adoptó, asumiese la responsabilidad definitiva sobre el destino de uno de sus ciudadanos? ¿Qué forzaba a Chávez a tener que entregárselo él mismo al gobierno terrorista de Estado que impera en Colombia? ¿No tenía JPB más garantías volviendo a Suecia, donde nunca lo habían apresado, que cayendo en las manos criminales del Estado narco-paraco colombiano? ¿Quedaba tan mal el gobierno venezolano, con no se sabe quién?
Las razones dadas por el gobierno y por nuestro presidente han sido muy flojas y muy poco convincentes. Pero además falta un toque de humildad y de respeto hacia la opinión y los sentimientos de los demás, en función del diálogo y de la unidad de todos los que damos la vida por el proceso revolucionario bolivariano. No basta con decir: “la responsabilidad es mía, quémenme a mí”, porque los revolucionarios no queremos quemar a Chávez ni a ningún cuadro importante de su gobierno, porque se les necesita íntegros y sólidos (no burocratizados y sin principios) para seguir conduciendo este proceso. No es un monigote ardiendo lo que puede quemar a Chávez; los graves errores políticos y los métodos extraviados nos queman a todos al mismo tiempo, queman a la revolución que estamos impulsando.
El gobierno se está inmolando. Está dilapidando un prestigio político de más de una década. Le está infiriendo una inmensa herida a franjas importantes del movimiento popular venezolano, al sentimiento de confianza, así como al símbolo que representa Venezuela para la causa de la revolución a escala mundial, a la gran simpatía que nos protege y nos defiende de las pretensiones imperiales. Eso nos hace más vulnerables.
No es sólo cosa del PCV, al que Chávez le reprochó haber apoyado a Caldera en su segundo gobierno (pero que apoya al gobierno de Chávez), ni de la despreciada “ultraizquierda” que sólo es buena para morir por Chávez en Puente Llaguno. Los movimientos sociales y progresistas, las organizaciones de izquierda que nos han defendido en todas partes han temblado de indignación.
Y lo peor de esta conducta y este costo político, es que no nos consideran dignos de saber por qué. Las “razones de Estado” no son para el pueblo y… por consiguiente, no nos atrevamos a opinar sobre cómo gobernar en el Socialismo del Siglo XXI.
O hay diálogo con el pueblo o este proceso entrará en una fase de gravísimas dificultades.
* Co-fundador de Aporrea.org
Co-editor del periódico Marea Socialista y de la revista Comuna
