PRESOS POLÍTICOS DEL TERRORISMO DE ESTADO:
LUNES 30 DE MAYO DE 2011
Contexto:
Colombia es amargo 'record' en presos políticos: con 7.500 presos y presas políticos enjaulados en deplorables condiciones sanitarias. La tortura es denunciada como una práctica sistemática en las instituciones carcelarias colombianas (OMCT). Al menos 7000 de estos 7.500 presos políticos son civiles encarcelados para callar sus voces: en un intento de desarticular los procesos de organización social, y de acallar al pensamiento crítico. Miles de sindicalistas, maestros, estudiantes, ambientalistas, documentalistas, académicos, agrónomos, campesinos, abogados, defensores de derechos humanos se encuentran así encarcelados, enfrentando montajes judiciales que se basan en "testigos" pagados por la policía política DAS para judicializarlos, o en "ordenadores mágicos". Este es el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán: un historiador y sociólogo, investigador y catedrático de la UNAM de México DF, que fue apresado y entregado de manera violatoria de sus más elementales derechos a las autoridades colombianas, y que en Colombia enfrenta desde hace más de dos años, un montaje judicial que pretende enterrar su pensamiento crítico en las cárceles colombianas. La judicialización de M.A. Beltrán pretende también lanzar un mensaje intimidatorio contra toda la comunidad académica y cercenar mediante el miedo al pensamiento crítico. El caso del profesor Miguel Ángel Beltrán es emblemático para una sociedad que lucha por el derecho a pensar; una sociedad colombiana en la que el simple hecho de pensar, de adelantar una investigación histórica y sociológica, es castigado con prisión (cuando no desaparición forzada) desde la represión estatal.
Violación al debido proceso
El proceso kafkiano de un inocente: catedrático Miguel Ángel Beltrán
El día 27 de mayo de 2011, en el proceso contra el catedrático Miguel Ángel Beltrán, la justicia colombiana negó la posibilidad de recibir como prueba de referencia el testimonio de un agente de inteligencia
mexicano, que trabajara como fuente para el Departamento Administrativo de Seguridad –Das- de Colombia.
Este agente de inteligencia mexicano fue encargado por el DAS de hacer trabajo de inteligencia contra la senadora Piedad Córdoba Ruiz en sus viajes por América Latina y en México contra el académico Miguel Ángel Beltrán y luego de su expulsión ilegal a Colombia el 22 de mayo de 2009 solicitado por sus presuntos nexos con las FARC EP
En el testimonio recibido en la sede de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, ante un observador de esta entidad y dos directivos de la Federación Internacional de Derechos Humanos –FIDH-, la persona de inteligencia al servicio del DAS, manifestó que luego de los intensivos seguimientos al profesor Beltrán, hizo un informe escrito para esta entidad en la que constató que este “no tiene ningún vínculo con las FARC ni con ninguna otra organización insurgente”. Preguntó entonces por qué seguía siendo perseguido en Colombia un inocente y se le respondió por parte de los directivos del DAS, que “era un trofeo para el presidente Uribe Vélez”.
La juez especializada citó al testigo para declarar en el consulado de Colombia en México quien se negó a comparecer por temer por “su vida e integridad personal”, lo que facultaba para recibir el testimonio
grabado como prueba de referencia solicitada por el abogado de la defensa, presentado por el Secretario General de la FIDH, Luis Guillermo Pérez Casas. La juez negó la prueba solicitada, atendiendo
la petición de los representantes de la Fiscalìa y la procuraduría, por cuanto no se habría demostrado la identificación del testigo, ni prueba alguna de las amenazas recibidas en su contra, pese a que se
entregaba el registro de audio de su declaración y el testimonio bajo juramento del abogado Pérez Casas que la había recibido.
Esta decisión viola de manera fragante los derechos constitucionales de Miguel Ángel Beltrán y de la sociedad colombiana a conocer la verdad de la persecución de que ha sido objeto. La prevalencia del
derecho substancial es una garantía constitucional del debido proceso, máxime cuando se trata no solamente de una arbitraria y prologada privación de la libertad que ya pasa de dos años, sino que se ha
acompañado de una condena anticipada ante los medios de comunicación.
En la convicción de estar ante un proceso sustentado en pruebas ilícitas, siempre admitidas y valoradas en diferentes escenarios judiciales y cuya exclusión solo fue viable mediante decisión reciente de la Corte Suprema –caso del ex congresista Wilson Borja-, en tanto, que a la defensa, bajo argumentos formales y en forma precaria sustentados, siempre se le ha denegado la posibilidad de allegar pruebas tendientes a ratificar la inocencia del profesor Miguel Ángel Beltrán. El CAJAR llama a la comunidad nacional e internacional a que se manifiesten por la libertad inmediata del Profesor Miguel Ángel Beltrán y por su absolución definitiva.
Contexto: Colombia es el país con el amargo "record" en presos políticos, con 7.500 personas encarceladas por su ideas, enjauladas bajo burdos montajes judiciales con ordenadores inventados, y "testigos" paramilitares pagados para "testificar" en contra de las personas que sufren estos montajes. Al menos 7000 de estos 7.500 presos políticos son civiles: estudiantes, sindicalistas, periodistas, académicos, artistas, abogados, defensores de DDHH, ambientalistas, documentalistas, líderes agrarios, sociólogos, médicos, campesinos, todo aquel o aquella que reivindique por justicia social.
Bogotá, mayo 22 de 2011. URGENTE.
NoticiasUno presentó la grabación de la declaración que dio un testigo encargado por el organismo de inteligencia colombiano DAS para hacerle seguimientos al Dr. Miguel Angel Beltrán Villegas y cuyos resultados fueron entregados en un informe en el cual se afirma que el profesor no tiene vínculos con la guerrilla ni en México ni en Colombia. A pesar de lo cual la respuesta que obtuvo del Estado colombiano fue que el Dr. Beltran Villegas era considerado un trofeo para los gobiernos de Colombia y México. Por este trabajo se pagaron entre $20 y $120 millones de pesos.
La fiscalía desestimó y ocultó este informe que certifica la inocencia de Miguel Angel Beltrán. Igualmente se filtró una información según la cual el Defensor del Pueblo colombiano reunió en esa oportunidad a sus asesores y les prohibió apoyar cualquier tipo de defensa en ese caso pues en oficio de la Presidencia de esa fecha se ordenaba no ayudar al académico que tildaban de terrorista. Se amenazó con destitución si alguien incumplía esa orden.
Cabe recordar que en esta fecha se cumplieron precisamente dos años de reclusión, actualmente en el Pabellón de Alta Seguridad de la Picota, del docente, a pesar de que en juicio los testigos de la policía aceptaron que manipularon los computadores obtenidos en la Operación Fénix y que ignoraban los protocolos de cadena de custodia.
Los medios de comunicación y las autoridades colombianas han asegurado públicamente que la Interpol certifica la cadena de custodia, sin embargo, no especifican que dicho organismo solo la ratifica desde el instante en que ellos recibieron el material probatorio, pero la manipulación y ruptura de cadena de custodia se dio antes de esa fecha.
A todo esto se suma que la Corte Suprema de Justicia colombiana profirió esta semana sentencia mediante la cual se deja constancia que dadas las irregularidades en la recolección y tratamiento de estas pruebas no podrán ser usadas en ningún proceso judicial. Decisión que ya había sido tomada por la justicia chilena.
También es muy significativo resaltar que en juicio la defensa logró demostrar que el documento prueba reina contra el Dr. Beltran no coincide con la ponencia publicada en una revista internacional, como quieren hacerlo aparecer por parte de la fiscalía y que es un montaje.
El antecedente similar funesto es el montaje hecho al sociologo y docente Alfredo Correa D´Andreis quien luego fue asesinado con la colaboración de organismos de seguridad del Estado, como lo aceptaron líderes paramilitares.
De otra parte, en Ciudad de México se declaró el 22 de mayo dia internacional del pensamiento crítico en honor al profesor Miguel Angel Beltrán Villegas.